Construyeron su casa durante años, pero no pueden regularizarla: la Intendencia crea "Arquitecto de Oficio"

La modificación presupuestal 2027-2030 incorpora una herramienta destinada a familias que edificaron su vivienda con esfuerzo propio, pero no lograron completar la regularización por el costo de contratar un arquitecto. La Intendencia convocará profesionales, los vinculará con los beneficiarios y subsidiará la mayor parte de los honorarios, con una inversión prevista de $12 millones. La iniciativa busca resolver una situación que afecta tanto a los propietarios como al ordenamiento territorial del departamento.

Construir la casa propia rara vez es un proceso que termina el día en que se coloca el último ladrillo. Para muchas familias, la obra se realiza por etapas, a medida que los ingresos lo permiten: primero un dormitorio, después una cocina, más adelante una ampliación o el cerramiento del fondo. Sin embargo, una vez concluido ese esfuerzo, surge otro problema que a menudo permanece sin resolver durante años: regularizar la vivienda.

La modificación presupuestal 2027-2030, presentada por el intendente Miguel Abella, incorpora una respuesta específica a esa realidad. Se trata del programa "Arquitecto de Oficio", una nueva política del Departamento de Vivienda y Desarrollo Barrial que busca facilitar la regularización de viviendas cuyos propietarios no pueden asumir los honorarios profesionales necesarios para realizar el trámite.

La propuesta parte de un diagnóstico concreto que el propio expediente desarrolla expresamente. La Intendencia reconoce que existe un número importante de viviendas sin planos registrados, una situación que limita la realización de trámites básicos, genera irregularidades catastrales y, en muchos casos, no responde a una falta de voluntad de los propietarios, sino a una barrera económica: el costo de contratar a un arquitecto para elaborar la documentación exigida.

A partir de ese diagnóstico, el programa plantea un mecanismo de intervención directo. La Intendencia realizará un llamado a arquitectos para integrar la iniciativa. Una vez conformado ese registro, será la propia administración departamental la que vincule a los beneficiarios con los profesionales seleccionados y subsidie la mayor parte de los costos de regularización.

No se trata, por tanto, de una ayuda económica entregada directamente a los vecinos, sino de un sistema organizado por la Intendencia para acercar asistencia técnica a quienes hoy no pueden acceder a ella por sus propios medios. La población objetivo está integrada precisamente por personas que desean regularizar la situación de su vivienda, pero no cuentan con recursos suficientes para afrontar los honorarios profesionales que ese proceso implica.

El expediente establece, además, que el objetivo del programa no se limita a beneficiar a cada propietario de manera individual. La regularización permitirá mejorar la seguridad edilicia de las construcciones y, al mismo tiempo, ampliar y actualizar la base catastral del departamento, incorporando viviendas que hoy permanecen fuera de los registros correspondientes.

Como resultado esperado, la administración proyecta incrementar el número de viviendas regularizadas, facilitando el acceso de los beneficiarios a profesionales y reduciendo significativamente el costo que actualmente implica completar ese procedimiento.

Ese enfoque coincide con la visión que el director general de Vivienda y Desarrollo Barrial, Alejandro Lussich, había adelantado durante una entrevista concedida a Punta News y Canal 2, incluso antes de que la modificación presupuestal ingresara formalmente a estudio de la Junta Departamental.

Durante esa conversación, Lussich sostuvo que las políticas de vivienda no pueden limitarse a una única respuesta para toda la población, porque las realidades habitacionales son muy diferentes entre sí. Explicó que hay familias que necesitan acceder a una vivienda nueva, otras requieren apoyo para mejorar la que ya poseen y otras, como ocurre en muchos casos, lograron construir su casa mediante años de esfuerzo propio, pero siguen encontrando obstáculos para completar aspectos técnicos y administrativos que les permitan regularizar definitivamente esa situación.

En ese contexto, el jerarca adelantó que la modificación presupuestal incorporaría nuevas herramientas para ampliar las respuestas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Barrial y sostuvo que el área contará con una inversión importante durante el período de gobierno, precisamente para atender problemáticas diversas que no encuentran solución mediante un único instrumento.

La ejecución prevista para Arquitecto de Oficio también quedó definida en la ficha incorporada a la modificación presupuestal. El programa se ejecutará mediante la modalidad de contrato, tendrá como responsable al director de Vivienda, Fernando García Miranda, y concentrará la totalidad de su presupuesto en el rubro "Profesionales y técnicos", lo que confirma que los recursos estarán destinados a financiar la asistencia técnica necesaria para las regularizaciones y no a obras de construcción o ampliación de viviendas.

La inversión prevista asciende a $12 millones, distribuidos en $2 millones durante 2027 y $5 millones tanto en 2028 como en 2029. El programa no prevé asignación presupuestal para 2030, ya que la planificación concentra las intervenciones en los tres primeros años de ejecución.

El expediente establece, además, indicadores concretos para evaluar el desempeño de la iniciativa. El seguimiento se realizará a través del porcentaje de regularizaciones iniciadas y regularizaciones finalizadas, mientras que las metas establecidas por la propia administración contemplan 36 intervenciones durante 2027, 90 en 2028 y otras 90 en 2029.

No se trata de un dato menor. La incorporación de metas cuantificables permite medir posteriormente si el programa cumple los objetivos planteados o si la demanda supera las previsiones iniciales de la Intendencia.

Durante la entrevista concedida a Punta News, Lussich también puso énfasis en que las políticas públicas vinculadas a la vivienda deben contemplar trayectorias muy diversas. Señaló que el departamento presenta diversas necesidades y que la administración procura desarrollar herramientas específicas para cada una de ellas, en lugar de concentrar todos los esfuerzos en un único tipo de respuesta habitacional.

Esa lógica se refleja en la propia modificación presupuestal. Junto con el Arquitecto de Oficio, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Barrial incorpora otras iniciativas orientadas a atender situaciones diversas, como el subsidio de alquiler para familias monoparentales con hijos a cargo y un programa específico para casos de emergencia habitacional y de vulnerabilidad extrema.

En ese contexto, Arquitecto de Oficio ocupa un lugar particular en la estrategia departamental. No apunta a construir viviendas nuevas ni a financiar ampliaciones, sino a resolver un problema que permanece invisibilizado para muchas familias: haber logrado levantar su casa con años de trabajo y esfuerzo, pero seguir fuera de la formalidad porque el costo de regularizarla quedó fuera de sus posibilidades económicas.

La apuesta de la Intendencia consiste precisamente en eliminar esa barrera mediante una intervención pública que acerque la asistencia técnica a quienes hoy no pueden acceder a ella. Si las metas previstas se cumplen, el programa permitirá que decenas de viviendas comiencen a incorporarse cada año a la formalidad, facilitando a sus propietarios la realización de trámites que hoy se les ven limitados por la falta de planos registrados y, al mismo tiempo, mejorando la información catastral y la seguridad edilicia del departamento.