El Gobierno ajusta la promoción de inversiones y redefine cómo se accede a las exoneraciones

Desde el 1.º de febrero entrará en vigor un nuevo decreto que modifica el régimen de promoción de inversiones. El Ejecutivo apunta a orientar los incentivos fiscales hacia la generación de empleo de calidad, la descentralización productiva, la incorporación tecnológica y las exportaciones, con un esquema que amplía los beneficios para mipymes y proyectos de gran porte.

El Poder Ejecutivo pondrá en marcha, a partir del 1.º de febrero, un nuevo marco para el régimen de promoción de inversiones. Se trata del decreto n.º 329/2025, reglamentario de la ley n.º 16.906, que introduce cambios en la matriz de evaluación de los proyectos promovidos y redefine las prioridades del sistema de exoneraciones fiscales.

“El espíritu de este decreto es promover aquellos proyectos de inversión que tienen sustancia, que efectivamente generan los indicadores que están dentro del espíritu de la ley de promoción de inversiones”, explicó la directora de Incentivo a la Innovación del Ministerio de Economía y Finanzas, Isabella Antonaccio. En ese sentido, subrayó que el eje estará puesto en “la generación de empleo, la descentralización y las exportaciones”.

El régimen mantiene los beneficios fiscales centrales para los proyectos aprobados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), entre ellos la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) por un porcentaje de la inversión, exoneraciones de hasta el 100% del impuesto al patrimonio, tasas y tributos a la importación de bienes no competitivos con la industria nacional, y certificados de crédito de IVA por compras de insumos, equipos y servicios en el mercado interno.

Sin embargo, el decreto introduce una modificación sustantiva en la ponderación de los indicadores que determinan el alcance de esas exoneraciones. “Estamos modernizando la matriz de indicadores, con especial foco en la generación de empleo en aquellas poblaciones que tienen mayores problemáticas a la hora de acceder al mercado laboral”, afirmó Antonaccio, en referencia a jóvenes, mujeres y colectivos en situación de vulnerabilidad.

El empleo continúa siendo el indicador de mayor peso en la evaluación de los proyectos, pero ahora se prioriza explícitamente la creación de “empleo de calidad” en esos segmentos. A su vez, el componente de productividad amplía su alcance: al indicador tradicional de investigación, desarrollo e innovación se suma la incorporación de tecnología como vía para mejorar la eficiencia de las empresas. “Las empresas que opten por ser más productivas mediante la incorporación de tecnología también podrán verse beneficiadas, algo que antes no sucedía”, señaló la jerarca.

Otro de los cambios centrales apunta a la descentralización territorial. El nuevo esquema asigna un mayor puntaje a las inversiones que se radiquen en departamentos con mayores niveles de desempleo, informalidad y pobreza. “Estamos beneficiando y puntúan más aquellos departamentos que tienen mayores problemáticas de empleo”, explicó Antonaccio y destacó que este criterio fue trabajado en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

El decreto también introduce estímulos específicos para las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese marco, las mipymes recibirán quince puntos porcentuales adicionales en el cálculo de la exoneración del IRAE y contarán con un plazo más extenso para utilizar los beneficios fiscales, que se amplía a dos años. Además, se habilita el acceso al régimen a empresas que antes quedaban excluidas por no contar con determinados formatos contables, atendiendo a su estructura societaria.

Para facilitar ese acceso, el Ministerio de Economía y Finanzas firmó en 2025 un acuerdo con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), que cuenta con presencia en todo el país. Según Antonaccio, esta articulación permitirá “acercar las ventajas de la ley a las mipymes” y brindar respaldo técnico a las empresas interesadas.

En paralelo, el régimen refuerza los incentivos para proyectos de gran porte. Los emprendimientos de más de 30 millones de dólares, con ejecución prevista antes del 31 de diciembre de 2029, y los de más de 50 millones de dólares, con ejecución prevista hasta 2031, podrán acceder a una exoneración del 100% del IRAE. En estos casos, los indicadores clave para alcanzar el máximo beneficio siguen siendo el empleo y la productividad.

El nuevo decreto también impulsa cambios en el funcionamiento de la Comap, con el objetivo de reducir los plazos de evaluación de los proyectos y mejorar el seguimiento y el monitoreo. “Hay una gran apuesta a tener un funcionamiento mucho más ágil, para disminuir el atraso que hasta ahora tenía la comisión”, indicó la directora.

Finalmente, el marco incorpora al Ministerio de Ambiente a la Comap, con el fin de analizar la sostenibilidad de las inversiones, y define actividades y sectores estratégicos que recibirán un puntaje diferencial en la evaluación. “Necesitamos crecer económicamente y hay una fuerte apuesta a la inversión”, resumió Antonaccio al explicar una reforma que busca alinear incentivos fiscales con empleo, territorio y desarrollo productivo.





fuente y foto: Presidencia de la República
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