Blás presentó denuncia penal por las filtraciones de Trazador y afirmó que para Negro "lo que es difícil es ser ministro"

El senador del Partido Nacional recurrió a la Fiscalía, junto a sus pares José Luis Falero y Graciela Bianchi, por la filtración de información reservada de la investigación contra el narcotráfico y el lavado de activos conocida como Operación Trazador. Apuntó contra el ministro del Interior, Carlos Negro, por no haber promovido antes una investigación penal y cuestionó que la Policía se investigue a sí misma cuando, según sus sospechas, podrían estar involucrados funcionarios de sus niveles jerárquicos más altos. La denuncia penal, a la que accedió Punta News, reclama identificar a los responsables, esclarecer sus motivaciones y determinar si la divulgación comprometió los procedimientos y la seguridad de las personas involucradas.

Las dificultades expuestas por Carlos Negro para identificar el origen de los videos filtrados encontraron una dura respuesta por parte de Rodrigo Blás. El senador puso en tela de juicio que, con los recursos tecnológicos disponibles, la Policía no haya podido establecer quiénes tenían los registros audiovisuales y a qué destinatarios fueron enviados.

"¿Es muy difícil agarrar el teléfono de alguien y ver si lo tenía (el video) y ver para cuál (teléfono) se envió? ¿En este momento, con inteligencia artificial, con la tecnología que tiene la policía?", planteó el legislador.

A las críticas sobre la capacidad para esclarecer los hechos, Blás sumó una sospecha de mayor alcance: que las filtraciones se hayan originado en los niveles superiores de la institución policial y que algunos de los jerarcas encargados de investigarlas pudieran estar involucrados.

"No me parece que en un hecho donde seguramente la filtración sale de la misma policía, y seguramente de esferas altas de la policía, sean los mismos jerarcas que de repente están involucrados, los que estén investigando", afirmó.

Blas consideró inadmisible que, pese al tiempo transcurrido y al reconocimiento público de la divulgación de material reservado, no se hubiera dado intervención a la Justicia penal con anterioridad. "No hay motivo para no denunciar antes cuando el delito ya está comprobado", sostuvo. La afirmación refiere a la existencia de las filtraciones, mientras que la identificación de sus responsables y la eventual configuración de delitos deberán establecerse en la investigación fiscal.

El legislador introdujo, además, una interrogante sobre las razones que pudieron motivar la entrega de los archivos, sin descartar una intencionalidad política.

"No estamos denunciando a nadie, sino que estamos pidiendo que se descubra quién fue para saber qué es lo que lo motivó. Saber si hay motivaciones políticas o es un simple bobo que pone en peligro a policías, a operaciones penales o lo que sea, o qué es lo que está pasando", expresó.

La denuncia penal presentada este miércoles 11 plantea la posible comisión del delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 163 del Código Penal, sin perjuicio de otras figuras delictivas que pudieran derivarse de las actuaciones.

"La denuncia comprende la posible extracción, entrega o difusión de materiales conocidos u obtenidos en razón del ejercicio de funciones públicas y sujetos a obligaciones de secreto, reserva o confidencialidad", establece el documento.

La presentación no atribuye responsabilidad penal anticipadamente a ninguna persona. De acuerdo con lo explicado por el senador Blás, busca determinar quiénes tuvieron acceso a los materiales, reconstruir su circulación y esclarecer si funcionarios públicos u otras personas incurrieron en conductas ilícitas.

Dos filmaciones, una filtración reconocida y el papel de Robert Correa
La comparecencia del ministro Negro ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, el 22 de octubre, constituye uno de los antecedentes centrales de la denuncia. En esa instancia, el ministro reconoció la existencia de dos registros audiovisuales distintos vinculados a los procedimientos de Trazador.

Uno había sido incorporado a la carpeta de investigación penal. El otro estaba, o había estado, en el teléfono del director general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Robert Correa.

Negro admitió que la primera filmación había sido filtrada, aunque precisó que el material estuvo al alcance de varias personas, no exclusivamente funcionarios policiales.

La diferencia entre ambos registros adquiere especial importancia para establecer las responsabilidades: no necesariamente tuvieron los mismos destinatarios ni estuvieron sometidos a idénticas condiciones de acceso y de conservación.

"La distinción efectuada por el ministro exige cotejar separadamente cada filmación, identificar su régimen de acceso y reconstruir sus remisiones, copias y destinatarios", señala la denuncia.

Otro aspecto jurídico relevante es que la ausencia de una filmación en la carpeta fiscal no supone, por sí sola, que el material careciera de protección legal. Si fue obtenido por un funcionario público durante el ejercicio de sus cometidos, su conservación y divulgación pueden estar alcanzadas por obligaciones específicas de reserva.

El escrito reconstruye una secuencia de publicaciones iniciada el 18 de septiembre, con imágenes de allanamientos, información sobre incautaciones, registros audiovisuales y referencias a actuaciones investigativas que circularon en redes sociales y en plataformas digitales.

Establecer la procedencia de esos archivos exige determinar quiénes los conservaron, si existieron copias o remisiones a terceros y qué dispositivos se emplearon para transmitirlos. Esa reconstrucción puede resultar fundamental para distinguir las distintas instancias de acceso, entrega y difusión del material.

Los riesgos para la investigación y la seguridad de los policías
Más allá de las eventuales responsabilidades por la vulneración del deber de reserva, la denuncia advierte sobre las consecuencias que puede acarrear la exposición de información sensible durante las investigaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

"La revelación de antecedentes durante el desarrollo de una investigación puede alertar a personas eventualmente involucradas sobre el conocimiento que las autoridades poseen de sus conductas, relaciones y movimientos", señala el escrito.

El conocimiento anticipado de esos datos podría facilitar el ocultamiento o la destrucción de pruebas, permitir la coordinación de versiones entre los investigados o favorecer la evasión de diligencias policiales y judiciales aún pendientes.

La exposición también puede afectar a quienes participan en los procedimientos. La difusión de imágenes, identidades, métodos operativos y otros antecedentes sensibles podría poner en peligro a funcionarios policiales, a integrantes de sus familias o a terceros relacionados con la investigación.

Entre los antecedentes incorporados a la denuncia figura la situación de Pablo Leiva, condenado en la Operación Trazador y, hasta ese momento, asesor rentado del edil nacionalista de Montevideo, Gonzalo Gómez. Su vivienda fue objeto de uno de los allanamientos cuyas filmaciones quedaron bajo examen debido a filtraciones de información reservada.

El escrito también recoge información sobre amenazas contra Leiva y sobre un homicidio cometido en Buenos Aires, vinculado a la droga incautada durante la operación. Los legisladores no presentan esos episodios como consecuencias comprobadas de las filtraciones, sino como antecedentes que consideran relevantes para evaluar los riesgos de la divulgación.

Los legisladores no presentan esos episodios como consecuencias comprobadas de las filtraciones. Los incluyen entre los antecedentes que consideran necesario examinar para evaluar la gravedad de la divulgación y sus posibles efectos sobre la seguridad de las personas involucradas.

El alcance de esos riesgos es, precisamente, uno de los extremos que deberá esclarecer la Fiscalía: si la difusión comprometió actuaciones pendientes, permitió conocer información protegida o provocó situaciones concretas de peligro.

Los dispositivos, la cadena de custodia y las actuaciones administrativas
La reconstrucción del recorrido de las filmaciones ocupa un lugar central entre las diligencias propuestas en la denuncia. Para ello, el escrito pide identificar a los funcionarios que participaron en los procedimientos, establecer quiénes tuvieron acceso a los archivos y preservar los dispositivos electrónicos utilizados para obtenerlos, almacenarlos, copiarlos o transmitirlos.

Una de las líneas de investigación se centra en el registro audiovisual del allanamiento de la vivienda de Pablo Leiva. Se procura establecer las circunstancias en que fue obtenido, qué dispositivos utilizó el director general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Robert Correa, y cómo se conservaron o transmitieron las imágenes.

El examen de los archivos originales, sus eventuales copias y los registros técnicos asociados permitiría reconstruir la cadena de custodia y determinar las sucesivas instancias de circulación del material.

A esas medidas se agrega el requerimiento de información sobre la geolocalización, los recorridos y las auditorías del Sistema de Control Vehicular (SISCONVE) correspondientes a los vehículos utilizados durante los procedimientos. Esos datos podrían contribuir a precisar las circunstancias operativas en las que se obtuvieron los registros audiovisuales.

Otro capítulo de la denuncia se dirige a la respuesta institucional del Ministerio del Interior. Los senadores pretenden que la Fiscalía acceda a las investigaciones administrativas realizadas, identifique a quienes estuvieron a cargo de ellas y establezca qué autoridades tomaron conocimiento de las filtraciones.

También buscan determinar si los hechos fueron comunicados formalmente al Ministerio Público, cuándo se produjo dicha comunicación y si alguna autoridad presentó una denuncia penal.

El escrito introduce una precisión jurídica sobre el alcance de las eventuales responsabilidades, al diferenciar las obligaciones legales de los funcionarios públicos de la situación de terceros que pudieron recibir o divulgar posteriormente la información.

"La amplitud del deber de guardar secreto del artículo 259.6 no implica que cualquier tercero que divulgue información sea, por ese solo hecho, autor del (delito previsto en el )artículo 163 del Código Penal", establece la denuncia.

La distinción no es menor: para determinar la existencia de responsabilidades penales, no basta con acreditar que un material reservado haya llegado al conocimiento público. También deben esclarecerse las circunstancias de su obtención, las obligaciones de quienes tuvieron acceso a él y las conductas concretas que hicieron posible su divulgación.

El trasfondo político de Trazador y las denuncias anteriores
La Operación Trazador derivó en tres condenas por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos, pero sus repercusiones también alcanzaron al Partido Nacional. A raíz de las derivaciones del caso y de la vinculación de su entonces asesor, Pablo Leiva, con la organización investigada, el partido resolvió suspender por dos años al edil de Montevideo, Gonzalo Gómez.

Las controversias en torno a los procedimientos policiales también habían llegado a la Fiscalía antes de la iniciativa de Blás, Falero y Bianchi. Denuncias anónimas vinculadas a la actuación de funcionarios y a las filmaciones realizadas durante un allanamiento habían sido asignadas al fiscal de Delitos Económicos de 3.er Turno, Gilberto Rodríguez.

Se trata de actuaciones distintas de la nueva denuncia penal, aunque relacionadas con aspectos de una misma operación cuyas derivaciones trascendieron la investigación original sobre narcotráfico y lavado de activos.

Entre los elementos documentales aportados ahora por los tres senadores figuran publicaciones del periodista Eduardo Preve, incorporadas para reconstruir cómo llegaron a difundirse los registros.

La presentación establece, sin embargo, una distinción expresa entre las eventuales conductas ilícitas de personas obligadas a guardar reserva y el ejercicio legítimo de la actividad periodística y de la libertad de información. No atribuye responsabilidad penal al periodista por publicar los materiales, sino que procura determinar si hubo una entrega ilegítima de información protegida y quiénes participaron en ella.

La denuncia de los senadores se presenta, además, mientras Trazador permanece abierta. Durante esta semana, el Ministerio del Interior informó sobre nuevos procedimientos, allanamientos y detenciones relacionados con la operación.

La advertencia de Blas sobre las filtraciones
La preocupación expresada por Blas también abarca las consecuencias institucionales de permitir que la divulgación de información reservada permanezca sin esclarecerse.

En sus declaraciones, el senador recordó las filtraciones que, según su evaluación, se producían durante la gestión del exfiscal de Corte, Jorge Díaz, y sostuvo que esa situación había cambiado con Mónica Ferrero al frente de la Fiscalía.

"Bueno, ahora parecería que vuelven (las filtraciones) y hay que pararlo de cuajo", afirmó.

Para el legislador, la reiteración de estos episodios, sin identificar a sus responsables, compromete las garantías de las personas involucradas en investigaciones penales, la seguridad de quienes intervienen en los procedimientos y el funcionamiento de la Justicia.

"No podemos estar omisos", sostuvo.

La dimensión institucional de esos riesgos también se desarrolla expresamente en las consideraciones finales de la denuncia, que advierte que la posible revelación ilegítima de información compromete "la regularidad del ejercicio de la función pública, el adecuado desarrollo de la persecución penal, la seguridad de los funcionarios actuantes y los derechos de las personas comprendidas en el procedimiento".

Sobre esa base, los legisladores pretenden que la investigación penal permita identificar el origen de las filtraciones, reconstruir las circunstancias en las que los materiales llegaron al conocimiento público y establecer, a partir de las pruebas obtenidas, las responsabilidades que correspondan.