Fiscal Vaz acusó a los tres expresidentes blancos de la Junta y reveló que el TCR examinó por muestreo las compras directas pese a aceptar una auditoría sin límites

El fiscal pidió seis años y medio de penitenciaría para José Luis Sánchez, seis años para Darwin Correa y cuatro años para Alexandro Infante, además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y multas. En el escrito completo de acusación, al que accedió Punta News, Vaz expone que el Tribunal de Cuentas examinó apenas 98 de 22.284 registros de compras directas, sin que conste una resolución que modificara el alcance de la auditoría originalmente aceptada. El documento también revela qué información no proporcionó el organismo y deja abierta la posibilidad de nuevas investigaciones.

La acusación fue presentada este martes 10 de noviembre y mantiene los delitos imputados a los tres involucrados cuando fueron formalizados. El requerimiento comprende operaciones por un total de $1.474.713.

El escrito completo, al que accedió Punta News, contiene severos cuestionamientos a las responsabilidades que la Fiscalía atribuye a cada acusado. Señala a José Luis Sánchez como quien ideó y organizó la maniobra; a Darwin Correa, por haber autorizado pagos sin respaldo desde la presidencia de la Junta; y a Alexandro Infante, por su intervención en otras dos operaciones y por haber intentado influir en un testigo después de que se descubrieran los hechos.

El documento también revela información hasta ahora no difundida sobre la auditoría solicitada al Tribunal de Cuentas de la República (TCR), cuyo resultado había sido uno de los principales motivos para extender la investigación penal.

Las condenas solicitadas y los cuestionamientos de Vaz
La mayor pena solicitada corresponde a José Luis Sánchez Olivera: seis años y seis meses de penitenciaría, seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 unidades reajustables. Vaz lo acusa, en calidad de coautor, de fraude especialmente agravado y de falsificación ideológica por funcionario público, ambos como delitos continuados.

Al fundamentar la pena, el fiscal sostiene que Sánchez "fue quien ideó y articuló la maniobra". Le atribuye haber obtenido las diez facturas utilizadas, determinado su contenido, utilizado la cuenta bancaria de su hijo y recibido finalmente $1.307.695 de fondos públicos.

El escrito destaca que actuó siendo edil y expresidente de la Junta, "prevaliéndose de su influencia como coordinador de bancada". Según Vaz, la maniobra se extendió durante más de un año e involucró a las presidencias de Correa e Infante.

El fiscal también cuestiona su comportamiento una vez que se descubren los hechos. Señala que Sánchez procuró que el proveedor que le había entregado las facturas no revelara lo ocurrido, una conducta que, según su valoración, "revela una peligrosidad que excede la del hecho mismo".

En el mismo apartado agrega: "Ninguna suma fue restituida".

Para Darwin Correa, solicitó seis años de penitenciaría, seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y una multa de 750 unidades reajustables.

Le atribuye los mismos delitos que a Sánchez, aunque en calidad de autor, por su intervención como presidente de la Junta y por ser responsable de autorizar ocho pagos que totalizaron $1.191.313.

Vaz sostiene que Correa, "como jerarca máximo del organismo y custodio de sus fondos, utilizó su calidad de ordenador primario al servicio de la maniobra durante nueve meses".

Agrega que autorizó esos pagos "sin respaldo alguno, en abierta infracción de las normas de contratación pública, procedimiento administrativo y ética en la función pública".

El fiscal también le atribuye haber dado personalmente su conformidad a obras que sabía inexistentes, invocando para ello su experiencia profesional. Sostiene, además, que los pagos se dividieron en facturas de menor importe para evitar controles más rigurosos.

Para Alexandro Infante, Vaz pidió cuatro años de penitenciaría, cinco años de inhabilitación especial y una multa de 170 unidades reajustables.

La acusación comprende fraude especialmente agravado, falsificación ideológica por funcionario público y abuso de funciones especialmente agravado, por actuaciones vinculadas a dos pagos efectuados durante su presidencia.

Al fundamentar la pena, el fiscal señala que el perjuicio económico atribuido a Infante, de $283.400, fue menor que el de los otros acusados. Sin embargo, le atribuye cuatro delitos: dos contra la administración pública y dos contra la fe pública.

En su valoración, sostiene que Infante autorizó un pago sin verificar que el trabajo se hubiera realizado, utilizó fondos públicos para beneficiar a un particular y, después de que se descubrieran los hechos, "ofreció dinero a un testigo y le pidió negar el contacto".

Las multas solicitadas para los tres expresidentes suman 1.920 unidades reajustables, equivalentes a aproximadamente $ 3,74 millones.

El TCR aceptó auditar sin límites, pero examinó por muestra las compras directas
La acusación revela que el Tribunal de Cuentas no examinó todas las compras directas de la Junta Departamental, pese a haber aceptado una auditoría sin limitaciones sobre las contrataciones de obras y servicios realizadas entre 2020 y 2025.

Según consigna Vaz, el organismo aceptó el pedido de Fiscalía mediante el oficio 4520/2025. Sin embargo, cuando la Justicia recibió el expediente administrativo del Tribunal, el 6 de octubre de 2026, comprobó que la revisión de las compras directas se había limitado a 98 registros de un universo de 22.284.

Se trata de un dato especialmente relevante, ya que las compras directas fueron la modalidad utilizada en las operaciones por las que ahora se acusa a los tres expresidentes.

El fiscal señala que esa revisión por muestreo se realizó "sin que conste resolución del Cuerpo de Ministros que modificara el alcance aceptado".

Es decir, en los antecedentes remitidos a la Justicia no consta una decisión formal del órgano superior del Tribunal que autorizara reducir el alcance de esa parte de la auditoría.

El escrito también permite conocer los tiempos del trabajo. Aunque el TCR aceptó realizar la auditoría en setiembre de 2025, el equipo encargado fue designado recién el 9 de diciembre. La revisión presencial de documentación en la Junta se concentró en cuatro días, entre el 12 y el 15 de enero de 2026.

Según los antecedentes administrativos, la decisión de trabajar por muestreo surgió de un departamento técnico del propio Tribunal.

La documentación que el Tribunal no entregó a la Justicia
Vaz deja constancia de que, además de limitar el examen de las compras directas a una muestra, el TCR no respondió determinados requerimientos judiciales.

El escrito señala: "El Tribunal no informó quién impartió la instrucción de trabajar por muestra, ni remitió el universo de contrataciones ni los papeles de trabajo que le fueron requeridos por la Sede".

En concreto, el organismo no identificó quién ordenó realizar esa revisión parcial. Tampoco entregó el listado completo de contrataciones del que se seleccionaron los 98 registros ni los documentos que permitieran conocer y comprobar cómo se efectuó el trabajo.

El Tribunal sí había remitido su expediente administrativo, pero no toda la información solicitada por la Justicia.

Además, el Pleno del TCR adoptó una resolución el 4 de noviembre de 2026 cuyo contenido todavía no había comunicado cuando Vaz presentó la acusación, seis días después.

Por qué Vaz decidió acusar sin seguir esperando al TCR
La situación de la auditoría tiene una importancia particular: su resultado había sido uno de los fundamentos para que Fiscalía solicitara más tiempo de investigación.

En agosto, Vaz había planteado la necesidad de contar con una evaluación independiente de las contrataciones y los pagos realizados por la Junta. La Justicia concedió entonces una prórroga de un año.

Pero el escrito presentado este martes explica por qué el fiscal decidió avanzar con la acusación sin continuar esperando al Tribunal.

"En esas condiciones, esta Fiscalía no puede subordinar indefinidamente el ejercicio de la acción penal a la conclusión de una diligencia de otro organismo cuyo plazo no controla".

Vaz invoca el derecho de los acusados a ser juzgados en un plazo razonable y recuerda que el período adicional concedido para investigar constituye un plazo máximo, no una obligación de utilizarlo hasta su vencimiento.

También sostiene que las pruebas ya reunidas son suficientes para acusar por los hechos investigados. Menciona la documentación obtenida, los movimientos bancarios, las declaraciones testimoniales y el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).

Sin embargo, el fiscal no da por agotada la investigación de posibles irregularidades en las contrataciones de la Junta ni renuncia a la utilidad de la auditoría.

Por el contrario, deja expresamente establecido que ese trabajo puede aportar información sobre otros hechos delictivos, distintos de los comprendidos en la acusación actual.

Las operaciones investigadas y las responsabilidades atribuidas
Como ha informado Punta News desde el comienzo de la investigación, el caso comprende diez facturas emitidas a nombre de Ramón Alberto Sosa Lascano, titular de una empresa unipersonal dedicada al transporte terrestre de carga.

Según Fiscalía, la empresa cobró por trabajos que no realizó y los pagos fueron autorizados mediante documentos oficiales que contenían información falsa.

La acusación atribuye a Sánchez la obtención y utilización de las facturas y la recepción de la mayor parte del dinero. A Correa le imputa haber autorizado ocho pagos durante su presidencia, mientras que a Infante le atribuye responsabilidades en otras dos operaciones.

La investigación se apoya en facturas, documentación de la Junta, registros bancarios, declaraciones testimoniales y el informe de la JUTEP, entre otros elementos.

En su fundamentación jurídica, Vaz realiza una precisión sobre el delito de falsificación ideológica: "No se imputa la falsedad de las facturas —documentos del particular— sino la de los actos del ordenador primario que, en nombre de la Administración, dispusieron la contratación y el pago y produjeron efectos jurídicos".

La distinción es que Fiscalía no acusa a los expresidentes de haber falsificado materialmente las facturas. Les atribuye haber autorizado contrataciones y pagos mediante documentos oficiales que daban por ciertos hechos que, según la investigación, no lo eran.

La Fiscalía deja abierta la posibilidad de investigar otros delitos y responsables
La acusación presentada se limita a las operaciones investigadas con las diez facturas. La auditoría solicitada al Tribunal de Cuentas, en cambio, abarca las contrataciones de obras y servicios de la Junta durante cinco años.

Por eso, Vaz incorpora al final del escrito una reserva expresa para promover nuevas actuaciones penales si la auditoría u otras diligencias revelan hechos delictivos distintos de los que ahora atribuye a Sánchez, Correa e Infante.

La reserva alcanza tanto a los actuales acusados como a "terceros".

De esta manera, el fiscal deja establecido que la presentación de la acusación no cierra la posibilidad de investigar otras contrataciones ni de determinar eventuales responsabilidades de otras personas.

No afirma que ya se hayan identificado nuevos delitos o responsables. Lo que establece es que el proceso que ahora avanza hacia el juicio no agota necesariamente las consecuencias penales que puedan surgir de la investigación sobre la Junta Departamental.

Qué sigue
Presentada la acusación, el próximo paso será dar traslado del escrito a las defensas y convocar a la audiencia de control de acusación, que deberá fijar el juez de garantías.

En esa instancia se examinarán los planteos de las partes y se resolverá qué pruebas podrán presentarse en el juicio oral.

Una vez cumplida esa etapa y dispuesta la apertura del juicio, finalizará la intervención del juez de garantías y el expediente pasará al juez que tendrá a su cargo el juzgamiento.

Por los plazos procesales y la proximidad de la feria judicial mayor, es previsible que el juicio oral se desarrolle después de ese período. Será entonces cuando Fiscalía deba probar las acusaciones contra los tres expresidentes y las defensas puedan cuestionar los hechos y las pruebas presentadas.