Paraguay: Peña sigue en la Presidencia pese a su renuncia y el Senado avanza hacia su posible destitución

El Congreso no pudo resolver la dimisión del mandatario porque legisladores oficialistas abandonaron la sesión y la dejaron sin quórum. El Senado inició el juicio político y convocó a Peña para este viernes, aunque el presidente pidió 72 horas para preparar su defensa. Mientras la Fiscalía abrió una investigación penal en su contra, la crisis de Ueno Bank provocó enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, detenciones y el inicio de una devolución parcial de depósitos que todavía deja a cientos de miles de clientes sin recuperar sus ahorros.

La crisis política y financiera de Paraguay entró este viernes 6 en una nueva etapa, con Santiago Peña todavía al frente del gobierno pese a haber anunciado su renuncia. El Congreso no pudo pronunciarse sobre su dimisión, la Cámara de Diputados aprobó la acusación para someterlo a juicio político y el Senado inició el procedimiento que puede concluir con su destitución. La disputa por la continuidad del mandatario se desarrolla mientras la Justicia investiga el colapso de Ueno Bank, comienzan las primeras devoluciones de depósitos y las protestas derivan en enfrentamientos con la Policía en las calles de Asunción.

La sesión conjunta de ambas cámaras, convocada para considerar la renuncia de Peña presentada este jueves, quedó sin quórum cuando legisladores del gobernante Partido Colorado abandonaron el recinto. La interrupción impidió completar el procedimiento constitucional necesario para declarar la vacancia de la Presidencia y habilitar la asunción del vicepresidente Pedro Alliana.

La distinción es fundamental: el Parlamento no rechazó formalmente la renuncia mediante votación, sino que dejó su resolución pendiente. Mientras no exista un pronunciamiento válido del Congreso o una decisión de destitución, Peña conserva la condición de presidente de la República.

El conflicto no se limita a determinar cuándo dejará el cargo. También comprende las consecuencias institucionales de una renuncia o una destitución, en particular, el eventual acceso de Peña a la condición de senador vitalicio, mientras avanzan las investigaciones penales por las irregularidades que precipitaron la crisis.

La renuncia quedó sin resolver y el Senado inició el juicio político
La Cámara de Diputados aprobó el jueves la acusación contra Peña por presunto mal desempeño de sus funciones, en el marco de los cuestionamientos sobre sus vínculos anteriores con el conglomerado empresarial propietario de Ueno Bank y la administración de millonarios recursos públicos depositados en la entidad.

El procedimiento continuó durante la noche en el Senado, que actuó como tribunal. Los diputados designados como acusadores presentaron los cargos y la documentación que respalda el pedido de destitución.

«Venimos a formular acusación conforme al mandato recibido», expresó la diputada opositora Rocío Vallejo al iniciar su exposición ante la Cámara Alta, según informó la agencia EFE.

Entre los aspectos sometidos a consideración parlamentaria se encuentran las presuntas responsabilidades políticas del presidente respecto del funcionamiento de los mecanismos de supervisión financiera, de los depósitos de organismos estatales y de sus relaciones empresariales previas con el grupo controlador del banco.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó al Senado para este viernes a las 10:00, con el objetivo de recibir la defensa de Peña y continuar con el procedimiento.

Sin embargo, el mandatario solicitó una prórroga de 72 horas. En una nota dirigida a Núñez, argumentó que recibió la acusación a las 22:15 del jueves, acompañada de aproximadamente 300 fojas de documentación, y que el tiempo concedido resultaba insuficiente para examinar los antecedentes y preparar su defensa.

Peña sostuvo que disponer de menos de doce horas para responder comprometía las garantías del debido proceso. El titular del Congreso anunció que consultaría a los líderes de bancada antes de resolver el planteo, sin descartar una nueva convocatoria de ambas cámaras para considerar la renuncia presidencial.

El cronograma del juicio político contempla la presentación de la acusación, el ejercicio de la defensa, el examen de las pruebas, los alegatos y la votación. La destitución requiere el respaldo de dos tercios del Senado, equivalentes a 30 de sus 45 integrantes.

Hasta la mañana de este viernes no se había concretado la comparecencia prevista ni se había dictado una resolución definitiva sobre la prórroga solicitada.

Renunciar o ser destituido: la disputa por los fueros y la sucesión
El procedimiento elegido para la salida de Peña tiene consecuencias que trascienden la continuidad del gobierno.

La Constitución paraguaya reconoce a los expresidentes democráticamente electos que hayan ejercido el cargo, siempre que no hayan sido destituidos mediante juicio político, la condición de senadores vitalicios, con voz pero sin voto. El eventual acceso de Peña a esa prerrogativa y el alcance de las inmunidades parlamentarias constituyen el centro del debate.

Sectores de la oposición y legisladores colorados disidentes sostienen que aceptar de inmediato la renuncia podría permitirle adquirir la condición de senador vitalicio y generar dificultades adicionales para las actuaciones judiciales en su contra. Por ese motivo, defienden la continuidad del juicio político, que permitiría resolver expresamente su eventual destitución.

Núñez, en cambio, planteó la posibilidad de aceptar la dimisión en una nueva sesión conjunta y de abordar posteriormente la cuestión de los fueros.

Las dos alternativas siguen sujetas a decisiones parlamentarias y a la interpretación jurídica de sus consecuencias. La aceptación de la renuncia no equivale a una declaración de responsabilidad penal, del mismo modo que una eventual destitución no constituye, por sí misma, una condena judicial.

En cuanto a la sucesión, Pedro Alliana permanece como vicepresidente y es el primer llamado constitucionalmente para reemplazar a Peña.

La Cámara de Diputados rechazó el jueves, por 48 votos contra 30, el pedido de juicio político presentado también contra Alliana. La mayoría colorada impidió que avanzara la acusación que le atribuía responsabilidades políticas en el caso Ueno Bank.

La decisión despejó un obstáculo parlamentario para la sucesión, pero no implica que Alliana haya asumido ni que los cuestionamientos formulados en su contra hayan desaparecido.

Si se produce la vacancia definitiva de la Presidencia, el vicepresidente deberá completar el período constitucional, que concluye en agosto de 2028.

La Fiscalía abrió una investigación penal contra Peña
Mientras el Senado debate su continuidad, Santiago Peña quedó alcanzado por actuaciones del Ministerio Público relacionadas con la crisis de Ueno Bank.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso, mediante la Resolución N.º 4474, la apertura de una investigación y la conformación de un equipo especializado para examinar las denuncias que involucran al mandatario.

El equipo está integrado por los fiscales Christian Benítez, Elena Fiore Franco y Silvia González Vésster, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón, en el ámbito de las investigaciones sobre delitos económicos y anticorrupción.

Las actuaciones se relacionan con denuncias anteriores y sus ampliaciones, que incluyen señalamientos sobre posibles conflictos de interés, el manejo de fondos públicos y la intervención de autoridades de organismos encargados de regular y supervisar el sistema financiero.

Entre ellas figura la ampliación de una denuncia promovida por el senador opositor Rafael Filizzola contra Peña y autoridades del Banco Central por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en beneficio propio.

La apertura de una investigación penal no implica que los delitos denunciados estén acreditados ni que exista una condena contra el presidente.

En paralelo, avanzan las causas contra los responsables del banco. El juez especializado en delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, dispuso la prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti, vinculado a la conducción de Ueno Bank y del grupo empresarial controlador, así como para otros integrantes de la entidad. Dos de las imputadas recibieron arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

La investigación alcanza a 27 personas imputadas por presuntos delitos patrimoniales y por otras irregularidades relacionadas con el funcionamiento del banco.

Las diligencias también se extendieron a empresas del Grupo Vázquez. Durante el jueves, fiscales y policías allanaron oficinas de firmas vinculadas al conglomerado, incluida la tecnológica ITTI, e incautaron documentación, computadoras y dispositivos de almacenamiento para examinar las operaciones investigadas.

Además, el Ministerio Público solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes información financiera, bancaria y societaria correspondiente a 27 personas y 20 empresas vinculadas al caso.

Las actuaciones buscan reconstruir las operaciones cuestionadas, establecer el destino de los recursos y determinar eventuales responsabilidades individuales.

Las protestas se intensificaron y hubo enfrentamientos con la Policía
La incertidumbre política y la imposibilidad de acceder a los ahorros provocaron nuevas movilizaciones en Asunción.

Durante la noche del jueves, miles de personas se concentraron en las inmediaciones del Congreso para reclamar la devolución de sus depósitos, el esclarecimiento de las irregularidades y la continuidad del juicio político contra Peña.

Los incidentes se produjeron cuando manifestantes intentaron acercarse al edificio legislativo y efectivos policiales bloquearon su avance. Hubo empujones y forcejeos, mientras que en otros sectores del microcentro se registraron enfrentamientos y daños materiales.

En las inmediaciones de las calles Palma y Nuestra Señora de la Asunción, un grupo lanzó piedras y otros objetos contra una sucursal de Ueno Bank, lo que provocó la rotura de sus vidrios.

La Policía informó que siete personas fueron aprehendidas, entre ellas seis mayores de edad y un adolescente de 17 años, por su presunta participación en los incidentes. Un suboficial resultó herido en la cabeza y debió recibir atención médica.

Los enfrentamientos se sumaron a los episodios de la noche del miércoles, cuando agentes de la Policía Nacional utilizaron gas pimienta, balines de goma y un vehículo hidrante contra manifestantes en el centro de Asunción. Según informó ABC Color, no estaba establecido entonces qué había originado esos incidentes.

Las movilizaciones reúnen a ahorristas afectados por el cierre del banco y a ciudadanos que reclaman responsabilidades políticas. Las demandas, inicialmente centradas en recuperar el dinero inmovilizado, se extendieron a la destitución presidencial y al esclarecimiento de las decisiones que permitieron la expansión de la entidad pese a las irregularidades investigadas.

En la mañana de este viernes, un importante contingente policial permanecía desplegado en torno al Congreso, donde se esperaba la continuación del juicio político y nuevas concentraciones.

Comenzó la devolución de depósitos, pero no todos los ahorristas pueden acceder al dinero
En medio de la crisis institucional, el Banco Central del Paraguay comenzó el jueves por la noche a pagar las garantías correspondientes a un primer grupo de depositantes de Ueno Bank, cuya intervención dejó a una parte significativa de sus aproximadamente 2,9 millones de clientes sin acceso normal a sus fondos.

La primera etapa comprende a quienes mantienen depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, no tienen deudas con la entidad y disponen de una cuenta habilitada en otro banco o financiera para recibir la transferencia.

Para quienes cumplen esas condiciones y tienen ahorros inferiores al límite establecido, el pago permite recuperar la totalidad de sus depósitos.

La medida alcanza inicialmente a más de 722.000 ahorristas. Sin embargo, aproximadamente 262.000 clientes que no disponen de cuentas en otras instituciones deberán esperar la implementación de otro procedimiento, según la información difundida por el Banco Central y recogida por ABC Color.

El régimen de garantía de depósitos contempla una cobertura general de hasta 75 salarios mínimos mensuales por depositante y por entidad, equivalente a 228.300.000 guaraníes. Una ley aprobada durante la crisis habilitó adelantos de hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente 121,76 millones de guaraníes, aunque los desembolsos se realizan por etapas y bajo condiciones específicas.

La puesta en marcha de los primeros pagos no implica que se haya completado la restitución del dinero ni que se hayan resuelto los depósitos que exceden los montos garantizados.

La autoridad monetaria deberá continuar con el procedimiento de resolución bancaria, que comprende la determinación de los activos y pasivos de Ueno Bank, la verificación de su patrimonio y el tratamiento de las obligaciones pendientes.

El Banco Central sostiene que las irregularidades corresponden a la situación particular de la entidad intervenida y no constituyen una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.

Los fondos públicos y las consecuencias para servicios esenciales
Uno de los aspectos más sensibles del colapso es la magnitud de los recursos estatales depositados en Ueno Bank.

De acuerdo con la información difundida por agencias internacionales, la entidad administraba aproximadamente 850 millones de dólares correspondientes a organismos públicos, incluidos fondos vinculados al Instituto de Previsión Social, responsable de las prestaciones jubilatorias y sanitarias.

Esa cifra corresponde al volumen de recursos depositados y no constituye una estimación de pérdidas definitivas. Su recuperación dependerá de los procedimientos de resolución bancaria y de la determinación de los activos y obligaciones de la institución.

La presencia de esos fondos amplificó los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para destinar recursos estatales, los mecanismos de supervisión y las decisiones adoptadas por las autoridades cuando comenzaron a detectarse irregularidades financieras.

El congelamiento también tiene consecuencias para las organizaciones que prestan servicios esenciales.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay informó que mantiene inmovilizados alrededor de 2.000 millones de guaraníes, provenientes de su colecta nacional y de recursos propios.

La organización advirtió que la falta de disponibilidad de fondos compromete el funcionamiento de sus cuarteles. En la ciudad de Itá, una compañía debió limitar la cobertura de emergencias a un solo vehículo ante la imposibilidad de disponer de fondos para combustible y mantenimiento.

El caso muestra que las consecuencias de la intervención bancaria no se limitan a las dificultades particulares de los ahorristas, sino que también afectan los recursos necesarios para el funcionamiento de instituciones y servicios comunitarios.

Una crisis política que todavía no tiene desenlace
El colapso de Ueno Bank dejó de ser exclusivamente un problema de supervisión financiera y de recuperación de depósitos para convertirse en una crisis que compromete la continuidad del gobierno paraguayo.

La pérdida de respaldo dentro del Partido Colorado, decisiva para que Peña anunciara su renuncia, aún no se tradujo en una transición presidencial. La interrupción de la sesión destinada a considerar su dimisión trasladó el conflicto al Senado, donde el juicio político permanece abierto.

Las próximas decisiones parlamentarias deberán determinar si el Congreso acepta finalmente la renuncia o si el mandatario enfrenta una votación de destitución, dos caminos con consecuencias institucionales distintas.

Entretanto, las investigaciones penales avanzan sobre la conducción del banco, las operaciones de empresas vinculadas y las responsabilidades que eventualmente puedan corresponder a funcionarios públicos.

La devolución parcial de los depósitos constituye la primera respuesta concreta para una parte de los ahorristas, pero no resuelve la incertidumbre sobre los fondos estatales, los saldos pendientes ni los recursos necesarios para mantener los servicios afectados por la intervención bancaria.

Paraguay llega así a una nueva jornada de movilizaciones y definiciones parlamentarias con un presidente que anunció su salida pero continúa en funciones, un vicepresidente que permanece como sucesor constitucional y una crisis financiera cuyas consecuencias judiciales, económicas y políticas siguen abiertas.





foto: Daniel Duarte / AFP