Echeverría pidió informes al Ministerio del Interior sobre los "arcos digitales" y el uso de tecnologías de vigilancia

El diputado busca conocer bajo qué marco legal operan estos sistemas, qué tecnologías emplean, cómo se gestionan los datos que recaban y qué garantías existen para proteger la privacidad de la ciudadanía. También presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.

El legislador nacionalista Diego Echeverría presentó un pedido de informes al Ministerio del Interior para que detalle el funcionamiento de los denominados "arcos digitales" instalados en espacios públicos y precise el marco legal que habilita su utilización, las tecnologías que incorporan y las garantías previstas para la protección de los datos personales.

En paralelo, el legislador promovió una solicitud de acceso a la información pública ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) para conocer si ese organismo fue consultado antes del despliegue de estos sistemas y cuál ha sido su actuación respecto a la implementación de estas herramientas de vigilancia.

En el pedido de informes, presentado al amparo del artículo 118 de la Constitución, Echeverría sostiene que la incorporación de tecnologías de vigilancia masiva y tratamiento automatizado de datos personales en la vía pública plantea interrogantes sobre el equilibrio entre las políticas de seguridad y la protección de derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad.

Entre los aspectos sobre los que solicita información figuran el fundamento legal y el acto administrativo que autorizó la instalación de los "arcos digitales"; las tecnologías efectivamente incorporadas —como reconocimiento facial, lectura automática de matrículas (LPR) y eventuales sistemas de rastreo o localización de dispositivos móviles—; la cantidad de equipos instalados, sus ubicaciones y la fecha de puesta en funcionamiento. También requiere conocer quiénes suministraron el equipamiento y el software, la modalidad de contratación y si existe participación de terceros en el procesamiento de datos.

Echeverría también pide precisiones sobre la finalidad del tratamiento de la información obtenida, las bases de datos en las que se almacena, los plazos de conservación, los procedimientos previstos para su eliminación, los organismos y funcionarios con acceso a esos registros, los mecanismos de auditoría y trazabilidad, las eventuales transferencias de información a terceros y las medidas de seguridad implementadas para proteger esos datos.

Asimismo, consulta si, antes de la puesta en funcionamiento de estos sistemas, se realizó una evaluación de impacto en materia de protección de datos personales y si la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales emitió informes o dictámenes sobre su implementación.

En la solicitud presentada ante la URCDP, Echeverría también procura establecer si el organismo tomó conocimiento del despliegue de los "arcos digitales", si las bases de datos vinculadas a estos sistemas están registradas y qué mecanismos de tutela tienen los ciudadanos para acceder, controlar o, en su caso, solicitar la supresión de la información eventualmente recopilada.

"Somos partidarios de la utilización de la tecnología para afrontar el delito y mejorar la seguridad pública, siendo conscientes de dos cosas: primero, que la tecnología debe responder a una estrategia y, segundo, que debe ser compatible con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos honestos. No puede aplicarse todo a todos, como si todo fuera igual", afirmó el diputado.

Echeverría agregó que este tipo de herramientas "deben operar como excepción y no como regla, circunscriptas a causas debidamente justificadas y nunca de forma generalizada e indiscriminada", y sostuvo que resulta necesario avanzar hacia un marco normativo específico para la vigilancia biométrica que contemple los estándares internacionales asumidos por Uruguay.