Gurméndez acusó a Negro de no reaccionar ante el aumento de los homicidios y reclamó a Orsi que defina qué hacer y con quién

El diputado colorado por Maldonado sostuvo que el plan de seguridad "viene fracasando con mucha claridad" y denunció la falta de vigilancia policial y de la autoridad estatal en los barrios. También afirmó que, tras su insistencia, el ministro reconoció que hay apenas 50 policías más que al inicio del gobierno, frente a la promesa electoral de incorporar 2.000. Cuestionó que Negro no anunciara cambios para revertir la situación y trasladó al presidente la responsabilidad de definir cómo actuar.

Gabriel Gurméndez afirmó que el ministro del Interior, Carlos Negro, "no parece reaccionar" ante el aumento de los homicidios, denunció que existe un grado de normalización de la violencia y sostuvo que ya no tiene expectativas de que el secretario de Estado impulse las medidas necesarias para revertir la situación. Tras la comparecencia del ministro ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, el legislador trasladó directamente al presidente Yamandú Orsi la responsabilidad de definir una nueva respuesta del gobierno.

"Si el gobierno realmente quiere cambiar la pisada, quiere reaccionar frente a estas situaciones", afirmó Gurméndez, es el presidente quien "tiene que involucrarse, tiene que definir realmente qué se va a hacer, cómo se va a hacer y con quién lo va a hacer".

El planteo fue formulado este jueves 22, durante la conferencia de prensa posterior a la sesión parlamentaria, en la que el legislador colorado por Maldonado cuestionó duramente los resultados del Plan Nacional de Seguridad Pública, la falta de presencia policial en los territorios más afectados por la violencia y la ausencia de iniciativas concretas que reflejen el endurecimiento del discurso sobre seguridad que comenzaron a adoptar los principales jerarcas de Presidencia.

"Yo no estoy satisfecho con el ministro. El ministro no parece reaccionar, se siente un grado de normalización de la situación", sostuvo. Y agregó que las declaraciones del presidente y del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, no se traducen en propuestas del Ministerio del Interior para modificar el escenario actual.

La cifra que Gurméndez reclamó durante meses: "apenas" 50 policías más
Uno de los cuestionamientos centrales del legislador estuvo dirigido a la evolución de la plantilla policial desde el inicio del actual gobierno y al cumplimiento de la promesa electoral de incorporar 2.000 efectivos.

Gurméndez explicó que desde hace meses reclama información precisa sobre la cantidad de policías ejecutivos disponibles y que no había obtenido respuesta durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas.

En la sesión de este jueves volvió a formularle a Negro una pregunta concreta: si actualmente hay más o menos policías ejecutivos en la calle que el 1.º de marzo de 2025.

"El ministro hizo alguna maniobra un poco elusiva respecto a las cifras, pero finalmente le pedí que me contestara la pregunta en forma concreta y nos dijo que al día de hoy hay solamente 50 policías más que los que había el primero de marzo del 2025", relató.

"Esa es la medida del cumplimiento de la promesa electoral", sentenció.

El diputado recordó que la incorporación de 2.000 policías había sido uno de los compromisos fundamentales de Orsi durante la campaña electoral. Sin embargo, aclaró que su preocupación no se limita al incumplimiento que atribuye al gobierno, sino a las consecuencias que observa en los barrios más afectados por la inseguridad.

"Lo que nos preocupa más es la explicación de por qué en los barrios está pasando lo que está pasando: la falta de presencia, de vigilancia y de protección a los vecinos", sostuvo.

Después de la comparecencia, Gurméndez reforzó el cuestionamiento con una publicación en su cuenta de X.

"¿Cuántos policías más hay hoy que el 1.º de marzo de 2025? Hoy se lo pregunté al ministro del Interior, Carlos Negro. Le costó responder. Ante mi insistencia, finalmente reconoció la cifra: apenas 50 policías más", escribió.

"¡Solo 50 en casi 20 meses de gobierno! Esa es la medida de cumplimiento de la promesa electoral de 2.000 policías más", agregó.

El mensaje terminó vinculando directamente esa cifra con "la falta de presencia policial en los barrios, falta de patrullaje, los vecinos desprotegidos, y el obvio aumento de los homicidios".

"El plan viene fracasando con mucha claridad"
La evaluación de Gurméndez sobre la política de seguridad fue igualmente contundente al analizar los indicadores de violencia homicida correspondientes a los primeros nueve meses de 2026.

El diputado recordó que el propio Negro había definido como primera prioridad del plan de seguridad "bajar los homicidios y reducir la violencia en los territorios críticos".

A su juicio, los resultados conocidos esta semana demuestran que el gobierno no está logrando cumplir ese objetivo.

"La información de los primeros nueve meses desde que se implementa en este año el plan es muy elocuente de que este plan viene fracasando, viene fracasando con mucha claridad", afirmó.

Los datos oficiales del Ministerio del Interior registraron 312 homicidios entre enero y setiembre de 2026, frente a 275 en el mismo período del año anterior, lo que representa un incremento del 13,5%. Además, la cantidad de homicidios aumentó en cada uno de los tres trimestres del año: 97 entre enero y marzo, 104 entre abril y junio y 111 entre julio y setiembre.

Gurméndez advirtió que esta evolución podría llevar a superar el récord anual de homicidios de 2018, durante la gestión de Eduardo Bonomi, y cuestionó por qué el ministro no había anunciado una modificación de la estrategia para evitarlo.

Para el legislador, no basta con presentar cifras de procedimientos policiales, incautaciones o personas procesadas si el objetivo principal de la política de seguridad sigue sin cumplirse.

"La mera enumeración de acciones, actividades, incautaciones o procesamientos no es relevante si los resultados no están. Y los resultados no están. No solamente no están, sino que estamos en un retroceso", afirmó.

"No hay vigilancia policial, no hay protección a los vecinos y no se está ejerciendo la autoridad del Estado"
El diputado concentró otra de sus críticas en la situación de los barrios de Montevideo donde se registra una mayor concentración de los homicidios, especialmente en el noreste de la capital.

Cuestionó la eficacia de los operativos desplegados por el Ministerio del Interior y sostuvo que no logran recuperar el control territorial ni garantizar la seguridad de la población.

"Esos operativos tampoco están andando en el territorio. No hay vigilancia policial, no hay protección a los vecinos y fundamentalmente no se está ejerciendo la autoridad del Estado en estos barrios", denunció.

Gurméndez identificó particularmente las zonas comprendidas en las jurisdicciones de las seccionales policiales 16.ª, 17.ª y 18.ª, donde se concentró gran parte de la violencia.

El legislador sostuvo que la persistencia de los homicidios en esas áreas demuestra la insuficiencia de la respuesta policial, pese a los operativos anunciados por el ministerio.

Su cuestionamiento apuntó así a dos aspectos de la gestión: la cantidad de efectivos disponibles para garantizar la presencia y la vigilancia, y los resultados concretos del despliegue policial en los territorios considerados prioritarios.

Orsi habló de "apretar más" y Sánchez de "reprimir más duramente", pero Gurméndez no ve cambios en Interior
Otro de los puntos de confrontación política fue la distancia que Gurméndez identificó entre las declaraciones recientes de los principales jerarcas de Presidencia y las decisiones del Ministerio del Interior.

El diputado recordó que Orsi, tras el asesinato de un niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó, había señalado que era necesario "apretar más" en materia de seguridad.

También mencionó las declaraciones realizadas días atrás por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien sostuvo que era necesario "reprimir más duramente el delito".

Para Gurméndez, ambas expresiones representan una modificación significativa en la posición pública de las máximas autoridades del gobierno.

"Es claramente un cambio de parte de los jerarcas máximos de la Presidencia de la República, que empiezan a utilizar una retórica que casi no existía", sostuvo.

El legislador destacó especialmente el uso del término "reprimir", que, según señaló, no formaba parte del lenguaje habitual del gobierno y cuya ausencia había quedado de manifiesto durante la interpelación a Negro. También remarcó que Sánchez incorporó expresamente la necesidad de actuar con mayor dureza frente al delito.

Sin embargo, acusó al ministro de no traducir ese cambio discursivo en medidas concretas.

"Nosotros le pedimos al señor ministro que, frente a estos números, nos dijera cómo se traducía eso en acciones e iniciativas concretas frente a los resultados que se han obtenido", explicó.

Durante su comparecencia, Negro defendió los operativos contra el crimen organizado, presentó los resultados de la gestión y anunció un nuevo llamado para incorporar 1.000 policías destinados a Montevideo. El ministro también informó sobre el ingreso de funcionarios policiales y el personal que se encuentra en formación.

Pero Gurméndez sostuvo que las explicaciones recibidas no aportaron respuestas sobre un cambio de estrategia ante el aumento de los homicidios.

"No se traducen las palabras de los jerarcas de Presidencia en iniciativas o propuestas que el ministro haya anunciado hoy respecto a un cambio, algún cambio referido a lo que está ocurriendo", cuestionó.

Esa fue la conclusión política más severa de su intervención: Gurméndez afirmó que había perdido la expectativa de que Negro pudiera impulsar la reacción que considera necesaria. "Creo que, desde nuestra perspectiva, el señor ministro ya no nos genera las expectativas de traducir estas iniciativas concretas", manifestó.

Por eso, el diputado colorado sostuvo que, si el gobierno pretende modificar el rumbo de la política de seguridad, la decisión debe surgir directamente del presidente de la República. Su reclamo a Orsi no se limitó a exigir nuevas medidas contra el delito: también puso sobre la mesa quién debe ser el responsable de implementarlas.