Caso ex presidentes: el Tribunal de Cuentas se apronta a enviar a Fiscalía el informe de la auditoría a la Junta

El relevamiento, solicitado por el fiscal Jorge Vaz en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la Junta Departamental de Maldonado, analiza contrataciones, pagos y ejecución de gastos del período 2020–2025. El informe no se difundirá públicamente y se remitirá directamente al equipo fiscal.

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) se encuentra en la fase final del proceso de auditoría sobre la Junta Departamental de Maldonado y se prepara para remitir su informe a la Fiscalía, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión del gasto durante el último quinquenio.

La auditoría fue solicitada por el fiscal de 5.º turno, Jorge Vaz, a partir de una investigación iniciada por una denuncia concreta que derivó en la formalización de Darwin Correa, José Luis Sánchez y Alexandro Infante por delitos de fraude, falsificación ideológica por funcionario público y abuso de funciones. En ese contexto, y como parte de esa misma causa penal ya judicializada, el fiscal requirió la intervención del Tribunal de Cuentas y amplió el alcance del análisis: no solo pidió revisar las gestiones correspondientes a esas presidencias, sino también la totalidad del período 2020–2025.

Según surge de documentación del caso a la que accedió Punta News, el pedido de Fiscalía fue explícito en cuanto a su alcance técnico: se solicitó la realización de una auditoría en la Junta Departamental de Maldonado para “analizar la legalidad del gasto y pago de todas las contrataciones de obras y servicios realizados en el período 2020–2025”, así como “la remisión de las resultancias de dicha auditoría a esta Fiscalía”.

El requerimiento se formuló en el marco de las competencias del Tribunal de Cuentas como órgano de control externo del Estado y en función del deber de Fiscalía de disponer medidas para la averiguación de los hechos denunciados, integrando así al organismo como soporte técnico dentro de la estrategia probatoria de la causa.

Un informe reservado y de uso exclusivo de Fiscalía
De acuerdo con lo que pudo reconstruir Punta News a partir del seguimiento del caso, el informe del Tribunal de Cuentas no será objeto de difusión pública y será remitido directamente al fiscal que lo solicitó.

Fuentes del organismo de contralor indicaron que no realizarán declaraciones sobre el contenido del trabajo ni sobre sus conclusiones, en un esquema que limita el acceso al resultado exclusivamente al ámbito de la investigación penal.

En paralelo, en la Fiscalía encabezada por el Dr. Vaz no se ha recibido, hasta el momento, comunicación formal sobre la finalización de la auditoría, aunque se espera el informe como insumo central para la siguiente etapa del proceso.

Cómo se desarrolló la auditoría
El trabajo del equipo técnico del Tribunal de Cuentas no se limitó a un análisis documental, sino que combinó la revisión de expedientes con actuaciones directas en la propia Junta Departamental.

Según pudo reconstruir Punta News, los auditores solicitaron un volumen significativo de información vinculada a contrataciones y pagos, al tiempo que convocaron a distintos ediles y funcionarios para que respondieran consultas específicas sobre los procedimientos aplicados durante el período investigado. En paralelo, también se constituyeron en la sede del organismo legislativo para recabar elementos de primera mano, incluidos intercambios directos y testimonios.

El relevamiento apuntó a verificar la regularidad de los mecanismos de contratación, la ejecución efectiva de obras y servicios y la correspondencia entre los gastos realizados y los procedimientos administrativos que los respaldan durante el quinquenio analizado.

La pieza que espera la Fiscalía
El informe del Tribunal de Cuentas se considera un insumo relevante para el avance de la causa.

El fiscal Vaz aguarda ese documento para definir la acusación contra Darwin Correa, José Luis Sánchez y Alexandro Infante, en una investigación cuyo desarrollo ha sido seguido de forma sostenida por Punta News desde sus primeras actuaciones judiciales.

Cabe recordar que la investigación fiscal ya había identificado irregularidades en el manejo de fondos públicos y posibles infracciones normativas, entre ellas la ausencia de resoluciones que dispusieran las contrataciones objeto de la investigación, la inexistencia de motivación en los procedimientos y el fraccionamiento irregular del gasto.

En función de su contenido y de si surgieran aspectos que, a criterio de Fiscalía, configuren eventuales responsabilidades adicionales, el informe podría dar lugar a una ampliación de la formalización ya dispuesta respecto de Darwin Correa, José Luis Sánchez y Alexandro Infante, con impacto directo en su situación penal.

Una auditoría sobre todo el quinquenio
La intervención del Tribunal de Cuentas no se limita a las presidencias ya judicializadas, sino que abarca la totalidad de las contrataciones de obras y servicios realizadas por la Junta Departamental entre 2020 y 2025, tal como surge del propio pedido formulado por la Fiscalía.

Ese alcance extiende el análisis más allá de los hechos ya imputados y sitúa el foco en el funcionamiento del organismo durante todo el período.

Con la incorporación de ese relevamiento técnico al expediente, la causa ingresa en una fase definitoria, en la que Fiscalía contará con una evaluación externa de la legalidad del gasto para sustentar la acusación y determinar eventuales responsabilidades.