Situación de calle: Partido Nacional avala despejes con apoyo policial y cuestiona al gobierno por falta de acción

La Departamental Nacionalista de Maldonado avaló que los municipios actúen ante ocupaciones de espacios públicos y, en casos extremos, puedan requerir apoyo de la fuerza pública, y atribuyó la responsabilidad al gobierno nacional. En el encuentro, la exdirectora del MIDES, Magdalena Zumarán, sostuvo que ni la Ley de Faltas ni la internación compulsiva se están aplicando.

El aumento de personas en situación de calle en Maldonado y los reclamos por la ocupación de espacios públicos motivaron la convocatoria de un cónclave de la Comisión Departamental Nacionalista, realizado este miércoles en la Junta Departamental, con la participación de alcaldes y dirigentes del departamento.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la departamental, Luis Eduardo Pereira, y reunió, entre otros, a los alcaldes de Maldonado, Punta del Este y San Carlos —Luis Cima, Damián Tort y Javier Carballal—, correspondientes a las jurisdicciones con mayor población y concentración del fenómeno.

“No es una percepción, es la verdad”, afirmó Pereira, quien agregó que la situación “se está haciendo muy notorio y demasiado crítico”.

El dirigente señaló, además, que el problema no es exclusivo del departamento y advirtió: “Es momento de tomar el toro por las astas para encarar algo que nos preocupa en todo el departamento”.

En ese contexto, la departamental aprobó una declaración que avala la actuación de los municipios ante ocupaciones ilegítimas de espacios públicos y privados cuando se vea afectada la convivencia o el uso compartido.

El documento establece que, en situaciones extremas de resistencia, los gobiernos locales podrán requerir el apoyo de la fuerza pública para proceder al despeje de esos espacios.

Pereira subrayó que el enfoque busca equilibrar la convivencia con la situación de quienes viven en la calle: “los espacios públicos son de todos y a todos hay que respetar la convivencia pacífica que queremos”.

Al mismo tiempo, remarcó la complejidad del tema: “no es tan fácil el tema y lo queremos tratar con toda ponderación”.

La departamental también fijó posición sobre las responsabilidades institucionales y sostuvo que la problemática no corresponde a los gobiernos departamentales ni a los municipios, sino al gobierno nacional.

“Tenemos que actuar entre todos para que esto no se nos vaya de las manos”, afirmó Pereira, quien agregó que el escenario puede agravarse: “está a punto de comenzar el invierno y empieza a haber más crisis que en otros momentos”.

Durante el encuentro, además, se plantearon cuestionamientos directos sobre el abordaje actual del problema por parte del gobierno.

La escribana Magdalena Zumarán, exdirectora departamental del MIDES, sostuvo que existen herramientas legales disponibles que no se están utilizando.

“Tenemos esas herramientas y no se están aplicando”, afirmó, en referencia a la ley de faltas y a la internación compulsiva.

Zumarán fue más allá y planteó el perfil de las situaciones que se registran: “la mayoría de la gente tiene un problema de salud mental o de consumo, todos lo sabemos”.

En ese sentido, sostuvo que “hay que aplicar la internación compulsiva” en aquellos casos donde las personas “no pueden decidir” por su situación.

También cuestionó el nivel de coordinación actual y marcó diferencias con la gestión anterior.

“Cuando veíamos a una persona en situación de calle, no importa la hora, ahí teníamos un equipo (…) para ver qué pasaba con esa persona, cuál era la situación, si correspondía o no a una internación compulsiva”, afirmó.

Y agregó que ese trabajo incluía articulación directa con otros organismos: “ya teníamos coordinado cómo hacer para acceder al Ministerio del Interior y las camas de ASSE, que es lo fundamental”.

La declaración aprobada por la departamental incluye, no obstante, una referencia al carácter social del fenómeno y señala que las personas en situación de calle “merecen atención solidaria y respeto”, al tiempo que advierte que no se puede permanecer indiferente ante esa realidad.

El planteo se inscribe en un escenario de creciente presión política y social sobre el tema en Maldonado, con iniciativas en discusión sobre el uso del espacio público y con la situación de calle consolidándose como uno de los principales ejes de la agenda departamental.


Acceda en adjunto a la declaración de la Departamental Nacionalista: