Organizaciones despliegan ofensiva nacional contra la reforma del Código del Proceso Penal y alertan sobre un retroceso en los derechos de las víctimas

Más de treinta colectivos sociales y feministas impulsan una estrategia para incidir en la discusión parlamentaria del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Un informe técnico ya fue presentado ante la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados y, mientras continúa el debate legislativo, especialistas comenzaron a recorrer el país para exponer los principales cuestionamientos a la iniciativa. Maldonado fue una de las primeras escalas.

Mientras el Parlamento analiza el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) enviado por el Poder Ejecutivo, más de treinta organizaciones sociales y feministas iniciaron una ofensiva pública con el objetivo de influir en la discusión legislativa y advertir sobre lo que consideran un debilitamiento de las garantías de las víctimas en el proceso penal.

La estrategia combina distintas acciones. Primero fue una declaración pública firmada por organizaciones de todo el país. Luego, la elaboración de un informe jurídico que ya fue presentado ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados. Ahora, el trabajo continúa con una serie de conversatorios abiertos en distintos departamentos para trasladar el debate más allá del ámbito parlamentario y explicar públicamente los aspectos de la reforma que generan mayor preocupación.

Maldonado fue una de esas instancias.

La Junta Departamental fue sede del conversatorio "El Estado contra las víctimas. Proyecto de Presidencia para modificar el Código del Proceso Penal", organizado por la Coordinadora 8M Maldonado y con la participación de las abogadas Teresa Herrera, Soledad Suárez Navas, María de la Paz Echetto, Ivanna Messano y del abogado Ignacio Barlocci.

Para la Coordinadora 8M Maldonado, la actividad forma parte de un proceso nacional que busca abrir la discusión sobre una reforma que, a juicio de las organizaciones convocantes, modifica el lugar que ocupan las víctimas dentro del sistema de justicia penal.

"Estamos invitando a representantes de las asociaciones civiles que hicieron una declaración con muchísima preocupación contra un proyecto de modificaciones en el Código del Proceso Penal porque, efectivamente, esas modificaciones dejan en una condición muy particular a las víctimas", explicó Irene "Pepi" Gonçalvez, integrante de la organización.

Según señaló, el interés del movimiento de mujeres radica especialmente en aquellas situaciones donde la protección de las víctimas resulta determinante, tanto para quienes sufrieron el delito como para sus hijos e hijas, razón por la cual consideraron necesario convocar a especialistas que explicaran los fundamentos jurídicos de las observaciones formuladas al proyecto.

Gonçalvez indicó, además, que este tipo de actividades ya comenzó a desarrollarse en otros departamentos y que el objetivo es evitar que, durante el proceso legislativo, se consoliden disposiciones que, según entienden las organizaciones, afectan los derechos de personas que ya enfrentan especiales dificultades para acceder a la justicia.

"La víctima se convierte inmediatamente en sospechosa", resumió al referirse a uno de los principales cuestionamientos planteados por el colectivo.

Del comunicado al Parlamento
La exposición central estuvo a cargo de la abogada Soledad Suárez Navas, docente de la Universidad de la República y magíster en Litigación Estratégica por la Universidad de Salamanca, quien explicó que el trabajo desarrollado por especialistas trascendió el rechazo público inicial y derivó en la elaboración de un informe técnico ya entregado a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados.

Según relató, el documento fue presentado durante una comparecencia ante legisladores de distintos partidos políticos y no se limita a cuestionar la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, sino que también incorpora propuestas de redacción alternativas para varios artículos, con el objetivo de incorporar una perspectiva centrada en las víctimas.

"Proponemos cómo debieran redactarse desde la perspectiva de las víctimas y hacemos un intento de redacción (...) con la finalidad de colaborar", señaló.

Suárez Navas sostuvo que, desde su punto de vista, el principal problema del proyecto no responde a aspectos técnicos de redacción sino a la forma en que fue elaborado.

Afirmó que durante el proceso no fueron convocadas víctimas, organizaciones sociales ni operadores especializados en la materia, circunstancia que —a su entender— terminó reflejándose en el contenido de la iniciativa.

"Desde la convocatoria del grupo de trabajo se decidió no convocar a las víctimas en ninguna modalidad, ni a la sociedad civil ni a los operadores más expertos en víctimas", afirmó.

La abogada aclaró que las observaciones no se circunscriben a casos de violencia basada en género, sino que alcanzan a víctimas de rapiñas, estafas, homicidios, delitos vinculados al crimen organizado y a personas que presentan distintos factores de vulnerabilidad.

Los puntos que concentran las críticas
Entre los aspectos que las organizaciones consideran más preocupantes figura la posibilidad de que determinadas disposiciones habiliten diligencias de investigación sobre las propias víctimas o terceros vinculados al caso.

Durante su exposición, Suárez Navas sostuvo que el articulado podría permitir que un imputado solicite al juez determinadas medidas utilizando la fuerza pública, incluyendo diligencias que, según su interpretación, podrían implicar allanamientos, la incautación de teléfonos celulares u otras actuaciones sobre personas que denunciaron un delito.

A juicio de la especialista, ello compromete derechos vinculados a la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones, y entra en conflicto con estándares internacionales de derechos humanos y garantías constitucionales.

Otro de los cuestionamientos se centra en las modificaciones previstas en la reserva de las investigaciones penales.

La profesional manifestó preocupación por el alcance que podrían tener las eventuales responsabilidades civiles o penales para quienes difundan información vinculada a una investigación, al considerar que la redacción propuesta podría generar un efecto inhibidor sobre víctimas, testigos y terceros, e incluso sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de la actividad periodística.

En ese sentido, sostuvo que el fortalecimiento de los controles internos y la capacitación de los operadores del sistema constituirían una respuesta más adecuada que la incorporación de disposiciones de carácter intimidatorio para quienes intervienen en el proceso penal.

Con el proyecto aún en estudio del Parlamento, las organizaciones que impulsan esta campaña anticiparon que continuarán desarrollando actividades públicas y presentando argumentos técnicos con el objetivo de incidir en el debate legislativo sobre una de las reformas procesales más relevantes que actualmente se discuten.




foto galería: participantes del conversatorio realizado en Maldonado (Irene Gonçalvez en X)

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