Gobierno se prepara ante un episodio “muy severo” de El Niño: estima hasta 25.000 desplazados y lluvias de 500 milímetros mensuales

El Poder Ejecutivo trabaja en un escenario que podría dejar a más de 5.000 personas evacuadas y afectar viviendas, el trabajo, el turismo y la vida cotidiana. El período de mayor severidad se prevé entre septiembre y noviembre, aunque existe una probabilidad del 80% de que los eventos adversos se extiendan hasta abril. Ante esas proyecciones, el Gobierno aseguró créditos contingentes por US$ 750 millones y activó la coordinación con los CECOED departamentales.

El Gobierno comenzó a preparar la respuesta ante un fenómeno de El Niño que, de acuerdo con las previsiones del Poder Ejecutivo, podría tener una severidad considerablemente mayor que la de episodios anteriores. Las estimaciones sobre las que trabaja contemplan hasta 25.000 personas desplazadas, más de 5.000 evacuadas y precipitaciones que podrían alcanzar los 500 milímetros cada 30 días.

El escenario fue analizado este martes en el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi y, posteriormente, fue expuesto por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quien señaló que los datos disponibles y los análisis internacionales y científicos indican que “va a ser un evento mucho más severo”.

“Estamos estimando la posibilidad de que tengamos un total de 25 mil personas desplazadas y más de 5 mil personas evacuadas, con precipitaciones que podrían llegar hasta los 500 milímetros cada 30 días”, detalló Sánchez al dimensionar el escenario que llevó al Ejecutivo a avanzar en medidas preventivas y en mecanismos de financiamiento para afrontar sus eventuales consecuencias.

La magnitud del volumen de lluvias previsto fue puesta en perspectiva por el propio secretario de la Presidencia. “Les quiero decir que en Uruguay al año llueven 1.200 milímetros”, señaló. Con precipitaciones mensuales que podrían alcanzar los 500 milímetros, sostuvo: “Estamos en un escenario muy difícil”.

El impacto que evalúa el Gobierno no se circunscribe únicamente a las inundaciones ni a la eventual evacuación de la población. Sánchez advirtió que el fenómeno “va a impactar naturalmente en las viviendas, en el trabajo, en el turismo, en la vida social de los uruguayos”, una dimensión especialmente relevante para los departamentos donde la actividad turística tiene fuerte incidencia económica y laboral.

Las previsiones sitúan el tramo potencialmente más severo del episodio entre septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, el horizonte de riesgo es considerablemente más amplio: según informó Sánchez, existe una probabilidad del 80% de que los eventos adversos asociados a El Niño en Uruguay se prolonguen hasta abril.

Ante esas proyecciones, el Ejecutivo convocó a la Junta Nacional de Seguridad Climática y avanzó en la elaboración de un protocolo de atención. Paralelamente, los centros coordinadores de emergencias departamentales y otras dependencias del Estado trabajan en planes de contingencia y en mecanismos de alerta temprana para responder a los distintos escenarios que pueda generar el fenómeno.

“Ya están dispuestos todos los mecanismos de coordinación de los CECOED departamentales, más el resto de las oficinas del Estado”, aseguró el secretario de la Presidencia.

La preparación incluye, además, un respaldo financiero de magnitud. El Gobierno acordó créditos contingentes por US$ 750 millones con organismos internacionales, fundamentalmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, destinados a atender situaciones de desastres naturales que puedan producirse como consecuencia de El Niño.

De ese total, unos US$ 300 millones estarán disponibles en 2026 y otros US$ 450 millones en 2027. A diferencia de un financiamiento destinado a cubrir gastos ordinarios, se trata de recursos contingentes, preparados para ser utilizados ante la ocurrencia de los eventos para los que fueron gestionados.

Sánchez vinculó también la capacidad de respuesta del Estado con la Rendición de Cuentas que se encuentra a consideración del Parlamento. Explicó que existen partidas ya previstas para trabajar junto con los gobiernos departamentales que podrían verse comprometidas si el proyecto no es aprobado y los recursos resultan insuficientes. Diferenció, no obstante, esa situación de los US$ 750 millones en créditos contingentes, que el Gobierno ya tiene acordados para enfrentar un eventual escenario de alta severidad.

La advertencia transmitida después del Consejo de Ministros estuvo acompañada de un llamado a asumir que la respuesta, si se concretan las proyecciones, excederá la capacidad de los organismos públicos. Sánchez sostuvo que será necesario recurrir a “la solidaridad, a la responsabilidad y al compromiso del conjunto del pueblo uruguayo” para afrontar una situación que, insistió, “tiene toda la previsión de ser muy severa”.

El Ejecutivo asegura que ya cuenta con los mecanismos económicos y de coordinación necesarios para comenzar a enfrentar el escenario previsto, mientras los organismos nacionales y departamentales avanzan en la preparación para un fenómeno cuyos efectos más intensos podrían comenzar a sentirse en septiembre y prolongarse, con distinta intensidad, durante varios meses.






foto: inundación Piriápolis, enero 2022