Intendencia denunciará penalmente una obra en José Ignacio por presunta documentación adulterada

El ejecutivo departamental resolvió radicar una denuncia penal tras detectar aparentes maniobras fraudulentas para obtener un permiso de construcción y la habilitación final de obras en un padrón rural de José Ignacio. El expediente advierte sobre el uso de documentación notarial presuntamente adulterada y la omisión del consentimiento de los copropietarios del inmueble.

La Intendencia de Maldonado dispuso la radicación de una denuncia penal a raíz de presuntas irregularidades graves en el otorgamiento de un permiso de construcción y en la posterior habilitación final de obras en el padrón rural Nº 16263, ubicado en la zona de José Ignacio. La resolución quedó plasmada en el expediente Nº 2025-88-01-08172.

El caso se originó en una petición administrativa presentada por el abogado Martín Falcioni Difiuri, en representación de Nicole Anush Karagozlu y Sebastián Emilio Karagozlu. En el escrito se solicitó la revocación del permiso de construcción otorgado y la demolición de las obras ejecutadas, al entender que estas fueron realizadas de forma ilegal.

Según consta en el expediente, uno de los copropietarios del inmueble habría gestionado y obtenido el permiso de construcción sin contar con la anuencia de los demás condóminos, presentando ante la Administración un certificado notarial que fue calificado como presuntamente adulterado. Además, al solicitar la habilitación final de las obras, se habrían invocado poderes que los demás copropietarios denunciaron como inexistentes.

La Dirección de Asesoría Notarial de la Intendencia incorporó al trámite la información registral del bien, acreditando de forma fehaciente que el padrón rural se encuentra en régimen de condominio entre las personas mencionadas, situación que se mantiene vigente hasta la fecha. Este dato resultó clave para el análisis posterior del caso.

En su informe, la Dirección de Asesoría Jurídica fue categórica al señalar que el expediente “reviste suma gravedad”. De acuerdo con el dictamen, al tratarse de un inmueble en condominio, era indispensable contar con la conformidad de todos los copropietarios para solicitar tanto el permiso de construcción como la habilitación final de las obras. La utilización de documentación presuntamente adulterada habría inducido a error a la Administración, que otorgó el permiso sin conocer la situación real de titularidad del bien.

Ante la apariencia de hechos delictivos, la Asesoría Jurídica recomendó, en primer término, la presentación de una denuncia penal, entendiendo que se trata de un deber de la Intendencia. En segundo lugar, aconsejó continuar el procedimiento administrativo con vistas a la eventual revocación del permiso de construcción y de la habilitación final otorgados para el padrón rural 16263.

En función de estos informes, el intendente de Maldonado resolvió autorizar formalmente la radicación de la denuncia penal, cuya formulación quedó a cargo de la Dirección de Asesoría Jurídica. Asimismo, dispuso que, una vez presentada la denuncia, se proceda con el trámite administrativo correspondiente.

La resolución fue firmada por el secretario general de la Intendencia, Álvaro Villegas Figueredo, y por el intendente de Maldonado, Miguel Abella.

El caso abre ahora una doble vía: la judicial, para determinar eventuales responsabilidades penales, y la administrativa, que podría culminar en la revocación de los permisos y en otras medidas sobre la obra cuestionada.