Piriápolis quedó fuera del nuevo plan de saneamiento de OSE y crece la preocupación por el impacto en obras, empleo y desarrollo urbano

La salida de Piriápolis del nuevo esquema del Plan de Universalización del Saneamiento (PUSU) de OSE quedó en el centro de una fuerte controversia política luego de que el Partido Nacional denunciara un “drástico recorte” del programa aprobado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y advirtiera sobre las consecuencias que la decisión puede tener para decenas de localidades del interior.

El tema comenzó a escalar este martes a partir de una conferencia encabezada por el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, junto al diputado Juan Pablo Delgado y al diputado por Maldonado, Federico Casaretto, quienes cuestionaron la reformulación impulsada por OSE y sostuvieron que el nuevo diseño deja afuera a unas 33 localidades originalmente incluidas en el plan.

“Allí donde nuestro proyecto le daba a todo el país la posibilidad de que las localidades chicas tuvieran algo tan importante y clave como es el saneamiento, el Directorio de OSE decidió pasar de 61 localidades y canceló 33, dejó solo 28”, afirmó Álvaro Delgado.

La preocupación tomó rápidamente dimensión departamental cuando, horas más tarde, el edil nacionalista Miguel Muto retomó el tema en la sesión de la Junta Departamental de Maldonado y señaló específicamente el caso de Piriápolis.

Según planteó, la exclusión del balneario del nuevo esquema de saneamiento genera incertidumbre sobre futuras obras de infraestructura y sobre el impacto que ello podría tener en la construcción, el empleo y el desarrollo urbano en una de las zonas de mayor crecimiento del departamento.

El punto adquiere especial sensibilidad en Maldonado porque el saneamiento aparece directamente ligado a la expansión urbana, al desarrollo inmobiliario, a las obras viales y a la planificación territorial, particularmente en localidades turísticas que mantienen crecimiento sostenido y presión sobre servicios e infraestructura.

La propia documentación difundida por la Comisión Asesora sobre Agua y Saneamiento del Directorio nacionalista refuerza la preocupación por Piriápolis.

En la tabla incluida en el informe —donde se detalla la “propuesta reestructurada de intervención” del PUSU—, Piriápolis figura tachada en el nuevo esquema presentado por OSE, mientras que Aiguá permanece incluida.

El informe sostiene que el plan original aprobado durante la administración anterior contemplaba intervenciones en 61 localidades de 18 departamentos del interior y que el rediseño actualmente manejado por OSE reduce ese alcance a solo 28 localidades.

“Alertamos por el grave impacto para 33 localidades del interior que quedan eliminadas de la nueva reestructura del Plan de Universalización del Saneamiento de OSE”, señala el documento elaborado por la comisión asesora nacionalista.

Según el Partido Nacional, el proyecto original ya contaba con financiamiento, una licitación adjudicada y obras en marcha.

El informe detalla que el PUSU había sido estructurado con un préstamo de FONPLATA por US$ 325 millones —con posibilidad de ampliación—, junto a la Ley Nº 20.241 de subsidio para OSE, estimada en unos US$ 480 millones en 16 años, además de recursos presupuestales históricos del organismo destinados a infraestructura sanitaria.

Uno de los argumentos centrales del nacionalismo es que el recorte no afecta solo obras de saneamiento, sino también las posibilidades de desarrollo urbano y habitacional en localidades medianas y pequeñas del interior.

“La licitación también implicaba que diera mano de obra local, que la gente no solo tuviera saneamiento sino que esa localidad tuviera fuente de trabajo también”, afirmó Juan Pablo Delgado durante la conferencia.

En la misma línea, el informe sostiene que la falta de redes de saneamiento “compromete de forma significativa el desarrollo y la concreción de planes de viviendas sociales” y representa un retroceso para localidades donde las obras proyectadas también implicaban la generación de empleo local y el movimiento económico.

Durante su intervención en la Junta Departamental, Muto vinculó el tema con el impacto que podría producirse en Maldonado en el sector de la construcción y mencionó contactos mantenidos con representantes de la Cámara de la Construcción y del SUNCA, ante la preocupación generada por la eventual caída o postergación de obras.

Otro de los cuestionamientos planteados por el Partido Nacional se refiere a la falta de definiciones claras sobre los cronogramas y el alcance territorial del nuevo esquema de saneamiento.

Según el informe, autoridades de OSE comparecieron el pasado 6 de mayo ante la Comisión de Vivienda y Territorio de Diputados e informaron que el PUSU había sido “rediseñado”, aunque —de acuerdo al documento nacionalista— sin precisar todavía cronogramas definitivos de ejecución ni cobertura final por localidad.

Álvaro Delgado sostuvo, además, que esa situación genera dificultades para municipios e intendencias que deben coordinar obras viales, pluviales e infraestructura urbana con las futuras intervenciones de saneamiento.

“Dejan a los alcaldes sin fecha precisa, con lo cual tienen que planificar sus propias obras, porque saneamiento distorsiona obviamente todo lo que tiene que ver con las obras de infraestructura de calles en las diferentes localidades”, afirmó.

En el caso de Maldonado, el foco político y territorial terminó concentrándose especialmente en Piriápolis, una localidad donde el crecimiento urbano, turístico e inmobiliario viene sosteniendo desde hace años una discusión permanente sobre infraestructura y servicios.

Por ahora, el nuevo esquema presentado por OSE deja al balneario fuera de las localidades incluidas en la reestructuración del PUSU, mientras el Partido Nacional intenta convertir el tema en uno de los principales cuestionamientos al manejo del saneamiento y de la inversión pública en el interior al inicio del actual gobierno.