Fraccionamientos en Maldonado: piden identificar todos los PAI y determinar si el saneamiento puede acompañar el crecimiento urbano

El edil colorado Ignacio Garateguy presentó en la sesión de este martes 13 de la Junta Departamental un pedido de informes para conocer cuántos Programas de Actuación Integrada (PAI) existen en Maldonado, en qué etapa se encuentran y qué soluciones de saneamiento contempla cada uno. El planteo surge tras la denuncia de organizaciones ambientalistas sobre los impactos de las nuevas urbanizaciones en Piriápolis y Solís, y la reclamación de frenar temporalmente su avance. La cantidad de proyectos, la capacidad de la infraestructura sanitaria y las responsabilidades respecto de las obras necesarias quedaron en el centro de la discusión.

El avance de nuevos fraccionamientos en Maldonado abrió un nuevo frente de discusión en la Junta, esta vez sobre la capacidad de la infraestructura de saneamiento para acompañar el crecimiento urbano. Durante la sesión ordinaria de este martes, el legislador colorado Ignacio Garateguy formuló un pedido de informes a la Intendencia para conocer la situación de todos los Programas de Actuación Integrada (PAI) del departamento y las condiciones sanitarias previstas para cada uno de ellos.

La iniciativa se produjo menos de una semana después de que representantes de la Red Ambiental Piriápolis y Alrededores y de la Unidad de Denuncia Ambiental Ciudadana comparecieran ante las comisiones de Ambiente y de Planeamiento de la Junta, el miércoles 7 de octubre, para advertir sobre los efectos acumulativos de nuevas urbanizaciones, particularmente en Piriápolis y Solís.

"El crecimiento urbano debe ser acompañado con infraestructura suficiente y con una planificación que contemple a los vecinos que ya viven en el territorio", sostuvo Garateguy al presentar su planteo.

Uno de los datos que motivó la solicitud fue la estimación de la Red Ambiental de 49 PAI en Maldonado. El edil señaló expresamente la necesidad de confirmar oficialmente esa cifra y determinar cuántos proyectos están aprobados, cuántos continúan en trámite y cuáles fueron archivados o desistidos. Por lo tanto, ese número no constituye todavía un registro oficial verificado.

Qué información se reclama a la Intendencia
El pedido de informes, fundamentado en el artículo 284 de la Constitución, pretende obtener un relevamiento actualizado de los PAI existentes en el departamento, con la identificación de cada emprendimiento, su número de expediente, municipio, ubicación, superficie y cantidad de lotes o viviendas previstas.

También solicita distinguir las diferentes etapas administrativas e incorporar las soluciones de saneamiento proyectadas y los informes de viabilidad de OSE-UGD que consten en los expedientes.

Los PAI son instrumentos de ordenamiento territorial mediante los cuales se establecen las condiciones para desarrollar determinados sectores de suelo, incluidas las transformaciones de categoría necesarias para habilitar nuevas urbanizaciones. Su tramitación comprende aspectos urbanísticos, ambientales e infraestructura que deben evaluarse de acuerdo con las características de cada proyecto.

Para Garateguy, conocer las condiciones de cada emprendimiento no basta si no se conoce su efecto sobre la infraestructura compartida.

"También corresponde evaluar la demanda de todos los fraccionamientos en conjunto", señaló, al advertir que varios desarrollos pueden utilizar los mismos colectores, las mismas estaciones de bombeo y las mismas instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

Ese punto introduce una cuestión central: la viabilidad sanitaria de un fraccionamiento considerado individualmente no permite establecer, por sí sola, si el sistema podrá absorber la demanda acumulada de todos los proyectos previstos para una misma zona.

El edil reclamó, además, conocer la cobertura efectiva del saneamiento en Piriápolis, identificar los sectores sin acceso a la red y determinar cuántas viviendas cuentan con posibilidad de conexión pero aún no están conectadas. Consideró necesario contemplar tanto las necesidades de la población permanente como el incremento de la demanda durante la temporada turística.

También planteó que las obras necesarias deben contar con responsabilidades y financiación claramente definidas.

"Debe quedar claro qué obras corresponden a los desarrolladores, cuáles integran la inversión pública y cómo se sostendrá su operación y mantenimiento", afirmó.

Los proyectos previstos y la dimensión de la expansión urbana
La preocupación por el impacto conjunto de los nuevos fraccionamientos encuentra antecedentes concretos en la documentación de ordenamiento territorial publicada por la propia Intendencia.

El Informe Ambiental Estratégico del PAI Zeballos, fechado en noviembre de 2024, analiza el desarrollo de cuatro emprendimientos en el entorno de Piriápolis: Piria, Pueblo Obrero Prader S.A., Entre Cerros y Zeballos.

De acuerdo con ese documento, los cuatro proyectos abarcaban una superficie conjunta de aproximadamente 105 hectáreas y contemplaban la creación de 1.017 lotes de entre 300 y 1.200 metros cuadrados.

El desglose incluía 108 lotes en Piria, 594 en Pueblo Obrero Prader S.A., 268 en Entre Cerros y 47 en Zeballos. Al momento de elaborarse el informe, Entre Cerros figuraba como aprobado, mientras que los otros tres emprendimientos se encontraban en proceso.

Se trata de información correspondiente a noviembre de 2024, por lo que no permite determinar el estado administrativo actual de todos esos proyectos. Sin embargo, dimensiona la transformación territorial contemplada en una parte de Piriápolis y la importancia de conocer las exigencias de infraestructura asociadas.

El mismo informe ambiental sostenía que los nuevos desarrollos podrían integrarse a las redes de saneamiento existentes y que la infraestructura de tratamiento de Piriápolis disponía de capacidad para absorber futuros crecimientos. También reconocía que el incremento de las superficies impermeabilizadas podía alterar los patrones naturales de drenaje y contemplaba medidas para mitigar esos efectos.

Precisamente, el planteo formulado ahora en la Junta apunta a obtener una evaluación actualizada y conjunta que permita contrastar las previsiones de cada emprendimiento con la capacidad efectiva de los servicios y con el desarrollo simultáneo de otras urbanizaciones.

Las advertencias de las organizaciones ambientalistas
El pedido de Garateguy se inscribe en un escenario de cuestionamientos más amplio que el del saneamiento.

El 7 de octubre, representantes de organizaciones ambientales entregaron a las comisiones de la Junta ocho carpetas con denuncias acumuladas desde 2022, acompañadas de documentación técnica y registros fotográficos.

Las organizaciones denunciaron intervenciones en humedales y cursos de agua, rellenos que consideran irregulares, canalizaciones, tala de monte nativo y situaciones de contaminación hídrica y del suelo. También cuestionaron lo que describieron como una falta de respuestas institucionales suficientes a las denuncias presentadas.

Según sus estimaciones, los desarrollos urbanísticos que motivan sus reclamos abarcan unas 400 hectáreas en Piriápolis y en Solís. Esa superficie corresponde a los emprendimientos señalados por las organizaciones y no debe confundirse con la estimación de 49 PAI mencionada por Garateguy para todo Maldonado.

Trece organizaciones firmantes solicitaron una veda cautelar que suspenda temporalmente la tramitación y la aprobación de nuevos proyectos de urbanización mediante PAI, mientras se revisan las situaciones denunciadas. También reclamaron evaluaciones ambientales que contemplen los impactos acumulativos, mayor participación ciudadana y prioridad al Plan Local de Ordenamiento Territorial de Piriápolis y Solís Grande.

Esas denuncias constituyen planteos de las organizaciones y requieren las verificaciones técnicas y administrativas correspondientes. La solicitud de una veda cautelar tampoco equivale a una suspensión ya dispuesta por las autoridades.

El saneamiento de Piriápolis y las obras pendientes de planificación
La discusión adquiere especial relevancia debido a los antecedentes recientes en infraestructura sanitaria en la zona.

En mayo de este año, Punta News informó que Piriápolis había quedado fuera del esquema reestructurado del Plan de Universalización del Saneamiento de OSE, una decisión que suscitó cuestionamientos políticos sobre el alcance del programa y las inversiones previstas para distintas localidades del interior.

Esa controversia se refiere específicamente a la reformulación de ese plan y no implica que hayan desaparecido otras obras o actuaciones de saneamiento en el balneario.

De hecho, el informe de gestión de OSE correspondiente a 2024 registraba avances en la sustitución del colector de aguas residuales de la rambla de los Argentinos, con trabajos aún pendientes en el pozo de bombeo de la plaza Guernica. Garateguy mencionó ese antecedente y planteó la necesidad de actualizar la información para conocer el estado de esas intervenciones y su contribución a la capacidad actual del sistema.

El legislador también reclamó coordinar las soluciones de saneamiento con la gestión de las aguas pluviales, especialmente en sectores donde la urbanización modifica el escurrimiento natural y puede afectar cañadas, humedales y zonas expuestas a inundaciones.

Además del pedido de informes, propuso incorporar estas preocupaciones al trabajo de las comisiones de Ambiente y Planeamiento de la Junta, con la participación de OSE-UGD, la Intendencia y las organizaciones ciudadanas, para avanzar hacia un diagnóstico compartido y una programación de obras con plazos y responsabilidades definidos.

Las actuaciones también fueron destinadas a organismos nacionales y departamentales con competencias ambientales y territoriales.

La información solicitada al Ejecutivo departamental permitirá precisar una cuestión que hoy permanece sin una respuesta pública integral: cuántas nuevas urbanizaciones están previstas en Maldonado, qué exigencias sanitarias acompañan su desarrollo y si las inversiones y capacidades existentes resultan suficientes para absorber el crecimiento proyectado sin trasladar nuevas dificultades a los barrios y poblaciones ya establecidos.