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Diputados declaró insatisfactorias las explicaciones de Castillo y Gurméndez fue contundente: “Si a mí me hubiera ocurrido eso, mi deber es renunciar”

Diputados declaró insatisfactorias las explicaciones de Castillo y Gurméndez fue contundente: “Si a mí me hubiera ocurrido eso, mi deber es renunciar”

La Cámara de Representantes declaró insatisfactorias las explicaciones del ministro de Trabajo y Seguridad Social por 49 votos contra 48, en el primer pronunciamiento de este tipo contra un integrante del gabinete de Yamandú Orsi. La resolución cuestiona la falta de información sobre los costos del conflicto portuario y sobre las extensiones del seguro de paro en la industria frigorífica, y plantea cambios en la regulación de los sindicatos. En declaraciones a La Primera Página de FM GENTE, el diputado colorado por Maldonado, Gabriel Gurméndez, sostuvo que Juan Castillo perdió el respaldo parlamentario y reclamó su renuncia. El ministro, en cambio, aseguró que salió fortalecido de la interpelación y que continuará en el cargo mientras cuente con la confianza del presidente.

La Cámara de Representantes cerró en la madrugada de este jueves una extensa interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, con una declaración en la que consideró insatisfactorias sus explicaciones y que constituyó el primer pronunciamiento de este tipo contra un secretario de Estado durante la administración de Yamandú Orsi. La moción fue aprobada por 49 votos contra 48, con el respaldo de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana, que lograron conformar una mayoría frente a la bancada oficialista.

La sesión había comenzado el miércoles 4 a las 11:00, a iniciativa del diputado colorado Adrián Juri, quien convocó al ministro para que respondiera por la gestión de la cartera desde marzo de 2025, especialmente en materia de prevención y resolución de conflictos laborales y sus consecuencias sobre el empleo, la producción, el comercio exterior y la actividad económica.

Aunque el conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo fue uno de los principales motivos de la convocatoria, la discusión se extendió a la industria frigorífica, las políticas de empleo, los seguros de paro, la negociación colectiva y el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

La declaración finalmente aprobada fue presentada por representantes de Cabildo Abierto e Identidad Soberana y contó con el respaldo de los restantes partidos opositores. El Frente Amplio, que defendió la actuación de Castillo durante el debate, había presentado una moción de respaldo al ministro que no llegó a ser sometida a votación.

El resultado tuvo una repercusión política inmediata. Desde la oposición surgieron reclamos para que Castillo abandonara el Ministerio, mientras el oficialismo mantuvo su respaldo al secretario de Estado.

Entre quienes plantearon expresamente su renuncia se encuentra el diputado colorado por Maldonado, Gabriel Gurméndez, quien participó de la interpelación y, este jueves, pocas horas después de concluida la sesión, explicó su posición en La Primera Página de FM Gente.

Los cuestionamientos que quedaron plasmados en la resolución
La declaración aprobada contiene cuatro puntos que exceden la evaluación general de las respuestas del ministro.

El primero establece que las explicaciones brindadas por Castillo no resultaron satisfactorias. Los dos siguientes identifican cuestionamientos concretos a la actuación del Ministerio de Trabajo ante conflictos laborales de particular impacto económico.

En relación con la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, la Cámara sostuvo que el Ministerio no informó el costo económico del conflicto ni sus consecuencias sobre el empleo, la producción y el comercio exterior. El documento agrega que, aparentemente, la cartera no había cuantificado esos daños.

El conflicto entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y sus trabajadores había quedado resuelto el 7 de octubre mediante un convenio colectivo con vigencia de cinco años, tras varios meses de negociaciones y medidas sindicales.

Castillo defendió durante la interpelación la actuación de su cartera y sostuvo que se realizaron más de 40 reuniones para procurar una solución. También explicó que el gobierno no había declarado la esencialidad de los servicios portuarios porque, a su entender, no correspondía aplicar ese instrumento en las condiciones planteadas, y que se había recurrido a la exigencia de servicios mínimos para preservar parte de la operativa.

La oposición, sin embargo, centró sus cuestionamientos en las consecuencias económicas del conflicto y en la ausencia de una cuantificación oficial de los perjuicios que, según sus legisladores, provocaron las interrupciones de la actividad.

La declaración también cuestiona la política aplicada en la industria frigorífica. En particular, señala que el Ministerio no informó el costo para Rentas Generales de las sucesivas extensiones del seguro de paro en ese sector, ni exigió a las empresas beneficiarias compromisos verificables de reapertura y de mantenimiento del empleo.

Agrega que la cartera tampoco implementó medidas para prevenir el uso abusivo de ese instrumento por parte de grandes grupos empresariales, pese a haber anunciado su seguimiento en 2025.

El cuarto punto introduce una dimensión distinta, vinculada a la regulación de los sindicatos. La Cámara se pronunció a favor de que el Poder Legislativo dicte normas que garanticen el carácter libre, voluntario y revocable de los aportes económicos de los trabajadores a las organizaciones sindicales, sin intermediación del empleador salvo autorización expresa.

También plantea el voto secreto para la elección de autoridades, la aprobación de estatutos y la adopción de las principales decisiones sindicales, y exige transparencia en la administración de sus fondos.

La resolución no modifica por sí misma ninguna norma vigente, pero incorpora estos asuntos en un pronunciamiento respaldado por una mayoría parlamentaria.

Gurméndez: “Yo fui ministro, si a mí me hubiera ocurrido eso, creo que mi deber es renunciar”
En declaraciones a La Primera Página de FM GENTE, Gurméndez sostuvo que el resultado de la interpelación deja a Castillo en una situación políticamente comprometida y atribuyó la responsabilidad de su continuidad al presidente de la República.

El legislador invocó el artículo 174 de la Constitución, que se refiere al respaldo parlamentario a los ministros, y argumentó que la declaración aprobada por Diputados constituye una señal de que Castillo ya no cuenta con ese respaldo.

“Cuando la Cámara se expresa de esta manera, de alguna manera está diciendo que ese respaldo no está”, afirmó.

Gurméndez reconoció que el pronunciamiento no determina automáticamente la salida del ministro y que la decisión dependerá del presidente. Sin embargo, sostuvo que, en su caso, habría adoptado otro camino.

“Yo fui ministro, si a mí me hubiera ocurrido eso, creo que mi deber es renunciar”, expresó.

El diputado colorado fue más allá de la situación individual de Castillo y planteó que Orsi debería aprovechar el resultado parlamentario para introducir cambios en un gabinete que, a su juicio, ha perdido capacidad de respuesta.

Gurméndez consideró que el ministro de Trabajo no está defendiendo adecuadamente el interés general y cuestionó su relación con la dirigencia sindical, a la que atribuyó una influencia excesiva en las decisiones de la cartera.

“Responde a una lógica corporativa, a la dirigencia sindical del Uruguay”, sostuvo, al argumentar que Castillo ha mantenido posiciones que, según su interpretación, han llegado a contradecir orientaciones expresadas por otros integrantes del gobierno y por el propio presidente.

Entre los ejemplos que mencionó, figuraron las diferencias en torno a los servicios esenciales en el puerto, las propuestas de modificación de las relaciones laborales y los planteos tributarios promovidos por el movimiento sindical.

Para Gurméndez, estas posiciones contribuyen a generar incertidumbre entre las empresas y los inversores, lo que tiene consecuencias negativas en las decisiones de contratación y en las oportunidades laborales. Se trata de una evaluación política del legislador sobre los efectos de la gestión ministerial.

El diputado también vinculó su reclamo de renuncia a la necesidad de que Orsi introduzca modificaciones en su equipo de gobierno.

“El presidente debe, en algún momento, refrescar su gabinete, darle un empuje”, manifestó. Y consideró que la situación de Castillo ofrece una oportunidad para revisar la relación entre el Poder Ejecutivo y la dirigencia sindical.

Durante la entrevista, Gurméndez insistió en que las decisiones sobre la permanencia de los ministros corresponden al presidente, pero cuestionó que el respaldo político del mandatario se mantenga aun cuando, desde su perspectiva, existen gestiones que no están dando resultados.

La agenda sindical que Gurméndez llevó al Parlamento
Uno de los aspectos que el diputado por Maldonado destacó especialmente fue la incorporación, en la declaración aprobada, de propuestas relacionadas con los aportes económicos a los sindicatos, la transparencia de sus finanzas y los mecanismos de toma de decisiones internas.

Gurméndez recordó que presentó iniciativas legislativas sobre esos asuntos y valoró que la moción, finalmente respaldada por la mayoría parlamentaria, recogiera planteamientos coincidentes.

“Me pareció bien importante que la moción tomara esta inquietud”, expresó, al defender la necesidad de establecer mecanismos de control y rendición de cuentas para las organizaciones sindicales.

El legislador sostuvo que los sindicatos son necesarios para el funcionamiento de una democracia y para la protección de los derechos de los trabajadores, pero distinguió su función institucional de lo que considera una concentración excesiva de poder en determinadas dirigencias.

En ese marco, defendió la posibilidad de que los trabajadores decidan libremente sobre sus aportes económicos y reclamó mayores exigencias de transparencia en la administración de los recursos sindicales.

La posición no es nueva. En noviembre de 2025, Punta News informó sobre los pedidos de informes presentados por Gurméndez para conocer el destino de las cuotas sindicales retenidas por organismos públicos, así como sobre su iniciativa legislativa en materia de transparencia sindical.

Consultado este jueves sobre los avances de sus proyectos, el diputado reconoció que no han prosperado en el Parlamento y atribuyó esa situación a la posición del Frente Amplio.

La coincidencia entre esos planteos y el contenido del cuarto punto de la declaración aprobada introduce una posible nueva etapa de discusión legislativa, aunque el pronunciamiento no implica que las iniciativas mencionadas hayan sido aprobadas ni garantiza su tratamiento.

Gurméndez también destacó la confluencia alcanzada entre los partidos de la oposición para aprobar la moción. Reconoció que, hasta el final de la sesión, persistían dudas sobre la posición que adoptaría Cabildo Abierto, cuyo respaldo resultó decisivo para alcanzar la mayoría.

Según explicó, los cabildantes fundamentaron su voto especialmente en los cuestionamientos a la política de seguros de paro en la industria frigorífica y en la necesidad de introducir cambios en la regulación sindical.

De esa manera, la declaración reunió a partidos con posiciones diferentes que coincidieron en considerar insatisfactorias las respuestas del ministro, aunque no necesariamente compartieran todos los fundamentos políticos expuestos durante el debate.

Castillo defendió su gestión y aseguró que salió fortalecido
Durante su comparecencia parlamentaria, Castillo rechazó los cuestionamientos sobre su actuación en los conflictos laborales y defendió el papel del Ministerio como ámbito de negociación y búsqueda de acuerdos.

En el caso de TCP, destacó la cantidad de instancias de diálogo promovidas por la cartera y el convenio colectivo finalmente alcanzado, que estableció una vigencia de cinco años y mecanismos para atender eventuales diferencias entre la empresa y los trabajadores.

También reivindicó su trayectoria sindical y su pertenencia al Partido Comunista, tras que varios legisladores opositores cuestionaran la influencia de esa filiación política en sus decisiones como ministro.

“Soy un ministro de Trabajo que no reniega de su pasado sindicalista ni de ser afiliado al Partido Comunista”, sostuvo durante la interpelación.

El Frente Amplio respaldó su gestión y defendió las políticas laborales del gobierno, en una sesión que registró momentos de tensión y cruces entre legisladores oficialistas y opositores.

Este jueves, tras conocerse el resultado, Castillo sostuvo que no interpreta la declaración como una derrota personal. “Yo salí fortalecido”, afirmó en una entrevista televisiva, y aseguró que cuenta con el respaldo de su fuerza política.

Sobre la posibilidad de renunciar, señaló que su continuidad depende del presidente Yamandú Orsi.

“Voy a estar hasta que él quiera, esas son las reglas de juego”, expresó.

La respuesta del ministro contrasta con la interpretación de Gurméndez y de otros dirigentes opositores, quienes consideran que el pronunciamiento parlamentario debería traducirse en su salida del gabinete.

Un rechazo político que no equivale a una censura
Aunque la declaración aprobada representa un revés político para Castillo y el gobierno, no constituye una censura parlamentaria en los términos previstos por la Constitución.

El mecanismo de censura está regulado por los artículos 147 y 148 y requiere un procedimiento específico, distinto del de la votación en la Cámara de Representantes.

Gurméndez reconoció expresamente esa diferencia y señaló que el procedimiento constitucional de censura no se puso en marcha.

Su planteo se centra en el significado político del artículo 174 y en la interpretación según la cual un ministro cuyas explicaciones fueron rechazadas por una mayoría parlamentaria debería dejar el cargo.

La declaración, sin embargo, no impone jurídicamente la renuncia.

Así, el resultado de una interpelación inicialmente centrada en la conflictividad laboral terminó abriendo una discusión política más amplia: la capacidad de la oposición para conformar mayorías en Diputados, la relación entre el gobierno y las organizaciones sindicales y el alcance del respaldo presidencial a un ministro cuestionado por la Cámara.

Por ahora, Castillo ha dejado claro que no considera agotada su gestión y que permanecerá al frente del Ministerio mientras Orsi mantenga su confianza. La oposición, que por primera vez consiguió aprobar una declaración de insatisfacción contra un integrante del actual gabinete, pretende que el pronunciamiento tenga consecuencias políticas más allá de la votación.






foto: ministro Juan Castillo durante la interpelación, servicio fotográfico de la Cámara de Representantes

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