La nueva arquitectura de la Junta: cargos, ascensos y retiro incentivado llegan hoy al plenario

El presupuesto quinquenal impulsado por la presidenta Verónica Robaina será votado este martes por la Junta Departamental. Además de definir los recursos del organismo para el período 2026-2030, el proyecto propone una reestructuración interna que incluye la eliminación y creación de cargos, cambios jerárquicos, ascensos funcionales, secretarios de bancada y un régimen de retiro incentivado.

La Junta Departamental de Maldonado resolverá este martes mucho más que un presupuesto. El plenario tendrá sobre la mesa un proyecto que redefine parte de la estructura administrativa y funcional del organismo para los próximos cinco años y que, salvo imprevistos políticos, cuenta con los votos necesarios para avanzar hacia su aprobación.

El expediente, remitido por la presidenta Verónica Robaina y analizado en las últimas semanas por la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones, llega acompañado de dos informes: uno en mayoría del Partido Nacional y otro en minoría del Frente Amplio. La iniciativa requiere una mayoría especial de 19 votos y el oficialismo dispone de 21 bancas, por lo que aterriza en el plenario con margen suficiente para convertir el proyecto en la primera gran definición institucional de la Junta para el período 2025-2030.

Detrás de las cifras presupuestales, el texto contiene una reorganización que impacta directamente en la estructura de cargos y en el funcionamiento interno del organismo. En la exposición de motivos, Robaina sostiene que el objetivo es adecuar la estructura administrativa y legislativa a las necesidades actuales de la Junta, regularizar situaciones funcionales consolidadas con el paso de los años y generar condiciones para una organización más eficiente y sostenible.

Uno de los cambios más visibles es la eliminación de cinco cargos existentes, algunos de los cuales desaparecerán al producirse vacantes o jubilaciones. Paralelamente, el proyecto prevé la creación de nuevos cargos vinculados a tareas administrativas y técnicas consideradas necesarias para el funcionamiento futuro del organismo.

La reestructuración también afecta a la organización jerárquica. Las actuales Subdirecciones Generales Administrativa y Legislativa pasarán a denominarse Prosecretaría General Administrativa y Prosecretaría General Legislativa, mientras que el cargo de Subdirector General será sustituido por el de Prosecretario General.

El proyecto incorpora, además, mecanismos de promoción funcional. Entre ellos figura la posibilidad de ascenso para Técnicos III Taquígrafos que acrediten al menos 15 años de permanencia en el grado y mantengan un legajo sin anotaciones negativas, quienes podrán acceder automáticamente al grado superior a partir de enero de 2027.

Otro de los artículos crea dos cargos de Secretario de Bancada, una figura que pasará a integrar formalmente la estructura funcional de la Junta Departamental.

Uno de los capítulos con mayor impacto interno es el relativo al retiro incentivado. La propuesta habilita un régimen especial para funcionarios presupuestados y contratados permanentes que, al 31 de enero de 2026, ya tengan configurada una causal jubilatoria o estén próximos a alcanzarla. El beneficio prevé el pago de doce remuneraciones mensuales y consecutivas calculadas sobre el sueldo base funcional vigente al momento del retiro.

La iniciativa también introduce cambios en la prima por antigüedad. El tope de 30 años previsto en el proyecto se aplicará a los futuros ingresos a la Junta Departamental, mientras que los funcionarios que actualmente integran la plantilla mantendrán el régimen vigente.

Desde el punto de vista económico, el presupuesto prevé recursos superiores a 452 millones de pesos para 2026. Las previsiones para los años siguientes oscilan entre los 444 y los 452 millones de pesos, con actualizaciones anuales asociadas a la evolución del Índice de Precios al Consumo.

La votación prevista para esta noche marcará el inicio formal del trámite final del presupuesto quinquenal. Si obtiene la mayoría requerida, el expediente quedará aprobado en principio por la Junta Departamental y será remitido al Tribunal de Cuentas para continuar el procedimiento de control previsto por la normativa vigente.

Más allá del resultado, la discusión pondrá sobre la mesa el alcance de una propuesta que no solo determina cuánto gastará la Junta en los próximos años del actual período, sino también cómo quedará organizada institucionalmente para enfrentar el nuevo período.