Sánchez cambia el tono por el puerto: gobierno recurrirá a la esencialidad si es necesario y si ministro Castillo no acompaña la decisión, “presentará la renuncia”

El secretario de Presidencia fijó este lunes un límite a la negociación entre TCP y sus trabajadores y dejó abierta una salida que hasta ahora el gobierno había procurado evitar: si el conflicto se prolonga y continúa perjudicando al comercio exterior, el Poder Ejecutivo podrá declarar la esencialidad. En entrevista con Desayunos Informales, y cuando le recordaron que Juan Castillo había señalado esa herramienta como un límite para su permanencia en el Ministerio de Trabajo, Sánchez fue todavía más lejos: sostuvo que, si el ministro entiende que no puede acompañar una decisión del gobierno, “presentará la renuncia” y remarcó que “todos somos fusibles”.

Uno de los mensajes más fuertes se dio cuando Alejandro Sánchez pasó de explicar por qué el gobierno continúa apostando por la negociación en la terminal especializada de contenedores a establecer qué ocurrirá si esa instancia termina agotándose. “Hay un momento en que la negociación tiene que terminar”, afirmó este lunes durante la entrevista, antes de señalar que, llegado ese punto, la esencialidad dejará de estar fuera de las alternativas del Ejecutivo.

“Si se tiene que recurrir a la herramienta de la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ella”, aseguró el secretario de Presidencia, en una definición que endurece el tono con el que el gobierno venía enfrentando un conflicto que, en los últimos meses, provocó sucesivas interrupciones en la operativa de la principal terminal de contenedores del país.

Pero la definición adquirió inmediatamente otra dimensión cuando, en el programa, le recordaron que el ministro de Trabajo, Juan Castillo, había planteado previamente que declarar la esencialidad constituiría un límite para él como integrante del gobierno.

Sánchez dijo inicialmente que desconocía esa manifestación. Sin embargo, una vez puesto el antecedente sobre la mesa, dejó claro que una posición personal del ministro no condicionará una eventual decisión del Poder Ejecutivo.

“Si nosotros, llegado el caso, vemos que la negociación se tranca y llega a una situación de perpetuidad de un conflicto que perjudica al Uruguay del trabajo, no hay duda”, sostuvo. Y añadió: “Si el ministro de Trabajo entiende que ese no es su camino, presentará la renuncia. Es sencillo. Todos somos fusibles, todos somos responsables de nuestras decisiones”.

El secretario de Presidencia reforzó luego el alcance político de su respuesta al señalar expresamente que no está en consideración del Ejecutivo dejar de recurrir a la esencialidad debido a la posición que pueda tener Castillo.

“No está en consideración del Poder Ejecutivo el no emitir un decreto de esencialidad por ese comentario de Juan, que yo ni lo sabía”, afirmó.

Sánchez procuró después quitarle a la definición un carácter exclusivamente dirigido al ministro de Trabajo y extenderla a su propia situación. “Vale para Juan Castillo, vale para Alejandro Sánchez”, sostuvo, antes de explicar que cuando el Poder Ejecutivo adopta una decisión que un integrante del gobierno entiende que contradice sus convicciones, “lo que tiene que hacer es dar un paso al costado”.

“El gobierno exige tomar las decisiones que importan al país”, agregó. Y volvió sobre el escenario portuario: si el conflicto entra en una situación de “perpetuidad”, perjudica al comercio exterior y la esencialidad se vuelve necesaria, “vamos a tener que recurrir a esa herramienta”.

La advertencia no implica que el gobierno haya decidido actualmente decretarla. Por el contrario, Sánchez explicó extensamente por qué el Ejecutivo procura aún evitar ese escenario y mantener la negociación en la terminal de contenedores.

Según señaló, el conflicto no involucra actualmente a todo el puerto de Montevideo, sino específicamente a TCP, la terminal especializada operada por Katoen Natie, en la que existe una participación estatal minoritaria. Allí venció el convenio colectivo y la empresa y los trabajadores no han logrado hasta ahora cerrar uno nuevo.

Sánchez dijo que tanto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como el Ministerio de Trabajo participan diariamente en las gestiones y que incluso se realizaron reuniones en la Torre Ejecutiva para intentar destrabar las diferencias.

Uno de los principales puntos de discusión es el de los jornales asegurados. Explicó que existe un grupo de trabajadores que tiene garantizados 13 jornales mensuales, aun cuando la empresa no los convoque, lo que representa aproximadamente 60.000 pesos, mientras otros tienen asegurados 18 y un grupo menor, 27. El sindicato procura elevar el piso de quienes actualmente cuentan con 13.

También confirmó que quedó fuera de la negociación un planteo sindical que había generado controversia: una partida de 50.000 pesos por trabajador vinculada al inicio de las conversaciones.

“Eso ya no está arriba de la mesa, por suerte”, señaló.

De acuerdo con Sánchez, se había avanzado hacia un principio de acuerdo, pero posteriormente el sindicato incorporó nuevos planteos que volvieron a enlentecer las conversaciones. Aun así, sostuvo que las tratativas fueron reencauzadas y que existe la posibilidad de alcanzar un entendimiento.

Es precisamente mientras esa vía continúe abierta cuando la Presidencia pretende evitar la esencialidad.

Sánchez explicó que el gobierno ha solicitado a la empresa y al sindicato la existencia de guardias gremiales que permitan mantener determinados servicios durante las medidas, pero diferenció esa posibilidad de una declaración formal de esencialidad.

La razón, sostuvo, también es estratégica. Una medida de ese tipo tiene consecuencias para quienes no concurran a trabajar y, además, los sindicatos portuarios mantienen mecanismos de solidaridad ante los conflictos. Por eso, una declaración de esencialidad en TCP podría provocar que una disputa hoy localizada en la terminal especializada se extendiera al resto del puerto.

“Lo primero que tiene que hacer un negociador es mantener el conflicto donde está y no extenderlo”, explicó. Una expansión, afirmó, sería “muy mala para todo el Uruguay”.

Hasta ahora, agregó, mediante diálogo y negociación, el Ejecutivo consiguió que las paralizaciones que se iniciaban pudieran levantarse tras 24 o 32 horas. Pero advirtió que esa dinámica tampoco puede prolongarse indefinidamente.

“Se deja pasar determinadas cosas en el marco de que se está negociando, pero hay un momento en que la negociación tiene que terminar”, sostuvo.

El gobierno tampoco fijará públicamente un plazo para alcanzar el acuerdo. Sánchez explicó que hacerlo podría alterar los incentivos de las partes y terminar jugando en contra de la propia negociación, porque cualquiera de ellas podría decidir prolongar el conflicto sabiendo de antemano cuándo vencería el margen concedido por el Ejecutivo.

“No te voy a dar un plazo”, afirmó, aunque admitió que “algunos plazos andan en la vuelta”.

El mensaje transmitido a ambos lados, según explicó, es que tanto TCP como el sindicato deben negociar de buena fe y que el comercio exterior uruguayo no quedará expuesto indefinidamente a las consecuencias del conflicto.

Sánchez reconoció que las medidas ya generaron pérdidas, aunque señaló que Uruguay viene registrando niveles récord de exportaciones y que el conflicto no impidió el crecimiento global del comercio exterior. Admitió, de todos modos, que los resultados podrían haber sido aún mejores sin las interrupciones.

También vinculó la preocupación del Ejecutivo con las inversiones pendientes en TCP. Dijo que el gobierno pretende que la empresa concrete las obras comprometidas, amplíe la terminal y contribuya a recuperar carga para Montevideo.

En ese marco volvió a cuestionar el acuerdo alcanzado durante el gobierno anterior, que otorgó a la terminal especializada una posición central en la operativa de contenedores. Recordó que personalmente se opuso, aunque subrayó que los contratos firmados deben cumplirse porque Uruguay se rige por el Estado de Derecho.

Sánchez evitó profundizar en algunos aspectos del régimen portuario debido a los arbitrajes internacionales que enfrenta el país, pero sostuvo que la existencia de una sola terminal especializada terminó generando conflictos entre operadores de terminales y grandes navieras, y que parte de esas consecuencias hoy las está pagando Uruguay.

En ese escenario, la negociación continúa abierta y la esencialidad sigue siendo presentada por la Presidencia como una herramienta de última instancia. Lo que cambió este lunes fue el límite: Sánchez dejó establecido que el Ejecutivo está dispuesto a utilizarla si entiende que el conflicto llegó demasiado lejos y, además, que una eventual incompatibilidad del ministro de Trabajo con esa decisión no impedirá que el gobierno avance.