Con respaldo de los partidos, la Junta votará hoy la sanción definitiva de la modificación presupuestal

La Junta Departamental resolverá este viernes, en sesión extraordinaria a partir de las 19:00, la sanción definitiva de la modificación presupuestal 2027-2030. Punta News accedió al informe de la Comisión de Presupuesto, que propone aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas y realizar ajustes vinculados a garantías financieras, obligaciones pendientes y clasificación de créditos, además de modificar disposiciones del decreto y sus anexos. Las reasignaciones acordadas en setiembre se mantienen y fuentes del Legislativo anticipan que la propuesta contará con los votos de los tres partidos.

El expediente 475/2026, correspondiente a la modificación presupuestal 2027-2030 del gobierno de Miguel Abella, volverá este viernes al plenario de la Junta Departamental de Maldonado después de que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) emitió su dictamen constitucional. La Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones propone sancionar definitivamente el decreto aprobado en setiembre, con correcciones puntuales en su articulado y anexos, así como otras adecuaciones que deberán realizarse por la Intendencia.

Según fuentes de la Junta consultadas por Punta News, el Frente Amplio no suscribió el informe elaborado este jueves por la comisión ni presentó un documento propio, pero sus ediles acompañarán la propuesta en la sesión extraordinaria. De confirmarse ese respaldo, la sanción definitiva volverá a contar con los votos de los tres partidos representados en el Legislativo departamental.

En la votación del 9 de setiembre, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad de los 31 ediles, aunque sus disposiciones particulares obtuvieron mayorías distintas. En aquella instancia existieron informes separados: uno en mayoría, suscrito por el Partido Nacional y el Partido Colorado, y otro en minoría, presentado por el Frente Amplio, que acompañó la iniciativa en general, pero mantuvo diferencias respecto de parte de su contenido.

La sesión extraordinaria comenzará a las 19:00, con 30 minutos de tolerancia, y podrá extenderse hasta la medianoche. El único asunto del orden del día será el proyecto de modificación presupuestal, que regirá para los ejercicios 2027 a 2030 y cuya sanción definitiva permitirá completar la etapa legislativa posterior al pronunciamiento del organismo de contralor.

Qué observó el Tribunal de Cuentas y cómo propone resolverlo la Junta
El Tribunal de Cuentas emitió el miércoles 21 de octubre la Resolución N.º 3039/2026, en la que concluyó que el proyecto de modificación presupuestal "ha sido preparado en forma razonable, de acuerdo con los supuestos efectuados por el Organismo".

También consideró que la iniciativa fue presentada de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Sin embargo, formuló observaciones en seis numerales de su dictamen e incluyó otras consideraciones que deberán tomarse en cuenta durante el proceso.

El informe de la comisión, de cinco páginas, propone aceptar expresamente esas observaciones y establecer las medidas necesarias para atenderlas, de acuerdo con la Ordenanza N.º 71 del Tribunal de Cuentas.

La resolución que se someterá a votación instruirá al Ejecutivo departamental a realizar correcciones, reasignaciones, ampliaciones de información, incorporación de documentos y, cuando corresponda, a realizar economías presupuestales.

Uno de los puntos relevantes se refiere a una diferencia de $39.203.200 asociada a una garantía contingente. Según la explicación recogida por la comisión, el desajuste responde a la utilización de diferentes unidades monetarias en los cálculos, dólares y unidades indexadas. El informe sostiene que ese importe ya está contemplado en el rubro de intereses y que, por tanto, corresponde efectuar el ajuste pertinente en las planillas presupuestales.

Otro aspecto observado se refiere a las obligaciones presupuestales impagas (OPI). La comisión señala que el dictamen del TCR hace referencia a obligaciones existentes al 31 de diciembre de 2025, mientras que la modificación presupuestal entrará en vigencia el 1.º de enero de 2027.

En ese sentido, afirma que las obligaciones correspondientes al cierre de 2025 ya fueron pagadas y que las previstas al 31 de diciembre de 2026, por $413.189.832, están incluidas en el Anexo II, en el renglón "Saldo Anterior".

La precisión resulta relevante porque ese monto no constituye, por sí mismo, una nueva obligación derivada de la modificación presupuestal. El planteo de la comisión se centra en el período al que corresponden las obligaciones y en su registro en la información financiera del proyecto.

El dictamen también aborda la previsión destinada a los retiros incentivados de los funcionarios. La comisión explica que el cálculo presupuestal se realizó con base en antecedentes históricos y establece que, si el gasto supera lo previsto, el incremento deberá financiarse mediante economías y adecuarse en la siguiente instancia presupuestal.

El documento propone, por tanto, aceptar los reparos del Tribunal, introducir algunas rectificaciones en el propio decreto y encomendar otras a la Intendencia. La sanción definitiva no implicará que todas las observaciones queden automáticamente subsanadas, sino que se establecerán las medidas para su cumplimiento.

Una corrección sobre los recursos registrados para viviendas
Entre los ajustes identificados figura una precisión sobre los créditos presupuestales registrados bajo el objeto "Viviendas".

La comisión establece expresamente que en ese objeto no está prevista la construcción de viviendas y explica que los recursos allí asignados corresponden, en realidad, al pago de jornales y otras infraestructuras.

Por ese motivo, propone trasladarlos al objeto presupuestal "Otras Edificaciones", de modo que puedan aplicarse a la clasificación correspondiente.

La aclaración distingue el destino efectivo de esos créditos de la denominación con la que figuraban en el presupuesto. No supone, por sí sola, la eliminación de otras políticas departamentales de vivienda, sino una reclasificación específica derivada de las observaciones del Tribunal.

El informe también dispone reasignaciones técnicas de $25 anuales en cada uno de los cuatro objetos presupuestales vinculados a retribuciones, que pasarán al rubro "Otras retribuciones".

Las reasignaciones que se mantienen: más de $40 millones anuales
Además de las correcciones derivadas del dictamen del TCR, el informe mantiene las reasignaciones de recursos incorporadas durante el tratamiento legislativo de setiembre.

Se trata de siete movimientos presupuestales que, en conjunto, suman $40.845.700 anuales y cuya distribución deberá quedar reflejada en los anexos definitivos. No son partidas nuevas surgidas del informe del 22 de octubre, sino disposiciones ya incluidas en el decreto votado en setiembre y que se conservarán en su sanción definitiva.

Entre los destinos previstos se encuentra un refuerzo anual de $2.400.000 para políticas alimentarias, mediante el traslado de recursos desde el Departamento de Planeamiento y Presupuesto al Departamento de Desarrollo e Integración Social.

Las modificaciones responden a una redistribución de créditos entre distintas áreas de la administración, con destinos definidos durante la negociación presupuestal entre las bancadas.

Boleto Dorado, Presupuesto Participativo y fortalecimiento de áreas técnicas
El texto que se someterá a votación mantiene una partida anual de $10 millones para financiar el Boleto Dorado Departamental, un beneficio de gratuidad en el transporte colectivo departamental para personas mayores de 70 años que acrediten su residencia en Maldonado.

Los recursos se reasignan desde el programa Plataformas al Departamento de Movilidad. El régimen previsto contempla compensaciones económicas para las empresas transportistas y los costos administrativos derivados de su ejecución, mientras que su funcionamiento concreto dependerá de la reglamentación de la Intendencia.

Otra partida de $10 millones anuales reforzará el Presupuesto Participativo. El informe mantiene expresamente el criterio de distribución establecido en el artículo 13 del decreto, de modo que los recursos adicionales se distribuyan entre todos los programas comprendidos en ese régimen.

La reasignación proviene de créditos de otros servicios no personales del Departamento de Planeamiento y Presupuesto y se agrega a los recursos contemplados para el programa durante el período 2027-2030.

Asimismo, se mantiene un incremento de $3.500.000 anuales para el Departamento de Gestión Territorial, destinado a fortalecer sus capacidades técnicas mediante la contratación de servicios profesionales y técnicos. El financiamiento proviene de créditos del área de Planeamiento y Presupuesto originalmente previstos para estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad.

El crematorio de Maldonado y el camión barométrico para La Capuera
El informe también conserva dos asignaciones específicas correspondientes a distintos ejercicios presupuestales.

Para 2027 se mantienen $5 millones destinados a financiar un camión barométrico que prestará servicios en la zona de La Capuera. Los recursos provendrán del rubro de Publicidad del programa del intendente y se transferirán a créditos para maquinaria y equipos del Departamento de Obras Públicas.

La otra inversión corresponde a la construcción de un horno crematorio en la Necrópolis de Maldonado, para la cual se prevén $20 millones en 2029.

En este caso, la partida se reasigna de los recursos destinados a otros servicios no personales del programa del intendente al programa de obras correspondiente al Departamento de Planeamiento y Presupuesto.

Las dos asignaciones forman parte de los acuerdos alcanzados en setiembre. El informe las mantiene sin modificar sus montos ni los ejercicios presupuestales previstos.

Un nuevo anexo y una corrección sobre el Sello Verde Maldonado
Las modificaciones propuestas por la comisión también alcanzan la estructura documental del decreto.

El artículo 1.º incorporará expresamente un octavo anexo, denominado "Estructura de Cargos Presupuestales", a los siete que figuraban enumerados en el texto aprobado en setiembre.

Con esa incorporación, el decreto identificará como parte de su documentación presupuestal los cuadros de resumen, la información financiera, los sueldos y gastos, las inversiones, la Junta Departamental, los egresos financieros, los ingresos y la estructura de cargos.

Por otra parte, se sustituirá la redacción del artículo 42, relativo a las obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas del programa Sello Verde Maldonado.

La modificación corrige la referencia a los indicadores ambientales que deberán publicarse anualmente, remitiéndola al artículo 32, literal d), en lugar del artículo 27, literal d), como figuraba en la versión anterior.

Se mantienen las obligaciones de divulgar los resultados del programa, las empresas distinguidas, las postulaciones recibidas, las solicitudes aprobadas y rechazadas, los motivos generales de rechazo, los sellos suspendidos o revocados y, si se establecen beneficios fiscales, los montos de renuncia fiscal correspondientes.

Por tanto, no se crea un nuevo régimen de rendición de cuentas, sino que se introduce una corrección normativa en las disposiciones de transparencia ya aprobadas.

La decisión que resta y las obligaciones de la Intendencia
El informe de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones culmina con una recomendación expresa al plenario: sancionar definitivamente el Decreto Departamental N.º 4124/2026, con las modificaciones establecidas en el propio documento.

La propuesta también dispone que el expediente pase al Ejecutivo departamental y establece que, una vez instrumentadas las correcciones, la Intendencia deberá remitir copia de ellas a la Junta para su conocimiento. El trámite se declara urgente.

La votación de esta noche no supone reabrir la discusión integral sobre las prioridades presupuestales de la Intendencia, ya resuelta en la instancia legislativa de setiembre. Su objeto es completar el procedimiento constitucional tras el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, mantener las reasignaciones aprobadas y establecer las adecuaciones que deberán realizarse para atender las observaciones.

De aprobarse el informe, la Junta habrá sancionado definitivamente la modificación presupuestal 2027-2030, aunque permanecerán pendientes las correcciones encomendadas al Ejecutivo departamental.

La siguiente etapa quedará, por tanto, a cargo de la Intendencia: ajustar los anexos y los registros presupuestales, completar la documentación correspondiente y comunicar a la Junta las modificaciones realizadas. Será el cumplimiento de esas obligaciones, y no solamente la votación de este viernes, lo que permitirá dar una respuesta efectiva a las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas.