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El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, admitió que el gobierno de Uruguay aceptó junto con Argentina pagar un monto superior a lo esperado por el dragado del canal Martín García, forzado por la postura del gobierno de Cristina Fernández
Con el ánimo de priorizar la relación con la Argentina y evitar enfrentamientos con el kirchnerismo, por pedido expreso del propio Mujica, Uruguay aceptó suspender una licitación para elegir la empresa a cargo de las obras y recontratar a la compañía propuesta por la Argentina, una firma holandesa que lo hace desde 1991. Otra compañía estaba dispuesta a asumir las tareas, con un costo varias veces inferior. Los trabajos de mantenimiento los venía haciendo la empresa Riovia con un contrato que venció en enero, a un precio de US$ 12 millones anuales. Uruguay quería hacer una licitación para el nuevo período y propuso en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) llamar a licitación y en el organismo llegaron a firmar una resolución, que fue transmitida a empresas interesadas. En la comisión binacional se supo que Riovia pretendía aumentar el monto anual y que otra compañía, Van Oord, estaba dispuesta a presentarse con un precio más bajo. La delegación argentina propuso evitar el llamado y renovar con Riovia, según los informes de la cancillería uruguaya, aunque ahora Almagro sostiene que fue una decisión conjunta. Van Oord transmitió por escrito a la CARP que estaba dispuesta a asumir las tareas por US$ 9 millones, pero su propuesta no fue considerada. Por su parte, Riovia propuso subir su precio anual de 12 millones a 19 millones de dólares, a lo que se opuso la delegación uruguaya, que transmitió que lo que se debía pagar era un máximo de 13 millones de dólares. En medio de esas conversaciones se dieron episodios confusos que trascendieron ahora, como un intento de coima por un millón de dólares, para que se firmara con Riovia. Pero el gobierno de Mujica dice que no existió tal intento de soborno. Finalmente, la CARP renovó el contrato con Riovia por US$ 15 millones. En una entrevista con El Observador, Almagro explicó que se aceptó pagar US$ 15 millones, cuando su país consideraba que no debía pagar más de US$ 13 millones, porque "de la negociación participan tres partes: la empresa, Uruguay y la Argentina". Ante una pregunta, respondió que Riovia pretendía más dinero: Yo le voy a responder con otra pregunta: "¿15 millones de dólares fue la propuesta original de la empresa? No, la aspiración de la empresa era bastante mayor". Así, Uruguay entendía que el precio máximo era US$ 13 millones, pero no pudo hacer valer su posición porque la delegación argentina presionó para que fuera más, y se fijó en US$ 15 millones por año. El reconocimiento del canciller se da luego de que medios uruguayos informaron sobre un intento de coimas de un ex vicecanciller argentino a funcionarios orientales por un millón de dólares para favorecer a la empresa holandesa. El gobierno aseguró que no hubo "intento de soborno", pero El Observador y la revista Caras y Caretas publicaron que la propuesta de "coima" fue documentada en un informe directo al canciller, y que éste avisó a Mujica. Fuentes del gobierno dijeron a LA NACION que no es la primera vez que un funcionario transmite problemas por negociaciones con la Argentina, pero que no hay pruebas documentadas del soborno. Habría ocurrido con trabajos en ríos compartidos y en áreas de energía. La Nación 
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