Reforma penal: del consenso técnico al impacto real, la secuencia que expuso el efecto de las liberaciones

El proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) ingresó al sistema político como una iniciativa técnica, ampliamente consensuada y orientada a corregir el funcionamiento del modelo acusatorio. Sin embargo, la estimación de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que proyecta más de 2.000 posibles liberaciones en un año, reconfiguró el eje del debate y expuso una tensión entre el diseño original de la propuesta y su impacto concreto en el sistema penal.

El texto fue elaborado por un Grupo Asesor Técnico integrado por representantes del Poder Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial, la defensa pública y el Colegio de Abogados, tras más de seis meses de trabajo y decenas de reuniones. La iniciativa, presentada al presidente Yamandú Orsi el 16 de marzo, plantea una revisión integral del CPP a partir de la experiencia acumulada desde su entrada en vigencia en 2017.

Según la exposición de motivos remitida al Parlamento, la reforma busca corregir “inconsistencias” generadas por modificaciones parciales al sistema, fortalecer las garantías procesales, mejorar el rol de la defensa y dotar de mayor coherencia al funcionamiento general del proceso penal.

En esa misma línea, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, defendió el proyecto como una base sólida para la discusión legislativa. “Es un muy buen proyecto que servirá de base al debate parlamentario”, afirmó durante un conversatorio realizado el 8 de abril en el Paraninfo de la Universidad de la República, en el que se expusieron los principales lineamientos de la propuesta.

El oficialismo ha sostenido ese encuadre: una reforma técnica, con más del 95% de sus cambios acordados entre los actores del sistema, orientada a mejorar el funcionamiento del modelo acusatorio sin alterar sus principios centrales.

Más allá del eje político que se instaló en los últimos días, el contenido del proyecto muestra que la reforma va mucho más allá de ese eje y plantea cambios sustanciales en el funcionamiento del sistema penal.

En primer lugar, la iniciativa propone ampliar el régimen de libertad anticipada. El texto habilita a personas condenadas por delitos, hoy excluidas, a solicitar ese beneficio una vez cumplidas las tres cuartas partes de la pena, siempre bajo evaluación judicial caso a caso. El cambio no implica una liberación automática, pero sí amplía significativamente el universo de personas que podrían acceder a ese mecanismo.

El proyecto también introduce ajustes relevantes en el equilibrio de roles durante el proceso. Se refuerza la posición del juez de garantía, ampliando sus potestades de control durante la investigación y en la tutela de los derechos fundamentales, en un intento de corregir desequilibrios detectados en la aplicación del modelo acusatorio.

En paralelo, se consolidan garantías para la defensa desde etapas más tempranas del proceso, estableciendo un acceso más amplio a la evidencia y reforzando la igualdad de condiciones frente a la Fiscalía, en línea con los estándares del debido proceso.

Otro de los ejes del proyecto es la reorganización de la investigación penal. Se introducen modificaciones en la forma en que se estructura la indagatoria preliminar, en los plazos de actuación y en las herramientas disponibles para fiscales y jueces, con el objetivo de dotar al sistema de mayor coherencia y previsibilidad tras casi una década de funcionamiento.

La propuesta también incorpora cambios en materia de prueba y evidencia, con una regulación más profunda del uso de herramientas tecnológicas y una reorganización de conceptos que buscan ordenar criterios que hoy presentan interpretaciones dispares en la práctica judicial.

En conjunto, se trata de un rediseño amplio del proceso penal que no se limita a un único aspecto, sino que abarca desde las garantías del imputado hasta la estructura de la investigación y el rol de los distintos operadores del sistema.

Con ese rediseño sobre la mesa, la discusión dejó de ser estrictamente técnica.

La directora del INR, Ana Juanche, presentó una estimación concreta del efecto de esos cambios. “Son más de 2.000 personas… o sea que sí va a haber liberación”, señaló en Canal 5, al explicar que el universo potencial podría ubicarse entre el 15% y el 17% de una población penitenciaria cercana a las 17.000 personas.

Ese dato operó como un punto de inflexión: la reforma pasó a ser leída no solo por su diseño, sino también por sus consecuencias.

En el Senado, durante la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, el senador nacionalista por Maldonado, Rodrigo Blás, ya había cuestionado la orientación de la política penal vinculada al concepto de “desprisionalización”, presente en el programa del Frente Amplio. “Tenemos la obligación de decir que no compartimos la desprisionalización como enfoque y de advertir que no se recorra ese camino”, sostuvo en sala, en una línea que también fue expuesta por otros dirigentes de la oposición tras la estimación presentada por el INR, que proyecta más de 2.000 posibles liberaciones en un año.

Según informó El País, las declaraciones de Juanche sorprendieron a sectores del oficialismo, lo que contrasta con estos señalamientos y evidencia una tensión entre el encuadre original del proyecto y la lectura política de sus efectos.

Desde el gobierno, el énfasis se mantiene en el carácter técnico de la reforma. La iniciativa incluye modificaciones a unos 180 artículos del CPP y apunta a reforzar las garantías, mejorar la eficiencia del sistema y ajustar su funcionamiento a partir de la experiencia acumulada.

En ese marco, la propia Juanche introdujo un matiz institucional: aclaró que la eventual liberación de personas privadas de libertad no depende del Ministerio del Interior, sino de la aprobación parlamentaria de la reforma y de la evaluación, caso por caso, por parte del Poder Judicial.

Ese matiz, sin embargo, no ha alterado el eje del debate.

Con una estimación concreta, cuestionamientos previos en el Senado y antecedentes programáticos que vuelven a ponerse en foco, la reforma del CPP dejó de discutirse únicamente como un rediseño técnico del sistema procesal.

El centro de la discusión se desplazó hacia un punto más profundo: el alcance real de sus efectos y el modelo de política penal que proyecta.



foto: presidencia.gub.uy