Estacionamiento regulado para Maldonado: dos horas gratis, tarifa desde $40 y una reglamentación que definirá las zonas

El texto de 20 artículos remitido por el intendente Miguel Abella a la Junta Departamental este miércoles convierte en proyecto la medida que el jefe comunal había confirmado en julio, durante la entrevista por el año de gestión en el ciclo de Punta News y Canal 2. El régimen propuesto funcionará de lunes a viernes, de 10 a 18 horas; prevé beneficios para residentes y exoneraciones específicas; fija sanciones de hasta 2 UR; y destina lo recaudado a programas sociales.

Cuando hizo aquel anuncio, Abella fijó por primera vez un horizonte concreto para implementar el estacionamiento tarifado en el centro de Maldonado. “Para el de Maldonado quiero llegar a este verano”, afirmó entonces. También aclaró que el esquema todavía no estaba cerrado y que pretendía dar participación a la Cámara Empresarial de Maldonado antes de definirlo.

Ese intercambio ahora figura formalmente incorporado a los antecedentes del proyecto. La resolución remitida a la Junta consigna que la Cámara Empresarial realizó “diversos estudios y recomendaciones” sobre el estacionamiento regulado.

El articulado aún no dibuja el mapa del estacionamiento regulado. No identifica calles, cuadras ni un perímetro específico del centro de Maldonado. El artículo 3 establece, en cambio, que las zonas serán determinadas y delimitadas posteriormente por el Ejecutivo Departamental mediante reglamentación, previa consulta con el municipio respectivo. Esa misma facultad alcanza a eventuales modificaciones temporales de las áreas y de los horarios.

La redacción tiene, además, un alcance mayor que el de la primera implementación anunciada para Maldonado capital: el proyecto se refiere expresamente a las zonas de estacionamiento regulado “para el Departamento de Maldonado”. Eso no implica que el sistema comience simultáneamente en otras localidades, pero sí deja establecido un marco que permitirá al Ejecutivo delimitar nuevas zonas sin necesidad de aprobar un nuevo decreto para cada una, manteniendo la consulta previa con el municipio correspondiente. En julio, Abella había diferenciado expresamente el caso de Punta del Este y descartado que el estacionamiento tarifado allí pudiera implementarse para la próxima temporada.

Para las áreas que sean definidas, el régimen general funcionará de lunes a viernes entre las 10:00 y las 18:00 horas. Los sábados, domingos y feriados, el estacionamiento será libre y gratuito. Las primeras dos horas corridas tampoco tendrán costo; recién una vez agotado ese período comenzará a aplicarse la tarifa.

El proyecto fija una tarifa sencilla de $40 por una hora o fracción y establece, para los bloques de horas, una escala progresiva: $40 por la primera hora o fracción paga, $50 por la segunda, $60 por la tercera y $70 por la cuarta y cada una de las siguientes. Los valores se actualizarán anualmente de acuerdo con la variación del IPC y el Ejecutivo podrá establecer bonificaciones semanales, mensuales, anuales o diferenciadas por zonas. También queda habilitado para otorgar hasta tres horas corridas de gratuidad durante el denominado Día del Centro.

El sistema deberá admitir distintas modalidades de pago. El decreto prevé expresamente aplicaciones para celulares, dispositivos móviles e Internet y habilita al intendente a celebrar convenios con locales de cobranza o comercios para la venta de tickets. Al realizar el pago, el usuario deberá informar la matrícula y el tiempo de estacionamiento adquirido; la fecha y el horario serán incorporados automáticamente por el sistema electrónico.

Para quienes residan en las zonas reguladas, se abre la posibilidad de obtener un permiso especial, aunque la exoneración no será automática. El beneficio podrá alcanzar a un vehículo por vivienda, siempre que el inmueble sea utilizado efectivamente como casa habitación, el automóvil esté empadronado en Maldonado y no registre deudas. El interesado deberá acreditar su domicilio y presentar la libreta de propiedad del vehículo.

También estarán exonerados del pago los vehículos debidamente identificados para personas con discapacidad, que podrán utilizar, sin costo, cualquiera de los espacios comprendidos dentro del área regulada.

El proyecto también incorpora excepciones, bajo las condiciones que determine la reglamentación, para vehículos del Poder Judicial y del Ministerio del Interior en servicio, transporte escolar durante el ascenso y descenso de alumnos por un máximo de 30 minutos, emergencias y médicos que concurran a domicilios, determinados servicios públicos, carga y descarga por hasta 30 minutos, transporte turístico y vehículos de la propia Intendencia. El Ejecutivo queda facultado, además, para ampliar, adecuar o precisar esas categorías durante el funcionamiento del sistema.

La fiscalización tendrá un régimen específico. Estacionar sin el ticket correspondiente será sancionado con una multa de 2 UR, mientras que permanecer en la zona regulada una vez vencido el período adquirido será sancionado con una multa de 1 UR. Si transcurren 24 horas desde que se constate que un vehículo permanece estacionado sin abonar, el texto dispone su retiro mediante guinche.

El proyecto también establece que el pago no convierte el sistema en un servicio de custodia: la Intendencia no asumirá responsabilidad por daños o pérdidas que puedan producirse en los vehículos estacionados dentro de las zonas reguladas.

Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo es que el cobro no persigue una finalidad recaudatoria, sino generar rotación vehicular, mejorar la circulación y facilitar la disponibilidad de lugares en áreas comerciales y administrativas de alta demanda. En línea con esa definición, el artículo 18 dispone que el dinero obtenido del estacionamiento regulado se destinará a financiar programas sociales, aunque el proyecto no determina cuáles programas ni establece una distribución específica de esos recursos.

A su vez, se propone crear una Comisión de Seguimiento y Evaluación integrada por representantes del Ejecutivo y de las entidades gremiales. Entre sus cometidos estará analizar la implementación, monitorear el impacto comercial y formular recomendaciones a partir de los resultados que arroje el funcionamiento efectivo del sistema. El articulado no determina qué gremiales la integrarán ni cómo se designarán sus representantes.

El proyecto entra ahora en la etapa de análisis de la Junta Departamental. Si obtiene aprobación, todavía quedará en manos del Ejecutivo una instancia decisiva: reglamentar el sistema, establecer sus procedimientos y, fundamentalmente, delimitar las zonas en las que comenzará a aplicarse.

El texto no fija una fecha de entrada en funcionamiento, por lo que el objetivo de llegar antes del próximo verano continúa siendo el plazo político anunciado por Abella en julio a Punta News, y no una fecha establecida en el decreto remitido al Legislativo.


Acceda a ver y descargar el proyecto remitido a la Junta: