Echeverría propone incentivos para que el interior deje de perder profesionales y logre recuperarlos

El diputado nacionalista presentó un proyecto de ley para crear el Programa Nacional "Raíces", una política orientada a formar, retener, recuperar y atraer capital humano a las localidades con déficit de profesionales y técnicos. La iniciativa plantea beneficios para personas y empresas, prioriza las necesidades concretas de cada territorio y prevé que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) coordine su implementación junto con el Congreso de Intendentes.

Que una localidad del interior no consiga un médico especialista, un docente, un ingeniero o un técnico ya no sería solo un problema del mercado laboral, sino una situación en la que el Estado podría intervenir mediante una política específica de incentivos.

Ese es el objetivo del proyecto de ley que presentó el diputado Diego Echeverría, quien propone crear el Programa Nacional Raíces, una herramienta destinada a formar, retener, recuperar y atraer profesionales y trabajadores calificados hacia aquellos territorios del interior que acrediten carencias concretas de capital humano.

La iniciativa parte de una premisa que el legislador resume en una frase: "El lugar donde una persona nace o vive no puede seguir determinando su acceso a un médico especialista, a un docente o a un servicio calificado".

Pero el proyecto no propone una política uniforme para todo el interior del país. Por el contrario, plantea abandonar la lógica de distribuir beneficios por departamentos y sustituirla por un sistema que identifique necesidades reales en localidades, municipios, microrregiones o zonas específicas, de acuerdo con indicadores objetivos como la cobertura de servicios, la disponibilidad de recursos humanos, las vacantes persistentes, la evolución demográfica, la actividad productiva y la distancia respecto de centros especializados.

A partir de ese diagnóstico se determinarán también cuáles son los perfiles estratégicos que requiere cada territorio. El proyecto menciona, entre otros, especialidades médicas, enfermería, docencia, tecnologías de la información, ingeniería, oficios técnicos, atención social y gestión ambiental, aunque la lista podrá variar según las necesidades detectadas.

Formación, permanencia, retorno y radicación
La propuesta articula cuatro líneas de acción que buscan acompañar distintas etapas de la trayectoria de quienes desarrollan actividades calificadas.

Por un lado, prevé becas y apoyos para que residentes del interior puedan formarse en áreas consideradas estratégicas.

También incorpora incentivos destinados a retener a profesionales y técnicos que ya trabajan en esas localidades, una decisión que, según la exposición de motivos, procura evitar que las políticas de arraigo terminen premiando únicamente a quienes llegan y no a quienes han permanecido sosteniendo servicios esenciales durante años.

El proyecto incluye además mecanismos para facilitar el retorno de personas que tuvieron vínculos previos con determinada localidad y decidan volver a radicarse allí, así como apoyos para quienes, aun sin raíces en ese territorio, opten por trasladar efectivamente su residencia y actividad profesional hacia zonas donde sus capacidades sean requeridas.

Los beneficios podrán comprender apoyos para traslado e instalación, complementos temporales de arraigo, becas de formación, asistencia vinculada a responsabilidades de cuidado, orientación laboral y respaldo para emprendimientos, siempre dentro de límites fijados por la propia ley y sujetos a disponibilidad presupuestal.

Beneficios también para quienes contraten
Uno de los aspectos novedosos del proyecto es que incorpora incentivos dirigidos a las entidades privadas que contraten beneficiarios del programa.

La propuesta prevé una reducción de hasta el 75% de los aportes patronales durante los primeros dos años de la relación laboral, porcentaje que podría llegar al 100% en los territorios clasificados con mayor nivel de criticidad.

El texto establece, sin embargo, una serie de condiciones para acceder al beneficio, entre ellas estar al día con los organismos públicos, no sustituir trabajadores existentes ni utilizar el régimen para reducir artificialmente costos laborales.

Convocatorias públicas y evaluación
El Programa Nacional Raíces no funcionaría mediante asignaciones automáticas.

Los beneficios se adjudicarían a través de convocatorias públicas, con cupos, disponibilidad presupuestal y criterios de evaluación previamente definidos. Cada llamado deberá identificar los territorios alcanzados, los perfiles estratégicos priorizados, los montos disponibles y la matriz de puntuación que se aplicará para seleccionar a los beneficiarios.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto será la autoridad de aplicación del programa y actuará utilizando sus estructuras actuales, sin creación de nuevos cargos.

El Congreso de Intendentes participará en la definición de la estrategia nacional y en la coordinación con los gobiernos departamentales, que podrán colaborar en el relevamiento de necesidades territoriales, el acompañamiento de beneficiarios y el eventual cofinanciamiento de prestaciones mediante convenios.

Echeverría adelantó que presentará formalmente la iniciativa tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de Intendentes con el propósito de impulsar su discusión.

"Raíces apunta a que el interior pueda formar, cuidar y recuperar su propio capital humano, y a que quien elija quedarse o volver encuentre condiciones para hacerlo", afirmó el legislador.