Crimen de la heladera: Tribunal vuelve a revocar el arresto domiciliario del imputado por encubrimiento

El hombre que denunció el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una heladera en su domicilio de San Carlos seguirá en prisión preventiva. La Justicia había autorizado que regresara a la vivienda con tobillera electrónica, pero una nueva apelación de la Fiscalía revirtió esa decisión. El fallo advierte sobre el riesgo de que pueda influir en testigos del homicidio ocurrido en mayo.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno revocó por unanimidad una resolución que había concedido el arresto domiciliario a Wálter Alejandro Fagúndez Melo, acusado de encubrimiento en el caso conocido como el "crimen de la heladera". Los ministros entendieron que el imputado podría interferir en la investigación debido a su proximidad con vecinos que todavía deben declarar sobre lo sucedido en la vivienda de la calle Madrid, donde fue asesinada una mujer.

La sentencia Nº 715/2026, dictada el 9 de noviembre y a la que accedió Punta News, hizo lugar al recurso presentado por la Fiscalía contra una decisión del juez Juan Manuel Cabrera. El magistrado había considerado desproporcionado mantener la prisión preventiva y dispuesto sustituirla por arresto domiciliario total con monitoreo electrónico durante 90 días.

Es la segunda vez que el mismo Tribunal revoca una medida de arresto domiciliario en esta causa. El 11 de junio ya había dejado sin efecto una resolución similar adoptada tras la formalización de Fagúndez, al considerar que existían riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, como informó entonces Punta News.

El nuevo pronunciamiento mantiene el plazo fijado por el juzgado de primera instancia, computado desde el 17 de octubre, con vencimiento previsto para el 15 de enero de 2027, salvo otra disposición judicial. La diferencia es que Fagúndez deberá permanecer en prisión preventiva y no bajo arresto domiciliario.

La controversia se originó en una audiencia celebrada el 13 de octubre, cuando se aproximaba el vencimiento de la medida cautelar que cumplía Fagúndez. La Fiscalía solicitó una prórroga de 120 días, argumentando que el homicidio todavía no estaba completamente esclarecido y que restaban diligencias, entre ellas declaraciones de vecinos, allegados y del hombre formalizado como presunto autor material del crimen.

En esa instancia, el juez Cabrera rechazó mantener la prisión preventiva en las condiciones solicitadas y entendió que el cumplimiento previo del arresto domiciliario permitía adoptar una medida menos restrictiva.

"Entiendo por un lado que el plazo solicitado es excesivo y también siento que no es proporcional que el Sr. siga en prisión preventiva", sostuvo el magistrado, según recoge la sentencia.

El magistrado Cabrera señaló que Fagúndez había permanecido anteriormente en su domicilio sin demostrar intención de fugarse ni de incumplir las obligaciones impuestas. En consecuencia, consideró que "un arresto domiciliario total con colocación de dispositivo electrónico es más que suficiente".

La fiscalía apeló. Sostuvo que el monitoreo electrónico no neutralizaba los riesgos procesales y que el imputado regresaría al mismo entorno donde residen personas que podrían declarar en un eventual juicio.

El Tribunal de Apelaciones compartió esa preocupación, aunque fundamentó su decisión específicamente en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, sin desarrollar una conclusión separada sobre el peligro de fuga también invocado por Fiscalía.

La sentencia identifica como circunstancia determinante la relación de proximidad entre el imputado y algunas de las personas cuyas declaraciones permanecen pendientes.

"A juicio de la Sala, persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación en tanto se advierte la existencia de testigos que son vecinos del imputado, a quienes conoce y que el hecho investigado tuvo lugar en su propio domicilio", establece el fallo.

Los ministros Ricardo Míguez Isbarbo, Daniel Tapie Santarelli y Beatriz Larrieu de las Carreras sostienen que esas circunstancias, valoradas conjuntamente, permiten advertir la posibilidad de que Fagúndez ejerza "presión o amedrentamiento" sobre los testigos, procurando impedir que declaren o condicionar sus testimonios.

El Tribunal también responde a uno de los cuestionamientos de la defensa: la ausencia de elementos que acrediten amenazas concretas contra esas personas.

Para la Sala, la imposición de una medida cautelar no requiere demostrar que ya se haya producido una maniobra de intimidación o un intento efectivo de obstaculizar las actuaciones. Lo que exige la normativa es la existencia de elementos suficientes para presumir riesgos procesales.

En respaldo de esa interpretación, la sentencia recoge un pronunciamiento de 2023 del Tribunal de Apelaciones de 4º Turno que explica la finalidad preventiva de estas restricciones.

"No es una reacción ante un suceso acaecido, sino una acción ante la posibilidad de su acaecimiento. No es una respuesta sino una previsión", señala el criterio jurisprudencial citado.

El fallo también examina los requisitos del artículo 224 del Código del Proceso Penal, que exige valorar tanto las evidencias de la comisión del delito y la participación atribuida al imputado como los riesgos que justifican restringir su libertad durante el proceso.

En función de esos elementos, los ministros concluyeron que la prisión preventiva resulta adecuada para preservar las diligencias pendientes y satisface los principios de proporcionalidad y racionalidad.

Defensa alegó amenazas del presunto homicida y problemas de salud
El abogado Andrés Baíl se opuso a la prolongación de la prisión preventiva y sostuvo que Fagúndez no representaba un riesgo para el desarrollo de las actuaciones.

Argumentó que su defendido carece de antecedentes penales, es trabajador y ya había demostrado que podía cumplir las restricciones impuestas por la Justicia sin intentar evadirse.

También afirmó que actuó bajo amenazas de Mauricio José Pérez Alvira, formalizado como presunto autor material del homicidio, y que su comportamiento estuvo condicionado por el temor a perder la vida.

La Fiscalía rechazó ese argumento y señaló que de las actuaciones no surgían amenazas de Pérez Alvira contra Fagúndez.

Baíl cuestionó, además, que después de varios meses de investigación continuaran pendientes declaraciones de testigos que, a su entender, podían haberse recibido anteriormente.

Otro de sus planteos estuvo relacionado con la salud del imputado. La defensa informó que Fagúndez tiene VIH y sostuvo que no había podido recibir un tratamiento adecuado durante su permanencia en el establecimiento penitenciario.

La sentencia consigna esa afirmación, pero no contiene una valoración específica sobre las condiciones de atención médica denunciadas. El Tribunal resolvió la apelación a partir de los riesgos procesales planteados por Fiscalía.

La hipótesis fiscal sobre el ocultamiento del cuerpo
Además de resolver la situación cautelar, el documento incorpora aspectos de la reconstrucción de los hechos presentada por el Ministerio Público para fundamentar su recurso.

Según esa exposición, Fagúndez estaba presente cuando Mauricio José Pérez Alvira, formalizado como presunto autor del homicidio, habría dado muerte a la mujer. Posteriormente, Fagúndez habría colaborado para introducir el cuerpo en una heladera con la finalidad de encubrir el crimen.

La Fiscalía sostuvo, asimismo, que Fagúndez proporcionó una versión falsa de lo sucedido, en la que atribuyó el crimen a una persona encapuchada.

En su apelación, la fiscalía también mencionó indicios de consumo de sustancias estupefacientes dentro de la vivienda. La defensa rechazó que existieran elementos que permitieran sostener actividades de comercialización de drogas en ese domicilio y planteó la posibilidad de que Pérez Alvira integrara una banda.

El Tribunal no realizó una determinación sobre esas hipótesis, que tampoco constituyeron el fundamento de su decisión cautelar.

Del hallazgo en la calle Madrid a las dos apelaciones de Fiscalía
El caso comenzó a investigarse el viernes 15 de mayo, cuando Fagúndez, entonces de 32 años, se presentó en la seccional 2° de San Carlos, acompañado por el hijo de la víctima, un niño de 3 años, y denunció que en la heladera de su vivienda, ubicada en la calle Madrid, podía encontrarse una mujer fallecida.

La Policía confirmó el hallazgo del cuerpo, que presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza.

Como informó Punta News entonces, la versión aportada por el denunciante comenzó a generar dudas entre los investigadores. Fagúndez había declarado que escuchó una detonación mientras permanecía en otra habitación y que desconocía lo sucedido. Las dimensiones reducidas de la vivienda y la escasa separación entre sus ambientes fueron algunos de los elementos considerados al evaluar la plausibilidad de ese relato.

Las actuaciones del Departamento de Hechos Complejos, que incluyeron el análisis de registros fílmicos y otros elementos, derivaron en su formalización por encubrimiento el 17 de mayo.

En aquella audiencia, la fiscalía solicitó prisión preventiva por 180 días, pero la jueza Noelia Acosta dispuso inicialmente el arresto domiciliario total con tobillera electrónica por 90 días. La fiscalía recurrió la medida y obtuvo su revocación en junio.

La investigación permitió identificar posteriormente a Mauricio José Pérez Alvira como presunto autor del homicidio. Fue formalizado el 27 de mayo, con prisión preventiva por 180 días, después de recuperarse de las heridas sufridas en otro ataque armado ocurrido en San Carlos durante la madrugada del 16 de mayo.

Pérez Alvira había sido baleado en la zona de avenida Rocha y Tomás Berreta, en un episodio en el que también resultó herida una mujer de 23 años. Permaneció internado varios días, incluso en cuidados intensivos, antes de recibir el alta médica y quedar a disposición de la Justicia.

Pérez Alvira declaró que el disparo que causó la muerte de la mujer había sido accidental mientras ambos se encontraban en la vivienda, que podían haber estado consumiendo sustancias y que el niño de 3 años no se encontraba con ellos.

El ataque armado que sufrió posteriormente fue investigado por separado, bajo la hipótesis de una posible vinculación con el negocio de estupefacientes de los grupos que operan en San Carlos.

El crimen de la heladera resultó en la formalización de dos hombres por delitos distintos: Pérez Alvira, como presunto autor del homicidio, y Fagúndez, por encubrimiento.

La nueva sentencia deja constancia de que, casi seis meses después del hallazgo del cuerpo, todavía restan diligencias para completar la reconstrucción de los hechos. Entre ellas figuran testimonios de personas del entorno del imputado cuya eventual influencia, según el Tribunal, justifica mantener la medida cautelar más restrictiva.

Los ministros recuerdan expresamente que las medidas cautelares tienen carácter provisorio y pueden modificarse o cesar si cambian las circunstancias que les dieron fundamento.




foto: Fagúndez ingresando a la Fiscalía, FM GENTE