Elecciones del BPS: la Lista 15 plantea cambios en el seguro de paro y cuestiona la actual representación de los trabajadores

La Dra. Lorena Roqueta, candidata al Directorio del Banco de Previsión Social para el orden de los trabajadores, y por el movimiento Hay Otro Camino, propone revisar las incompatibilidades que dejan sin cobertura a quienes pierden un empleo pero mantienen una actividad independiente. En el ciclo de entrevistas de Punta News y Canal 2 también abordó las dificultades de los trabajadores zafrales de Maldonado, explicó sus diferencias con la representación respaldada por el PIT-CNT y adelantó cuál será la primera medida que impulsará si resulta electa el 22 de noviembre.

Un trabajador tiene un empleo dependiente, realiza sus aportes y, además, mantiene un pequeño emprendimiento para complementar sus ingresos. Si pierde su principal fuente de ingresos, la existencia de esa segunda actividad puede impedirle acceder al subsidio por desempleo, aunque el dinero que obtiene de ella no le alcance para subsistir. Es una de las situaciones que Lorena Roqueta, candidata de la Lista 15 al Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), pretende modificar.

“Uno de los pilares fundamentales de nuestra campaña, de las propuestas, es no castigar a quien se anima a emprender”, afirmó la abogada y escribana durante la entrevista realizada por Laura do Carmo Iraola, en una nueva entrega del ciclo de Punta News y Canal 2.

Roqueta, que trabaja desde hace 20 años como asesora jurídica y notarial de la Intendencia de Colonia, visitó Maldonado este miércoles 21 como parte de una recorrida nacional para presentar su candidatura y recoger planteos de distintos sectores. Durante la conversación expuso una serie de cambios que considera necesarios en el funcionamiento del organismo, desde las condiciones de acceso a las prestaciones hasta la atención al público y el ejercicio de la representación de los trabajadores.

Sobre el seguro de desempleo, explicó que las incompatibilidades vigentes pueden afectar particularmente a quienes tienen empresas unipersonales o pequeños emprendimientos rurales y, simultáneamente, desarrollan una actividad dependiente.

Según señaló, la pérdida de este último empleo no siempre les permite acceder a la cobertura, pese a que hayan realizado los aportes correspondientes. Su propuesta apunta a revisar esa situación y evitar que una actividad complementaria termine dejando sin protección al trabajador cuando pierde su principal ingreso.

“La idea es que el trabajador crezca y las prestaciones estén para ayudarlo a salir adelante”, sostuvo. Para Roqueta, las normas deben contemplar las distintas formas de inserción laboral y no obligar a las personas a elegir entre mantener un emprendimiento y acceder a una prestación que necesitan.

Maldonado y la protección de los trabajadores zafrales
La realidad laboral de Maldonado ocupó un lugar destacado en la entrevista. La estacionalidad del turismo y la alternancia entre períodos de actividad y desempleo plantean dificultades particulares para los trabajadores, quienes no siempre logran reunir los requisitos necesarios para acceder al seguro de paro o mantener una historia laboral continua.

Roqueta sostuvo que el BPS debe ofrecer mayor previsibilidad a quienes dependen de empleos zafrales y eventuales, especialmente en lo relativo al acceso, la duración y el pago de las prestaciones.

Uno de sus principales cuestionamientos se centró en los tiempos de respuesta del organismo. Aseguró haber recogido situaciones en las que trabajadores con derecho al subsidio por desempleo deben esperar varios meses para comenzar a cobrarlo, aunque posteriormente reciban los importes de forma retroactiva.

Para la candidata, el reconocimiento posterior de esos pagos no compensa los perjuicios económicos que ocasiona la demora, porque las obligaciones de las familias continúan venciendo mientras permanecen sin ingresos.

“Hay cuentas que generan multas y recargos y el perjuicio está, y por una demora del BPS”, señaló.

También afirmó que, durante sus recorridas, ha recibido reclamos de trabajadores que esperaban acceder a seis meses de cobertura y terminaron recibiendo solo tres. Considera que esas situaciones reflejan la necesidad de garantizar información clara sobre los derechos y las condiciones de acceso a las prestaciones.

En el caso de Maldonado, la integración de su lista incorpora además a una figura de amplia trayectoria departamental. La Dra. Dina Fernández Chaves Ferraro ocupa el tercer lugar de suplentes y cuenta con amplios antecedentes como militante social, funcionaria municipal de carrera, expresidenta de ADEOM, exalcaldesa de Maldonado y exdirectora de Adquisiciones de la Intendencia.

“Estoy muy feliz de que Dina pueda acompañar; es parte fundamental de la lista”, manifestó Roqueta.

Explicó que Fernández Chaves tendrá una participación activa en el trabajo territorial que proyecta realizar junto con los demás integrantes de su equipo. La candidata sostuvo que la intención es aprovechar la experiencia de personas que ya vienen trabajando en distintos ámbitos sociales y laborales, sin concentrar toda la actividad de representación en quien resulte electo como titular.

Una alternativa a la representación respaldada por el PIT-CNT
Roqueta competirá por el cargo de trabajador con Carlos Clavijo, actual integrante del Directorio del BPS y candidato respaldado por el PIT-CNT. Las diferencias entre ambas candidaturas constituyeron otro de los ejes de la conversación, tanto por la metodología de trabajo que propone la Lista 15 como por los cuestionamientos a la independencia de la representación actual.

“Mi idea es generar un cambio en la representación desde el primer día”, afirmó.

La candidata plantea que el director y su equipo mantengan una presencia permanente en el interior, mediante recorridas, reuniones con trabajadores y organizaciones, y espacios de intercambio que permitan conocer las dificultades de cada departamento.

“No estar esperando que el trabajador se acerque a mi lugar de trabajo que es Montevideo”, expresó, al defender una representación que se traslade a los lugares donde surgen los problemas.

Roqueta sostuvo que el contacto con los trabajadores no debe limitarse a los períodos electorales, sino mantenerse durante los cinco años de gestión, con información sobre las decisiones que se adoptan y rendición de cuentas sobre los asuntos que se impulsan desde el Directorio.

La candidata relató que, en elecciones anteriores, ella misma tuvo dificultades para identificar a quienes aspiraban a representar a los trabajadores y para conocer sus propuestas. Considera que esa falta de información contribuye al desconocimiento de la importancia de una elección en la que el voto es obligatorio para los habilitados.

Sus críticas a la representación actual también se extendieron a la vinculación política y sindical. Roqueta cuestionó si esas relaciones pueden condicionar la capacidad de los representantes para señalar problemas de funcionamiento del organismo, especialmente cuando sus observaciones resultan incómodas para el gobierno.

“Cuando vos en realidad tenés un representante que no puede poner esta problemática porque queda mal el partido de gobierno en el que vos militás, es una representación que para mí no funciona”, afirmó.

En ese sentido, defendió que el representante de los trabajadores debe actuar con independencia de las estructuras partidarias y representar tanto a los afiliados a organizaciones sindicales como a quienes no pertenecen a ninguna.

La entrevista también permitió abordar su vinculación con José Pereyra, actual director del BPS por el orden empresarial, cuya metodología de trabajo territorial constituye una referencia para su candidatura.

Consultada sobre cómo garantizaría una representación independiente cuando existan intereses contrapuestos entre trabajadores y empresarios, explicó que su principal coincidencia con Pereyra es la forma de ejercer la función.

“La línea de trabajo que yo comparto con José es la misma que te explicaba, la representación cercana en todo el país”, señaló.

Roqueta también defendió la posibilidad de alcanzar acuerdos entre los representantes de los trabajadores, los empresarios y los jubilados para mejorar el sistema de seguridad social. A su entender, las diferencias entre sectores no deberían impedir la elaboración de políticas de gestión que permitan abordar problemas comunes.

Demoras, digitalización forzada y dificultades para acceder a las prestaciones
La atención del BPS es otra de las prioridades que Roqueta pretende llevar al Directorio.

La candidata explicó que su trabajo profesional y su participación en actividades sociales le han permitido conocer numerosas situaciones de personas que necesitan asesoramiento jurídico para iniciar un trámite, completarlo o obtener una respuesta del organismo.

Entre las dificultades que señaló, aparecen la saturación de las agendas, las demoras en la resolución de expedientes, las diferencias en la información proporcionada por los funcionarios y la centralización de gestiones que obliga a los usuarios del interior a trasladarse a Montevideo.

Según sostuvo, hay localidades donde la presencia del BPS depende de oficinas móviles que concurren periódicamente, lo que dificulta el acceso a la atención presencial y prolonga los tiempos necesarios para completar determinados procedimientos.

Roqueta propone establecer protocolos específicos para los trámites que presentan mayores dificultades, en particular las jubilaciones, los subsidios por desempleo y las prestaciones vinculadas a situaciones de enfermedad.

La intención, explicó, es simplificar los procedimientos, mejorar la información y establecer criterios de atención que no varíen según el departamento o la oficina en la que se realice la gestión.

Otro punto que cuestionó fue la digitalización obligatoria de los trámites, que puede convertirse en una barrera para personas mayores o para usuarios que no tienen acceso a internet o carecen de conocimientos suficientes para utilizar las herramientas disponibles.

“Nosotros estamos en contra de la digitalización forzada”, afirmó.

Aclaró que no se opone a los servicios en línea, sino a que sean la única alternativa para quienes necesitan realizar una gestión. Defendió, por tanto, la existencia de canales presenciales que permitan acceder a los mismos servicios sin depender exclusivamente de la tecnología.

También hizo una distinción entre las responsabilidades de los funcionarios y los problemas derivados de la organización administrativa. Relató situaciones en las que una persona no puede ser atendida sin cita previa, aunque haya personal disponible, y debe solicitar una cita para varios meses después.

“A veces lo que pasa es que no depende del funcionario”, explicó, al atribuir esas dificultades a procedimientos internos que considera necesario revisar.

Cuestionamientos al nuevo proyecto jubilatorio del gobierno
La candidata también expresó un fuerte rechazo a la iniciativa anunciada recientemente por el Poder Ejecutivo para habilitar una nueva causal jubilatoria desde los 60 años, con 30 años de servicios, manteniendo la edad normal de retiro en 65 años.

Roqueta cuestionó que la propuesta se presente como una mejora sustancial para los trabajadores y vinculó la oportunidad del anuncio con la proximidad de las elecciones del BPS.

“A mí me llama mucho la atención que a un mes de las elecciones [...] se crean proyectos mágicos”, afirmó.

La candidata sostuvo que el régimen vigente ya contempla la posibilidad de jubilarse a los 60 años para determinados trabajadores comprendidos en las disposiciones de transición de la reforma de 2023, por lo que considera que la iniciativa no incorpora los beneficios anunciados.

“Yo no le veo nada innovador a este proyecto”, manifestó.

También cuestionó las restricciones para continuar trabajando tras acceder a la nueva causal, así como los montos que podrían percibir quienes opten por un retiro anticipado. A su entender, la posibilidad de jubilarse antes pierde atractivo cuando los ingresos resultan insuficientes para cubrir los gastos cotidianos.

“Es como reírse de los trabajadores. A mí me indigna que se utilicen estos títulos a nivel nacional para engañar a la gente”, expresó.

Roqueta reclamó que el gobierno priorice mejoras en las prestaciones actuales y cuestionó que se anunciaran modificaciones cuyos efectos se verían en los próximos años. También criticó la actuación de la representación de los trabajadores ante la iniciativa y sostuvo que debería exigir mayor claridad sobre las consecuencias de la iniciativa.

“El gobierno nos está mintiendo, nos está tratando de ignorantes porque la mejoría yo no la veo en el proyecto que pusieron”, afirmó.

La primera medida que impulsaría si resulta electa
La entrevista concluyó con un compromiso concreto de gestión. Consultada sobre qué iniciativa presentaría en su primera sesión del Directorio si obtiene la representación de los trabajadores, Roqueta identificó un problema vinculado a las deudas antiguas que aparecen cuando algunas personas inician sus trámites jubilatorios.

“En la primera sesión lo que voy a proponer es que el BPS tenga una forma de prescribir deudas por oficio”, anunció.

Explicó que existen trabajadores que, años atrás, desarrollaron una actividad independiente o fueron titulares de una empresa unipersonal y que, al iniciar su jubilación, descubren obligaciones pendientes ante el organismo.

Según planteó, algunas de esas deudas podrían estar legalmente prescritas, pero las personas terminan firmando convenios de pago sin conocer sus derechos ni contar con el asesoramiento necesario para solicitar el reconocimiento de la prescripción.

Roqueta sostuvo que el BPS debería aplicar ese mecanismo cuando se cumplan las condiciones legales, sin que el interesado deba iniciar una gestión específica para obtenerlo.

“Lo que está prescripto está prescripto; lo que está vigente, sí, bueno, lo tendrás que convenir como toda la deuda”, expresó.

La candidata considera que esa medida evitaría diferencias entre quienes tienen recursos para acceder a asistencia jurídica y quienes desconocen la posibilidad de reclamar, y cuestionó que el organismo continúe percibiendo pagos por obligaciones que, según su interpretación, ya podrían estar prescritas.

Consultada sobre la cantidad de personas que podrían beneficiarse, reconoció que no dispone de una estimación del universo de personas afectadas. Sin embargo, aseguró que el problema se repite en las reuniones que mantiene con trabajadores durante sus recorridos por distintos departamentos.

Para Roqueta, el acceso a la prescripción de una deuda no debería depender de la posibilidad de contratar un abogado ni de iniciar una reclamación judicial. Y sostuvo que impulsar su aplicación de oficio será la primera propuesta que llevará al Directorio si resulta electa el próximo 22 de noviembre.



La entrevista completa con la Dra. Lorena Roqueta se puede ver en la sección Entrevistas de Punta News y en el canal de Youtube.