Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay tras el colapso de Ueno Bank y la pérdida de respaldo político

El cierre de la entidad financiera vinculada a sus antiguos socios comerciales dejó a millones de clientes afectados y bajo investigación el manejo de unos US$ 850 millones en depósitos públicos. Con ocho directivos bancarios detenidos, un juicio político en marcha y el oficialismo fracturado, el presidente Santiago Peña anunció su renuncia al cargo mediante un video publicado en su cuenta de X; en el mensaje, pidió disculpas y reclamó garantías para los ahorristas. La crisis también alcanza al vicepresidente Pedro Alliana, su sucesor constitucional.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República". Con esa declaración, difundida este jueves 5 a las 13:16, Santiago Peña puso fin a una presidencia iniciada en agosto de 2023 y cuyo desenlace se precipitó en apenas 72 horas, desde que el Banco Central de Paraguay dispuso la resolución de Ueno Bank hasta que la presión parlamentaria y la pérdida de respaldo dentro del Partido Colorado volvieron insostenibles para su continuidad en el gobierno.

El anuncio llegó cuando el Congreso se preparaba para debatir una acusación contra el mandatario por presunto mal desempeño de sus funciones, mientras crecían los reclamos de los ahorristas, avanzaban las investigaciones sobre las operaciones del banco y se multiplicaban los cuestionamientos a las decisiones de las autoridades encargadas de supervisarlo. La crisis había alcanzado también al Banco Central, cuyo presidente, Carlos Carvallo, renunció el martes a pedido de Peña.

En el mensaje de poco más de dos minutos, el presidente evitó responder directamente a las acusaciones que lo vinculaban políticamente con el escándalo financiero. En cambio, apeló a la estabilidad institucional para explicar su decisión.

"Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", sostuvo, antes de afirmar que "ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay".

Peña reconoció la gravedad del momento y se dirigió a la población con un pedido de disculpas: "Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí". Sin embargo, no asumió responsabilidad concreta por las irregularidades denunciadas ni explicó las decisiones regulatorias y financieras que quedaron bajo escrutinio.

La preocupación por los ahorros ocupó el centro de su intervención. "Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares", expresó, y manifestó su deseo de que se garantice la devolución de los recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan tanto los fondos públicos como el dinero de los particulares.

Ueno Bank: de una investigación por créditos vinculados al colapso financiero
La intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) fue el desenlace de varios meses de investigaciones sobre las operaciones de Ueno Bank, una institución que había crecido aceleradamente gracias a su plataforma digital, a una agresiva estrategia comercial y a una fuerte presencia publicitaria.

El organismo regulador informó que las primeras irregularidades se detectaron en operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo empresarial que controlaba el banco. El 5 de junio había comunicado formalmente a la entidad la necesidad de adecuar esas operaciones a los límites establecidos por la legislación.

La investigación posterior permitió identificar vínculos empresariales que no se derivaban directamente de la documentación de los beneficiarios de los créditos. Para establecerlas, los supervisores debieron analizar las condiciones financieras de las operaciones y reconstruir la trazabilidad de los recursos.

Según explicó el BCP, esos hallazgos condujeron a nuevas observaciones sobre la calidad de los activos, el deterioro de la liquidez y la necesidad de constituir previsiones adicionales, principalmente debido a deficiencias en la documentación de determinadas operaciones crediticias.

También se identificaron servicios informáticos activados sin una justificación debidamente respaldada.

El proceso culminó el 2 de noviembre, cuando el directorio del Banco Central resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, al constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.

La decisión fue comunicada públicamente el martes 3 y adoptada conforme a la Ley N.º 2334/2003, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades de intermediación financiera.

El procedimiento de resolución no equivale a la disolución jurídica inmediata de la institución. Se trata de un mecanismo mediante el cual la autoridad reguladora interviene para establecer la situación patrimonial, preservar los activos, proteger a los depositantes y determinar el tratamiento de las obligaciones.

La suspensión de operaciones dejó a los clientes sin acceso normal a sus depósitos y provocó una reacción inmediata de preocupación y protesta. La situación adquirió una gravedad particular debido a la cantidad de usuarios de la entidad y a su importancia en el mercado financiero paraguayo.

El colapso también derivó en actuaciones judiciales. Ocho directivos del banco fueron detenidos y, según Associated Press, las investigaciones alcanzan a 27 personas acusadas de presuntas irregularidades. Las actuaciones buscan establecer responsabilidades por las operaciones cuestionadas, sin que las acusaciones impliquen, por sí mismas, condenas.

Los fondos públicos y los vínculos empresariales de Peña
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la magnitud de los recursos estatales depositados en Ueno Bank.

De acuerdo con la información difundida por agencias internacionales, la entidad administraba aproximadamente US$ 850 millones correspondientes a organismos públicos, incluidos fondos vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de las prestaciones jubilatorias y sanitarias.

La presencia de estos recursos amplificó las consecuencias del colapso y suscitó interrogantes sobre los criterios de asignación de fondos estatales, los mecanismos de supervisión y la exposición de las instituciones públicas a una entidad con irregularidades patrimoniales.

Los US$ 850 millones representan el volumen de depósitos públicos informado, no una estimación de pérdidas definitivas. El monto que eventualmente pueda recuperarse dependerá del procedimiento bancario y de la situación patrimonial que establezcan los interventores.

A ese escenario se sumaron los vínculos previos del presidente con el conglomerado empresarial propietario de la institución.

Peña fue accionista del Grupo Vázquez, controlador de Ueno Bank, hasta marzo de 2025, según informó Reuters. Esa relación pasó a ocupar un lugar central en los cuestionamientos de legisladores opositores, quienes denunciaron posibles conflictos de interés y reclamaron investigar las decisiones adoptadas durante su gobierno.

El caso también comprometió políticamente a las autoridades del Banco Central.

Carlos Carvallo, quien había presidido anteriormente Financiera Ueno, antecesora de la entidad bancaria, se desempeñaba como presidente del organismo regulador cuando se produjo el colapso. El martes 3 de noviembre presentó su renuncia tras solicitarla Peña.

La trayectoria de Carvallo y sus responsabilidades posteriores como máxima autoridad de supervisión monetaria agravaron las críticas sobre posibles conflictos de interés y sobre la independencia de los organismos de control.

Mientras el gobierno procuraba recomponer la conducción del Banco Central, las investigaciones judiciales y los reclamos políticos continuaron avanzando.

Este jueves, el senador opositor Rafael Filizzola anunció la ampliación de una denuncia penal contra Peña y autoridades del BCP por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en beneficio propio, según informó ABC Color.

Se trata de señalamientos formulados por legisladores opositores cuya eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia.

La crisis llegó al Congreso y fracturó al oficialismo
La crisis bancaria se transformó en una amenaza directa a la continuidad del gobierno cuando 35 legisladores promovieron una acusación para someter a Peña a juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones.

Entre los cuestionamientos figuraban sus vínculos previos con el grupo empresarial propietario del banco, la administración de fondos previsionales y posibles omisiones por parte de los organismos estatales encargados de supervisar las operaciones financieras.

La oposición necesitaba reunir una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para avanzar con la acusación, un objetivo inicialmente difícil de alcanzar debido al peso parlamentario del Partido Colorado.

Sin embargo, el escenario cambió cuando sectores del propio oficialismo comenzaron a retirarle su apoyo al mandatario.

El deterioro de su posición política se profundizó con los pronunciamientos de dirigentes colorados y la creciente presión para que abandonara el cargo antes de que prosperara el procedimiento parlamentario.

La ruptura del respaldo dentro de su partido resultó determinante, ya que Peña había llegado al gobierno en agosto de 2023 con el apoyo de una fuerza política que mantenía una posición decisiva en el Congreso.

Al mismo tiempo, las protestas de ahorristas y de otros sectores afectados por el cierre de Ueno Bank extendieron el conflicto más allá de los ámbitos político y financiero.

Las demandas ya no se limitaban a recuperar el dinero depositado. También incluían establecer responsabilidades por las decisiones que permitieron la expansión de la entidad, por el manejo de los recursos estatales y por las irregularidades detectadas por los supervisores.

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) se sumó este jueves a los reclamos de renuncia. En un comunicado, la organización sostuvo que la gravedad de los cuestionamientos exigía la salida del presidente y pidió que se pusiera a disposición de la Justicia.

La entidad empresarial reclamó, además, que las investigaciones no se limitaran a los responsables del banco, sino que se extendieran a todos los organismos y funcionarios públicos que pudieran haber intervenido, facilitado o encubierto las operaciones cuestionadas.

Con el Congreso convocado para debatir el juicio político y con el respaldo oficialista debilitado, Peña terminó anunciando su dimisión.

Pedro Alliana y una sucesión presidencial bajo presión
La renuncia activó el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución paraguaya, que establece que el vicepresidente debe reemplazar al presidente en caso de vacancia definitiva del cargo.

Pedro Alliana, compañero de fórmula de Peña en las elecciones de 2023, es el sucesor constitucional para completar el período de gobierno previsto hasta agosto de 2028.

Sin embargo, la transición quedó condicionada por otra circunstancia: el propio vicepresidente también había sido incluido en las iniciativas parlamentarias para promover un juicio político.

La Cámara de Diputados había previsto tratar, en sesiones extraordinarias, tanto la acusación contra Peña como la de Alliana.

Aunque la renuncia del presidente modifica el escenario político, no elimina automáticamente los cuestionamientos que afectan a otros integrantes del gobierno ni determina el resultado de las investigaciones en curso.

La sucesión deberá desarrollarse conforme a los procedimientos constitucionales, mientras el país enfrenta la necesidad de restablecer la conducción política y recuperar la confianza en el sistema financiero.

La asunción formal de Alliana y las decisiones que adopte respecto de la crisis bancaria constituyen los próximos acontecimientos institucionales por venir.

Qué pasará con los ahorros y los depósitos de los organismos públicos
La salida de Peña tampoco modifica, por sí misma, el procedimiento de resolución de Ueno Bank ni determina la recuperación inmediata de los fondos inmovilizados.

El Banco Central informó que el régimen paraguayo de garantía de depósitos contempla una cobertura máxima de 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica y por entidad financiera.

Ese límite equivale actualmente a 228.300.000 guaraníes. La garantía corresponde a cada depositante dentro de una misma institución, independientemente del número de cuentas que mantenga.

Además, el BCP anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes por depositante con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos, como parte de las medidas iniciales para atender a los afectados.

La autoridad monetaria aclaró que continuará aplicando los mecanismos legales correspondientes para procurar la mayor protección posible de los saldos que excedan el monto garantizado.

El procedimiento incluye la intervención de la institución, la verificación de su patrimonio y la evaluación de sus activos y pasivos, con el objetivo de determinar cómo se atenderán las obligaciones pendientes.

La situación presenta dificultades adicionales en el caso de los depósitos de organismos públicos, cuya recuperación y eventual afectación deberán determinarse en función de la naturaleza de los recursos, las condiciones de las operaciones y el resultado del proceso.

El Banco Central también aseguró que los jubilados que percibían sus haberes a través de Ueno Bank continuarían cobrándolos en las fechas habituales, mediante procedimientos que se comunicarían a los beneficiarios.

En paralelo, el cierre afectó al personal de la institución financiera.

Este jueves, el equipo interventor del BCP informó que está realizando gestiones para atender las obligaciones laborales y prevé efectuar las liquidaciones correspondientes a los trabajadores en los próximos días.

El organismo regulador sostuvo que la crisis responde a la situación particular de Ueno Bank y no representa una condición generalizada en el sistema financiero paraguayo.

Sin embargo, la magnitud del caso y la participación de recursos públicos pusieron bajo escrutinio la eficacia de los controles bancarios, la actuación de las autoridades reguladoras y las decisiones tomadas sobre fondos estatales.

La renuncia de Santiago Peña resuelve su continuidad al frente del Poder Ejecutivo, pero deja pendientes las principales consecuencias del caso: la recuperación de los depósitos particulares y públicos, la determinación de responsabilidades por las irregularidades financieras y judiciales investigadas y la reconstrucción de la confianza institucional en Paraguay.