Gobierno rompe con Cardama por “incumplimientos graves” y va por daños, patrimonio y nuevas patrulleras

El Gobierno resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleros oceánicos de la Armada Nacional, tras constatar irregularidades sustanciales en las garantías contractuales. La decisión fue adoptada este viernes en el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, quien, en conferencia de prensa, afirmó: “Esta es una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública”.

El detonante, explicó el mandatario, fue la inexistencia de la garantía de fiel cumplimiento: “Nos encontramos con la sorpresa de que esa garantía no existía o, peor aún, de que lo que teníamos era un documento falso”. Según detalló, la propia empresa admitió esa irregularidad. "Las garantías son las que permiten que el contrato entre en vigor”, subrayó.

El Gobierno también detectó fallas en la garantía de reembolso. "Nos encontramos con que no cumple con lo establecido en el contrato”, indicó Orsi, precisando que el documento presentado no era una póliza, sino “un documento de términos y condiciones”.

Las cuatro decisiones: ruptura, juicio, patrimonio y patrulleras
Tras el proceso administrativo y la recolección de pruebas, el Ejecutivo resolvió cuatro acciones. Primero, “rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios”; segundo, “iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”. En tercer lugar, “definir responsabilidades institucionales e individuales” y, en cuarto, “procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional”.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, precisó que la ruptura se basa estrictamente en incumplimientos jurídicos y contractuales. “La garantía de fiel cumplimiento no existió nunca”, afirmó, señalando que se presentó “documentación absolutamente falsa” para simular su existencia.

Díaz profundizó en la arquitectura jurídica del caso y descartó eventuales arbitrajes internacionales por inversión. “No hay un inversor; es un proveedor que suministra al Estado uruguayo; Cardama no ha invertido nunca un solo dólar en el país; esto es un contrato de suministro”, afirmó. En ese marco, explicó que el contrato establecía obligaciones recíprocas bajo normativa nacional y que “el Estado uruguayo ha cumplido bien y fielmente todas, absolutamente todas sus obligaciones hasta el día de hoy”.

Díaz agregó que el Estado cumplió todas sus obligaciones, mientras que el astillero incurrió en faltas graves: “Hoy no tenemos garantía de ningún tipo… esto configura incumplimientos graves que nos permiten la rescisión del contrato”.

El prosecretario subrayó el carácter estructural de las garantías en este tipo de contratos. “Son elementos esenciales, integran el contenido obligacional del contrato; si no se constituían, el contrato no entraba en vigor”, sostuvo, remarcando que el incumplimiento no fue accesorio sino medular.

El jerarca fue más allá y confirmó acciones judiciales: “El Estado uruguayo le va a hacer un juicio a esta persona para recuperar los daños y perjuicios que se han causado”. Explicó que los planos penal, civil, administrativo y político seguirán carriles distintos: “Las acciones por daños y perjuicios son civiles… el fiscal determinará si existen responsabilidades penales”.

Sobre la segunda garantía, Díaz reveló inconsistencias cronológicas y contractuales. “El documento que tenía el Ministerio no era la póliza… no tenía ningún valor jurídico”, dijo, y añadió que la póliza real tampoco cumplía el contrato porque permitía deducciones indebidas del monto garantizado. “La única reducción aceptada era con la entrega del primer buque; sin embargo, la póliza admitía otras deducciones”, precisó.

El resultado, afirmó, dejó al Estado sin cobertura efectiva. “Hoy no tenemos garantía de ningún tipo o tenemos una garantía de reembolso de la que no sabemos su verdadero estado”, concluyó.

Atrasos, construcción y segundo frente legal
Además del frente contractual, el Gobierno activó otro eje por incumplimientos técnicos. Díaz explicó que existe “una larga lista de incumplimientos constructivos” —falta de planos, atrasos y desajustes técnicos— que no motivaron la rescisión, pero sí motivaron otro acto administrativo con acciones legales específicas.

Recordó que el contrato fijaba un plazo de 45 días para constituir garantías, plazo que se extendió hasta casi un año. “Uno de los argumentos para elegir este astillero era que construiría rápido; 45 días se transformaron en 11 meses”, señaló, agregando que los informes técnicos también detectan retrasos en la obra.

Investigación y responsabilidades
Orsi confirmó que se iniciaron investigaciones administrativas en Defensa y Presidencia. “La resultancia de eso determinará si continuar con la investigación o, eventualmente, la disposición de algún sumario”, dijo, aclarando que se trata de responsabilidades personales e institucionales, no de gobiernos.

El presidente confirmó que la recuperación del patrimonio estatal ya está en marcha y que abarca todas las opciones. “Estamos trabajando para ver cómo nos hacemos de eso que está o del dinero”, dijo, en referencia a lo construido hasta ahora por el astillero.

El mandatario evitó centrarse en las administraciones y encuadró el proceso en la lógica institucional. “Esto es el Estado funcionando, detectando y actuando cuando existan responsabilidades concretas”, afirmó. Díaz complementó que pueden coexistir responsabilidades políticas, penales, civiles y administrativas, cada una en su ámbito.

El plan B: nuevas patrulleras y refuerzo de la vigilancia
Pese a la ruptura, el Ejecutivo ratificó el objetivo estratégico. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, aseguró: “En esta administración habrá patrulleros oceánicos; no hemos dejado de trabajar un momento”.

Orsi confirmó que el Gobierno ya explora alternativas con otros países y astilleros. “Estamos explorando patrulleras oceánicas del mismo porte o similares… hay cuatro o cinco opciones”, afirmó, adelantando reuniones en curso. También anunció refuerzos en vigilancia costera: “Vamos a tener otras herramientas, concretamente lanchas rápidas… incluso tenemos el ofrecimiento de algún Estado de un navío como solución intermedia”, en referencia a una propuesta de Estados Unidos.

Orsi detalló el abanico internacional que analiza el Ejecutivo. “Argentina encontró una solución; Colombia tuvo OPV; Corea del Sur, India y Francia también las producen”, enumeró, señalando que se estudian astilleros públicos y privados. Incluso dejó abierta la posibilidad de volver a negociar con España.

Con la rescisión firmada, el Gobierno avanza en tres planos simultáneos: la ruptura contractual con una ofensiva judicial, la investigación administrativa y la redefinición estratégica de la defensa marítima.

El mensaje político: “Cubrir toda la cancha”, como definió Díaz, recuperar los daños, establecer responsabilidades y garantizar que la Armada cuente con patrulleras oceánicas.



Vea la conferencia de prensa: