Más Barrio en San Antonio: Echeverría reclama al gobierno el detalle de obras, presupuesto y despliegue policial

Tres pedidos de informes dirigidos a Presidencia, Vivienda e Interior buscan conocer la delimitación exacta de la intervención, las obras y las soluciones habitacionales previstas, cuánto se invertirá específicamente en Maldonado y qué datos delictivos determinaron la selección del territorio. Punta News informó en abril que el programa se concentrará en el barrio San Antonio, una de las cinco zonas seleccionadas en todo el país para la primera etapa del plan.

El componente de seguridad reúne algunas de las preguntas de mayor alcance. El diputado nacionalista Diego Echeverría pidió al Ministerio del Interior que informe qué datos sobre homicidios, personas heridas con armas de fuego o con armas blancas y otros delitos violentos fueron considerados para seleccionar la zona de Maldonado, así como el peso que tuvieron las rapiñas, copamientos, lesiones graves, bocas de venta de estupefacientes, domicilios vinculados a personas indagadas y la eventual presencia de organizaciones o grupos criminales.

Los requerimientos forman parte de tres pedidos de informes coordinados, dirigidos a la Secretaría de la Presidencia, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Ministerio del Interior. Buscan obtener el detalle territorial, presupuestal, habitacional y de seguridad de la implementación de Más Barrio en Maldonado, junto con la documentación que utilizó el gobierno para diseñar y ejecutar el programa.

Ante Interior, Echeverría reclama que se identifiquen la línea de base en materia de seguridad, los indicadores con los que se medirán los resultados y las metas concretas previstas, incluida la eventual fijación de objetivos para reducir homicidios, personas heridas por armas de fuego, rapiñas u otros delitos.

El planteo alcanza al dispositivo que se desplegará en el territorio: si aumentará o se modificará el patrullaje, si habrá presencia policial permanente, Policía Comunitaria, Policiamiento Orientado a Problemas u otros mecanismos de prevención y control; si se proyecta instalar o ampliar sistemas de videovigilancia; cuál es la dotación policial que trabaja actualmente en la zona y si se incorporarán efectivos, vehículos, equipamiento u otros recursos.

Otro capítulo apunta a determinar si Interior elaboró un diagnóstico específico sobre organizaciones criminales, mercados ilegales o puntos de comercialización de drogas presentes en el área y qué estrategia prevé para evitar que esas estructuras condicionen las restantes intervenciones del Estado. En ese marco, el diputado pregunta qué papel tendrá la Jefatura de Policía de Maldonado y de qué manera se articulará la actuación policial con las obras de vivienda, infraestructura y recuperación de espacios públicos.

El trasfondo de esas preguntas ya había sido abordado por Punta News. En octubre de 2025, este medio informó que el Ministerio del Interior había entregado a Vivienda un “mapeo” de la realidad delictiva por barrios y departamentos y que la selección de los territorios de Más Barrio se basaba en variables sociodemográficas, necesidades básicas insatisfechas y datos de criminalidad. En aquel momento, las autoridades ubicaban “áreas críticas de Maldonado” entre las incluidas en el programa.

En marzo, al analizar las 357 páginas de la Estrategia Nacional de Seguridad, Punta News constató que Maldonado tenía una única referencia específica en todo el documento: su incorporación a Más Barrio. Las restantes medidas aparecían formuladas en términos generales, sin una bajada territorial concreta para el departamento.

La cobertura posterior permitió precisar otro dato central: el territorio elegido en Maldonado es el barrio San Antonio. Aunque los pedidos de Echeverría incluyen la identificación de la zona o polígono seleccionado, lo que aún reclama en ese punto es su delimitación exacta, los fundamentos de la selección, los indicadores utilizados y la documentación que permita establecer qué área quedará efectivamente comprendida por la intervención.

Viviendas, calles, saneamiento y beneficiarios
Al MVOT, Echeverría le requiere un diagnóstico habitacional que detalle la cantidad de habitantes, hogares y viviendas comprendidos, los déficits existentes, las situaciones de hacinamiento, la precariedad constructiva, la irregularidad en la tenencia y las carencias de acceso a servicios básicos. El organismo deberá precisar, según el pedido, los límites del territorio mediante un plano, cartografía o documentación equivalente.

El requerimiento apunta luego a las intervenciones concretas: qué obras se realizarán y dónde, desde la pavimentación o reparación de calles y veredas hasta la apertura o modificación de vías de circulación, la iluminación, el drenaje, el saneamiento, la recuperación o la construcción de espacios públicos y equipamientos comunitarios.

El desglose reclamado llega hasta el nivel de cada actuación. Echeverría solicita la ubicación, la descripción, el organismo ejecutor, el costo estimado, la fuente de financiamiento, el estado del proyecto, la fecha prevista de inicio y el plazo de culminación.

En vivienda, busca establecer cuántos hogares se alcanzarán y mediante qué soluciones: mejoramientos de viviendas existentes, nuevas unidades, regularizaciones, relocalizaciones u otras modalidades. El pedido incluye los criterios de selección de los beneficiarios y la existencia, o no, de un relevamiento o padrón preliminar.

Las líneas generales de ese componente ya eran conocidas. Para San Antonio se habían anunciado herramientas que podrían incluir mejoras habitacionales y de realojo, alumbrado público, calles, recuperación de espacios públicos, fortalecimiento de espacios comunitarios, microcréditos y videovigilancia. Lo que Echeverría pretende ahora es traducir ese diseño en proyectos definidos, con cantidades, ubicaciones, beneficiarios, costos y fechas concretas para Maldonado.

En materia de ejecución, requiere el cronograma de las intervenciones correspondientes al MVOT entre 2026 y 2029, el presupuesto discriminado por proyecto, componente, ejercicio y fuente de financiamiento, así como las licitaciones, llamados, contrataciones o convenios iniciados o previstos.

La relación con los gobiernos locales ocupa un apartado propio del escrito. Se pide identificar las reuniones mantenidas con la Intendencia de Maldonado y los municipios involucrados, las actuaciones acordadas, las obras que asumiría cada organismo y los recursos eventualmente comprometidos. Echeverría quiere saber, a su vez, si ya está conformado el equipo técnico territorial, cómo participarán los vecinos y las organizaciones sociales, y si existen otras zonas del departamento previstas para etapas posteriores del programa.

Cuánto de los recursos llegará a Maldonado
El pedido dirigido a la Presidencia pone el foco en el costo de la intervención y en la estructura general de Más Barrio.

La cobertura de Punta News de abril ya había establecido que el programa prevé una inversión de US$ 250 millones durante el quinquenio, de los cuales US$ 50 millones corresponden a la primera fase, integrada por cinco zonas del país. El relevamiento oficial identificó, a su vez, 21 territorios para abordar progresivamente.

Por tanto, la cuestión que plantea ahora Echeverría no es la existencia de esos recursos, sino cuánto se destinará concretamente a Maldonado, cómo se distribuirá entre obras y componentes y cuál será el costo total de la intervención prevista.

Respecto de la línea de financiamiento con CAF por hasta US$ 250 millones, el legislador reclama conocer el monto efectivamente aprobado, las condiciones generales, el estado del procedimiento para su disponibilidad y desembolso, las contrapartidas nacionales requeridas y el destino de los fondos. Para Maldonado, se exige precisar qué monto se proyecta asignar y en qué obras, proyectos o componentes se utilizará.

El requerimiento a Presidencia alcanza igualmente a la arquitectura institucional del programa. Echeverría pide identificar los actos administrativos que aprobaron su creación y su funcionamiento, cómo se integra la gobernanza, quién tiene a cargo la coordinación, qué funcionarios están asignados a Más Barrio y bajo qué vínculo laboral. Solicita, además, el detalle de las reuniones interinstitucionales realizadas, las decisiones adoptadas y las actas o registros correspondientes.

Para Maldonado, reclama el plan integral que articule vivienda y hábitat, infraestructura y espacio público, seguridad y convivencia, participación comunitaria y políticas sociales; los organismos nacionales que intervendrán y los compromisos concretos asumidos por cada uno; la coordinación mantenida con la Intendencia y los municipios; y un cronograma que identifique responsables y fechas estimadas de inicio y de culminación.

Los tres escritos se cierran en un punto común: el acceso a la documentación que respalda el diseño y la implementación de Más Barrio. Al MVOT se le requieren informes técnicos, diagnósticos, planos, proyectos, cronogramas, convenios y resoluciones. A Interior, informes, diagnósticos, planes, protocolos y antecedentes de su participación, excepto la información cuya reserva tenga fundamento legal. A la Presidencia se le reclaman el Documento Marco definitivo del programa, los instrumentos de planificación y gobernanza, los criterios de selección de los territorios, los convenios de financiamiento, las matrices de metas e indicadores y las actas de coordinación.