Desorden, desacato y ataque a un policía en San Carlos derivó en condena de un hombre

Un siniestro de tránsito sin personas lesionadas derivó en un episodio de violencia contra la autoridad policial, en daños a un móvil oficial y en una posterior condena judicial en la ciudad de San Carlos.

El hecho ocurrió la noche del sábado 17, cuando el Centro de Comando Unificado (CCU) recibió un llamado al 911 que reportaba un desorden de magnitud generado tras un accidente de tránsito en la jurisdicción de la seccional 2.ª, correspondiente a la Zona Operacional III.

Al lugar concurrieron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM), con el apoyo del Área de Investigaciones de Zona III y del personal motorizado del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). A su arribo, los funcionarios constataron una situación de desorden generalizado, en la que participaban tanto los conductores involucrados en el siniestro como otras personas.

Según confirmó la Jefatura de Policía de Maldonado, uno de los conductores, identificado como J.C.C.B., de 29 años y con antecedentes penales, entró en desacato ante la intervención policial y agredió a un funcionario, propinándole un golpe de puño en el rostro.

El efectivo policial sufrió un hematoma con sangrado en el pómulo derecho, por lo que fue trasladado a un centro asistencial de San Carlos, donde se le diagnosticaron hematoma y herida cortante subpalpebral derecha con sangrado activo.

El agresor fue detenido y derivado a la seccional 2.ª y durante el traslado provocó daños en la mampara de la ventana del acompañante y en la puerta del vehículo oficial.

La situación fue finalmente controlada, no registrándose nuevos incidentes en el lugar. El procedimiento fue documentado y puesto en conocimiento de la Fiscalía competente, que dispuso la conducción de J.C.B.B. para las instancias indagatorias.

Finalmente, este domingo 18, J.C.C.B. compareció ante el Juzgado Letrado de 4.º Turno, donde se celebró audiencia y se dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de atentado agravado, en concurso formal con un delito de lesiones personales y un delito de daño.

La pena impuesta fue de 13 meses de prisión, a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba, con obligación de fijar domicilio que permita el control de la DINAMA; someterse a la orientación y vigilancia de dicho organismo; presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente al domicilio fijado y realizar servicios comunitarios una vez por semana, por dos horas diarias cada vez durante 10 meses.