Orsi revocó la rebaja de la sanción a la anestesista del caso Barrera y el diputado Casaretto exige la renuncia de Lustemberg

El presidente restableció los cinco años de inhabilitación profesional para Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. El diputado por Maldonado, que durante meses cuestionó la actuación del Ministerio de Salud Pública y reclamó explicaciones en el Parlamento, respaldó la resolución presidencial, pero sostuvo que la ministra quedó desautorizada y que debe abandonar el cargo.

La decisión del presidente Yamandú Orsi de dejar sin efecto la rebaja de la sanción impuesta a la anestesista Inés Miralles abrió un nuevo frente político para la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. El diputado nacionalista por Maldonado, Federico Casaretto, uno de los legisladores que más insistió en cuestionar la actuación ministerial en este caso, celebró la intervención presidencial, pero exigió la renuncia de la secretaria de Estado y de los integrantes de su equipo responsables de esa resolución.

«Bien Orsi. Lustemberg se tiene que ir», expresó Casaretto en su cuenta de X. El legislador recordó que tres meses atrás había solicitado al presidente, junto con José Luis Satdjian y Amin Niffouri, que interviniera para revertir la reducción de la inhabilitación y sostuvo que la nueva decisión constituye una desautorización de la ministra.

Orsi hizo lugar al recurso de revocación presentado por la madre de Soledad Barrera, la pediatra fallecida como consecuencia de las complicaciones sufridas durante una intervención quirúrgica en octubre de 2023. La resolución, fechada este martes 10 de noviembre y firmada también por Lustemberg, deja sin efecto la decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) del 1.º de octubre de 2025, que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación de Miralles.

El documento confirma «en todos sus términos» la Resolución N.º 10/2024 de la Comisión de Salud Pública, del 3 de diciembre de 2024, que había establecido originalmente una sanción de cinco años.

La rectificación se produjo tras una nueva evaluación jurídica del caso, que incorporó antecedentes posteriores a la decisión ministerial, entre ellos la condena penal dictada contra Miralles en diciembre de 2025.

Casaretto: «Hoy queda una ministra absolutamente deslegitimada»
En declaraciones a Canal 5, el diputado blanco cuestionó especialmente que Lustemberg hubiera defendido durante meses una resolución que ahora el Poder Ejecutivo revocó.

«Apoyamos la resolución del presidente. En segundo lugar, la pregunta es cómo queda hoy la ministra que acaba de ser desautorizada después de tantos meses de defender una decisión que no tenía ningún sentido», afirmó.

Casaretto recordó las comparecencias de la secretaria de Estado ante ambas cámaras del Parlamento y sostuvo que, durante ellas, recibió información y argumentos suficientes para mantener la sanción original.

«Varias veces vino al Parlamento, cámaras de senadores, cámaras de diputados, se le brindaron todos los argumentos y la información durante todo este tiempo, nunca los escuchó», manifestó.

El legislador rechazó, además, que el cambio de criterio pudiera justificarse por la aparición de nuevos antecedentes. «No hay ningún nuevo elemento. Son las mismas cosas que aquí se le dijo», aseguró.

Su cuestionamiento también apuntó a las consecuencias que considera irreversibles de la actuación ministerial: el sufrimiento de la familia de Barrera durante los meses en que reclamó la restitución de la sanción y la renuncia de once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que habían discrepado con la reducción de la inhabilitación.

«¿Quién soluciona esas cosas? Entonces, hoy queda una ministra absolutamente deslegitimada», concluyó.

En su publicación en X, Casaretto profundizó en esa posición y afirmó que no basta con rectificar la sanción. Cuestionó que Lustemberg, por su formación médica y su experiencia en la administración de servicios de salud, no hubiera previsto las consecuencias de su decisión.

También vinculó el episodio con la controversia por el multiempleo del presidente de ASSE, Álvaro Danza, como otro antecedente de decisiones ministeriales que considera equivocadas.

«Lo del principio. Bien Orsi. Quedamos a la espera del alejamiento de la ministra», cerró su mensaje.

Los fundamentos de la resolución presidencial
La reconsideración de la sanción se apoyó en un informe de la División de Servicios Jurídicos del MSP, fechado el 28 de octubre y firmado por su director, Martín Esposto. El documento recomendó restablecer los cinco años de inhabilitación y mantener la exigencia de que Miralles sea reevaluado por la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República antes del vencimiento del plazo.

Según la documentación difundida por Subrayado y Búsqueda, la nueva evaluación incorporó antecedentes de las actuaciones judiciales, pericias médicas y una investigación administrativa de la institución donde ocurrió el episodio.

Entre esos elementos figura un informe del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, remitido a la Fiscalía, que consideró inapropiada la extubación de la paciente en sala de operaciones y señaló que no había claridad sobre quién había quedado a cargo del control anestésico durante la ausencia de Miralles del quirófano. Tampoco fue posible determinar con precisión cuánto tiempo permaneció fuera de la sala, debido a contradicciones entre los testimonios y la documentación.

El informe concluyó que hubo un apartamiento de la conducta esperada de un especialista en anestesiología y consideró que los hechos examinados pudieron influir en el desenlace de la paciente.

La resolución presidencial recogió, además, cuestionamientos sobre la fundamentación de la rebaja dispuesta en 2025. Señaló que aquella decisión no había identificado circunstancias atenuantes en la conducta de Miralles ni desarrollado suficientemente las razones para apartarse de los cinco años establecidos por la Comisión de Salud Pública.

En su recurso, la madre de Barrera había alegado que se incurrió en «exceso de poder» y que «la gravedad de los hechos no admiten reducción alguna». La revisión jurídica consideró que la nueva prueba justificaba reconsiderar la sanción, aunque sostuvo que la resolución ministerial anterior había sido dictada conforme a derecho con los elementos disponibles en aquel momento.

El informe también reconoció que la madre de la pediatra no había tenido vista ni notificación de la resolución que disminuyó la inhabilitación, por lo que correspondía admitir su recurso y valorar los antecedentes incorporados.

Según informó El País, tras recibir el pronunciamiento de los servicios jurídicos del MSP, Orsi solicitó asesoramiento a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), cuyas conclusiones también se consideraron para adoptar la resolución definitiva.

Meses de cuestionamientos a la actuación ministerial
La intervención de Casaretto en este caso comenzó mucho antes de la resolución presidencial. Sus planteos se centraron tanto en los fundamentos de la reducción de la inhabilitación como en las explicaciones que, según denunció, el ministerio no proporcionó al Parlamento.

El 16 de junio, tras una comparecencia de Lustemberg ante la Comisión de Salud Pública del Senado, el diputado sostuvo que seguía sin conocerse la razón por la cual la ministra había reducido una sanción que la Comisión Honoraria había establecido por unanimidad.

«Todo va hacia la condena de una profesional que tuvo una mala praxis, excepto la ministra», expresó entonces, al contrastar la decisión ministerial con la condena judicial, la destitución de Miralles del Hospital Militar y el pronunciamiento original de la Comisión Honoraria.

Casaretto también cuestionó que el MSP no hubiera comparecido en tiempo y forma ante una instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo relacionada con el recurso presentado por la anestesista contra su sanción. Según advirtió, aquella omisión podía comprometer incluso la vigencia de la inhabilitación.

En esa oportunidad compartió el planteo del senador Martín Lema sobre la pérdida de confianza en la gestión de Lustemberg y anunció que legisladores nacionalistas evaluarían nuevas medidas.

Los cuestionamientos continuaron en setiembre, cuando Casaretto denunció que la ministra no había entregado un informe jurídico que, según sostuvo, se había comprometido a proporcionar para fundamentar la reducción de cinco a tres años.

Durante una nueva comparecencia parlamentaria, el diputado reiteró en tres ocasiones su solicitud sin obtener respuesta y anunció que recurriría a la Ley de Acceso a la Información Pública para obtener el expediente.

«Le sigue faltando el respeto al Parlamento», sostuvo entonces.

Esos antecedentes muestran por qué Casaretto considera que el cambio de criterio del Poder Ejecutivo no resuelve el conflicto político. Su reclamo de renuncia se sustenta tanto en la decisión administrativa que ahora quedó sin efecto como en las explicaciones brindadas durante meses por Lustemberg y en las consecuencias institucionales que le atribuye.

El oficialismo rechaza el pedido de renuncia
Desde el Frente Amplio, el diputado Federico Preve defendió los fundamentos de la nueva resolución y rechazó que el cambio de criterio justificara exigir el alejamiento de Lustemberg.

En declaraciones a Canal 5, explicó que el recurso presentado por la familia incorporó información que permitió reconsiderar la sanción.

«Acá hubo primero un fallo judicial en medio del proceso y también nueva información aportada por el recurso administrativo a nivel de Salud Pública y de Presidencia, que interpuso la familia de Barrera», señaló.

La condena penal de Miralles, dictada el 18 de diciembre de 2025, fue efectivamente posterior a la resolución ministerial del 1.º de octubre de ese año y figura entre los nuevos elementos considerados por el Poder Ejecutivo. Esa cronología no resuelve los cuestionamientos de Casaretto sobre las advertencias previas, pero permite distinguir los antecedentes disponibles cuando se redujo la sanción de los examinados para restablecerla.

Consultado sobre el pedido de renuncia, Preve afirmó que la oposición tiene derecho a formularlo, pero cuestionó su reiteración contra distintos integrantes del gabinete.

"Creo que el pedido de renuncia de la oposición está en el derecho de hacer, pero bueno, creo que no conduce a nada si solicitan la renuncia del Ministerio de Trabajo una semana, del Ministerio de Interior otra semana, del Ministerio de Salud Pública otra semana", expresó.

Por su parte, Lustemberg sostuvo, en declaraciones a Búsqueda, que la nueva resolución fue acordada con Orsi. "Lo acordamos con el presidente", afirmó.

Fuentes del MSP también señalaron que la reconsideración se debió a las conclusiones del informe elaborado por la propia división Jurídica de la cartera.

La firma de ambos jerarcas en el documento presidencial y las explicaciones sobre el nuevo asesoramiento jurídico contrastan con la interpretación de Casaretto, que considera la revocación una desautorización política de la ministra.

Una muerte, una condena y el reclamo de la familia
Soledad Barrera, pediatra de 41 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante una cirugía de vesícula realizada el 26 de octubre de 2023 en el Seguro Médico Integral (SMI). La intervención le provocó un daño neurológico severo e irreversible y falleció en agosto de 2024.

En diciembre de 2025, la Justicia condenó a Miralles por homicidio culposo mediante un proceso abreviado. Paralelamente al proceso penal se desarrollaron las actuaciones administrativas que determinaron su inhabilitación profesional.

La reducción de la sanción provocó el rechazo de los familiares de Barrera, quienes reclamaron que se respetara la decisión original de la Comisión de Salud Pública. En julio de este año, su madre, Rosario Barrera, presentó el recurso de revocación que finalmente fue admitido por el Poder Ejecutivo.

Tras conocerse la resolución de Orsi, la familia informó a El País que aún no había recibido la notificación oficial y que se había enterado de la decisión a través de la prensa.

"Contenta no estaba; al menos el presidente se puso la mano en el corazón y comprendió después de tantos reclamos", expresó Rosario Barrera, quien dejó claro que continuará con sus gestiones: "Yo voy a seguir adelante".

La restitución de los cinco años de inhabilitación constituye una respuesta al reclamo que la familia mantuvo durante más de un año. También devuelve la vigencia a la sanción que había establecido la Comisión de Salud Pública antes de la intervención de Lustemberg, aunque no restituye la integración de aquel órgano honorario, afectado por la renuncia de once de sus integrantes.

El conflicto administrativo queda resuelto en cuanto a la revocación de la rebaja y la confirmación de la sanción original. La controversia sobre la responsabilidad política de Lustemberg, en cambio, permanece abierta: mientras el gobierno sostiene que la revisión respondió a nuevos antecedentes jurídicos, Casaretto exige que la ministra asuma las consecuencias de una decisión que defendió durante meses y que ahora quedó sin efecto por una resolución presidencial.





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