SINTEP advierte que trabajadores de colegios privados de Maldonado temen sindicalizarse por posibles represalias laborales

El secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Enseñanza Privada (SINTEP), Pablo Abisab, advirtió sobre las dificultades para la organización sindical y los incumplimientos laborales detectados en instituciones educativas privadas de Maldonado, aunque aclaró que no se trata de situaciones generalizadas. En el ciclo de entrevistas de Punta News y Canal 2, también abordó la sobrecarga de trabajo docente, el impacto en la salud mental y los desafíos que enfrentan los colegios privados ante la caída de la natalidad y el cierre de instituciones. El sindicato también reclama revisar las condiciones para habilitar nuevos centros educativos.

El temor a perder el empleo o a no ser contratado nuevamente figura entre los principales obstáculos para la sindicalización de los trabajadores de colegios privados de Maldonado, según advirtió Abisab.

El dirigente llegó al departamento en el marco de una recorrida sindical que incluyó contactos con trabajadores e instituciones educativas. En ese contexto, expresó una preocupación particular por la realidad local: "Nos ha costado, como en casi ningún departamento del país, poder tener trabajadores y trabajadoras afiliados en las instituciones educativas de la enseñanza formal".

Abisab explicó que el temor a las consecuencias de una afiliación sindical está especialmente presente entre quienes mantienen vínculos laborales temporales y dependen de la renovación de sus contratos para conservar sus ingresos.

Según relató, algunos trabajadores reconocen que no se afilian por miedo a que esa decisión perjudique sus posibilidades de continuar trabajando al siguiente año lectivo. La situación se agrava, sostuvo, porque en Maldonado no siempre resulta sencillo conseguir suficientes horas docentes en la educación pública para completar un salario adecuado.

En muchos casos, agregó, el contacto con el sindicato se produce cuando el conflicto laboral ya se ha desencadenado, sea por un despido, una renuncia o por situaciones que el trabajador dejó de tolerar.

"Y ahí identificamos contratos a término, no pago de la antigüedad", afirmó, al enumerar algunos de los incumplimientos detectados. Según indicó, en los casos identificados el sindicato ha realizado denuncias o promovido acciones judiciales a través de los trabajadores afectados.

Uno de los mecanismos cuestionados por Sintep es la contratación de docentes únicamente durante el período lectivo, de marzo a noviembre, sin garantizar la continuidad del vínculo laboral. Abisab sostuvo que esa práctica genera inestabilidad y precarización, y recordó que existen acuerdos alcanzados en los Consejos de Salarios que regulan la contratación a término.

No todos los colegios presentan la misma situación
Consultado sobre si las irregularidades podían considerarse extendidas entre los centros educativos privados de Maldonado, Abisab fue categórico: "Las generalizaciones siempre son injustas".

Como ejemplo, mencionó una institución del centro de Maldonado perteneciente a una fundación con la que Sintep mantiene ámbitos de negociación colectiva en otros colegios del país.

Explicó que en esa institución se cumplen los acuerdos salariales y las obligaciones laborales, y destacó que el diálogo entre empleadores y trabajadores organizados permite resolver diferencias y prevenir conflictos.

Sin embargo, señaló que incluso en centros donde existen esas condiciones continúa siendo difícil promover la afiliación sindical.

La distinción resulta relevante para el diagnóstico que plantea Sintep: las dificultades de organización de los trabajadores en Maldonado no necesariamente implican incumplimientos laborales en todas las instituciones, aunque el sindicato sostiene que el temor a perder el empleo sigue siendo un obstáculo importante.

Sobrecarga laboral y salud mental
Más allá de la realidad departamental, Abisab identificó otros problemas que afectan a trabajadores de la enseñanza privada en todo el país.

Entre ellos mencionó el multiempleo, el incremento de tareas administrativas para los docentes y las situaciones de violencia que atraviesan a la sociedad y repercuten dentro de las instituciones educativas.

Según explicó, las mayores exigencias administrativas asociadas a la reforma educativa han reducido el tiempo disponible para la preparación de clases y otras tareas pedagógicas, contribuyendo a una intensificación del trabajo y al desgaste de los docentes.

El dirigente recordó que Sintep presentó en la negociación salarial de 2023 una propuesta para crear un fondo destinado a la prevención y atención de problemas de salud mental en las instituciones educativas, pero la iniciativa no ha obtenido hasta ahora el respaldo de las cámaras empresariales.

La preocupación por el futuro de los colegios privados
La entrevista también abordó los cierres de instituciones educativas privadas registrados en los últimos años y las consecuencias que podría tener la disminución de la natalidad en un sector que ya enfrenta dificultades para mantener su matrícula.

Abisab sostuvo que durante el período de expansión económica de años anteriores aumentó significativamente el número de colegios privados, sin que el crecimiento de estudiantes acompañara en igual proporción la apertura de nuevas instituciones.

Según los datos que manejó, existen aproximadamente 350 colegios privados en Uruguay y, durante aquella etapa de expansión, se habilitaron unos 60 centros.

Para SINTEP, esa evolución, sumada a la reducción prevista de la población en edad escolar, obliga a revisar las condiciones para autorizar la apertura de instituciones educativas.

En particular, el sindicato plantea fortalecer los controles establecidos en la Ordenanza 14 de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que regula la habilitación de centros de enseñanza privada.

Abisab consideró positivo que el sector haya llegado a octubre sin anuncios de nuevos cierres. Recordó que las modificaciones introducidas en la normativa en 2023 establecieron la obligación de comunicar estas decisiones con 90 días de anticipación, lo que permite a los trabajadores y las familias conocer con antelación las dificultades que puedan comprometer la continuidad de una institución.

El dirigente advirtió que el cierre de un colegio no representa únicamente la pérdida de puestos de trabajo, sino también la desaparición de un proyecto educativo que puede haber formado parte de una comunidad durante décadas.


Vea la entrevista completa en el capítulo 2 de la última edición del ciclo en la sección Entrevistas de nuestra web o copie y abra este link:
https://www.youtube.com/watch?v=yGjg_XGFaew&t=1488s