“Uruguay no es un país bananero”, dijo Cipriani al negar engaños en el caso Minetti

El empresario italiano defendió el proceso de adopción realizado en Uruguay, aseguró que las autoridades conocían todos los antecedentes y sostuvo que el indulto concedido a Nicole Minetti en Italia fue “un acto de amor”. El expediente judicial muestra que el caso fue tramitado como excepción debido a la situación del menor.

Giuseppe Cipriani salió a fijar posición en medio de la controversia internacional a raíz de la publicación de una investigación de Il Fatto Quotidiano y rechazó que hubiera existido irregularidad alguna en el caso de adopción que derivó en la revisión del indulto otorgado en Italia a Nicole Minetti. En una entrevista con Corriere della Sera, negó engaños, defendió el proceso realizado en Uruguay y apuntó directamente al cuestionamiento sobre el sistema.

En ese contexto, Cipriani también se refirió a la condena que recayó sobre Minetti en Italia en el marco del caso vinculado a las fiestas del entonces primer ministro Silvio Berlusconi. Sostuvo que se trató de un proceso que, a su entender, fue interpretado de manera distorsionada en el debate público y defendió que la situación judicial de su pareja fue debidamente considerada por las instancias competentes.

En la entrevista, también rechazó cualquier intento de vincular el caso con el entorno de Jeffrey Epstein, una asociación que circuló en algunos medios internacionales. Cipriani desestimó de plano esa línea y la presentó como parte de una construcción ajena a los hechos del expediente.

“No hubo ningún engaño”, afirmó. Y agregó: “Uruguay no es un país bananero; las cosas se hacen seriamente”. En esa línea, insistió en que el proceso se desarrolló durante varios años bajo la supervisión de autoridades judiciales y equipos técnicos, con la intervención de jueces, asistentes sociales y especialistas.

Las declaraciones se producen luego de que el indulto concedido por el presidente italiano Sergio Mattarella quedara bajo revisión tras cuestionamientos sobre la información utilizada para fundamentarlo. La medida se basó en razones humanitarias vinculadas al cuidado del menor.

Cipriani defendió ese punto y sostuvo que la documentación presentada fue completa. “Nosotros dijimos todo lo que éramos. Sabían todo”, afirmó, en referencia a las autoridades uruguayas que intervinieron en el proceso.

Cipriani también cuestionó el tratamiento del caso en Italia y el nivel de exposición pública generado en torno a su familia. Señaló que la cobertura mediática avanzó en aspectos de la vida privada que, a su entender, no guardan relación con la legalidad del proceso y que terminaron por distorsionar la discusión de fondo.

En ese sentido, planteó que la situación tuvo un impacto directo en el entorno familiar y especialmente en el menor, y expresó preocupación por la difusión de información sensible vinculada a su situación personal y de salud.

También respaldó la decisión del mandatario italiano: “Fue un acto de amor”, dijo, al explicar que el niño requiere atención médica especializada y controles periódicos en el exterior. Según detalló, esos seguimientos incluyen evaluaciones en centros de alta complejidad en Estados Unidos, en línea con lo ya indicado por especialistas durante el proceso previo a la adopción.

En ese marco, agregó un elemento que vuelve a colocar a Uruguay en el centro del caso: aseguró que, pese a la polémica, evalúan avanzar con un nuevo proceso para incorporar a otro menor a su familia.

Una patología grave y un expediente sin postulantes
Los datos centrales del caso provienen de la sentencia judicial de adopción, a la que accedió el semanario Búsqueda.

El niño fue diagnosticado con lipomielomeningocele con médula amarrada a nivel lumbar (L3-L4), una patología neurológica congénita que puede generar complicaciones progresivas si no se interviene quirúrgicamente . Esa condición fue determinante durante todo el proceso.

Según el expediente, el menor ingresó al sistema de protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en 2018 y permaneció durante años sin ser adoptado.

Durante ese período, ninguna familia del Registro Único de Aspirantes se postuló, precisamente por la complejidad de su cuadro clínico .

Ese dato explica la decisión institucional posterior: el caso fue evaluado como una situación de “excepción”, lo que permitió apartarse del orden habitual del sistema de adopciones.

Abandono acreditado y ruptura del vínculo de origen
El fallo judicial del 15 de febrero de 2023 estableció, además, un punto clave para habilitar la adopción plena.

“Han abandonado al niño, no han procurado su localización, no se presentaron en INAU para saber de él”, concluyó la jueza .

A partir de ese diagnóstico, la sentencia sostuvo que el menor “no tiene vínculo alguno con su familia de origen” y que no existían lazos que debieran preservarse, lo que habilitó la pérdida de la patria potestad.

El expediente también recoge antecedentes de alta vulnerabilidad en el entorno biológico, incluyendo informes sanitarios que advertían sobre riesgos para el niño desde el momento de su nacimiento.

Vínculo previo y criterio técnico
Otro de los elementos centrales del proceso es la construcción del vínculo entre el menor y la pareja adoptante.

Según consta en la sentencia, Minetti y Cipriani participaban como voluntarios en actividades vinculadas al INAU y, en ese contexto, establecieron una relación directa con el niño antes de iniciar el trámite formal.

Los informes técnicos valoraron ese vínculo como positivo y determinante. La entonces directora de Seguimiento del organismo lo describió como una relación de “mucho amor, empatía”, en la que el menor tenía “todos sus derechos garantizados y además su salud” .

La jueza consideró que ese vínculo tenía un peso decisivo y advirtió que una eventual separación podía vulnerar los derechos del niño, que habían sido “recuperados paulatinamente” en ese entorno.

Antes de la adopción definitiva, la pareja ya había obtenido la tenencia provisoria el 28 de abril de 2021 y, meses después, el menor fue trasladado a Estados Unidos para una intervención quirúrgica recomendada por especialistas.

Entre la validación judicial y la revisión
El caso quedó ahora situado en una zona de tensión entre decisiones ya consolidadas y nuevos niveles de escrutinio.

Por un lado, una sentencia uruguaya que validó el proceso con base en el abandono familiar, la patología del menor, la ausencia de postulantes y el vínculo construido.

Por otro lado, una revisión administrativa en curso por parte del INAU y un cuestionamiento internacional que analiza si ese mismo caso fue utilizado correctamente como fundamento para un indulto presidencial.

Cipriani optó por una defensa directa: negó irregularidades, afirmó que todo se hizo dentro de la ley y trasladó el respaldo al propio sistema uruguayo.

La defensa de Cipriani combinó así dos planos: por un lado, la validación jurídica del proceso en Uruguay; por otro, una crítica directa a cómo el caso fue reconfigurado en el escenario mediático y político italiano

Pero el punto de fondo ya quedó instalado: si un proceso tramitado como “excepción”, en un contexto de alta complejidad médica y social, resiste —sin fisuras— el nivel de revisión que abrió una controversia que ya trascendió fronteras.




fuentes: Corriere della Sera y Búsqueda
foto: Ricardo Figueredo para El País