Playa Hermosa: Justicia frena el uso de predios en la costa y reaviva un viejo conflicto entre propiedad privada, ambiente y política

Un fallo del Tribunal de Apelaciones confirmó la prohibición de construir en cuatro padrones a lo largo de la faja costera de Playa Hermosa. La familia Anagnostis reafirma su derecho de propiedad, denuncia un “desorden jurídico” histórico y acusa de motivos políticos detrás del conflicto. La Intendencia defiende la medida por razones ambientales. El caso vuelve a exponer tensiones estructurales en la costa de Maldonado.

La disputa por cuatro predios ubicados en la faja costera de Playa Hermosa volvió a escalar en las últimas semanas, tras una decisión judicial que profundiza un conflicto de larga data entre particulares y el Estado. Según informó el periodista Marcelo Gallardo en dos publicaciones en su cuenta de X, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno confirmó una medida cautelar que prohíbe innovar y utilizar las construcciones existentes en esos terrenos, mientras avanza el proceso principal impulsado por la Intendencia de Maldonado.

La resolución, fechada el 17 de diciembre, rechazó el recurso de apelación presentado por los demandados —entre ellos la familia Anagnostis— y ratificó una sentencia interlocutoria dictada en primera instancia. Los padrones involucrados —5145, 5146, 5147 y 5148— suman 65.626 metros cuadrados y se encuentran en una zona considerada de defensa costera.

El fundamento ambiental y la cautelar
De acuerdo con lo detallado por Gallardo, la medida fue promovida por la Intendencia Departamental de Maldonado con el objetivo de preservar el medio ambiente ante denuncias de ocupación irregular y contaminación. En el expediente administrativo incorporado al proceso judicial constan informes técnicos de la Dirección de Medio Ambiente que dan cuenta de vertidos de efluentes sépticos y aguas servidas provenientes de construcciones utilizadas como viviendas de alquiler y de un contenedor, con descarga directa a médanos y playa.

El Tribunal sostuvo que la cautelar no implica un desalojo, sino una prohibición de uso, destinada a evitar nuevas innovaciones mientras se define el fondo del asunto. En su análisis, los ministros consideraron acreditados tanto el fumus boni iuris —apariencia de buen derecho— como el riesgo de frustración de una eventual sentencia definitiva, amparándose en lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial.

El fallo también descartó irregularidades procesales y rechazó la recusación de la jueza de primera instancia, al entender que no hubo prejuzgamiento en su actuación.

La versión de los propietarios
Desde la vereda opuesta, la familia Anagnostis reafirma que los terrenos son propiedad privada, respaldada por títulos históricos, estudios notariales y reconocimientos estatales de décadas anteriores. En declaraciones recogidas por Gallardo, Alejandro Anagnostis, representante de la familia, expresó su frustración por lo que define como un bloqueo jurídico y administrativo que se arrastra desde hace más de 20 años.

Según su relato, a los propietarios se les impide incluso pagar la contribución inmobiliaria, lo que mantiene a los predios en una suerte de limbo legal. “Nosotros entendemos que es de nosotros. Lo tenemos cuidado jurídicamente”, sostuvo y negó que la exposición pública del caso haya sido impulsada por la familia, sugiriendo la existencia de intereses políticos detrás de las denuncias.

Anagnostis apuntó con dureza contra la exdirectora jurídica de la Intendencia, la fallecida Bethel Rodríguez, a quien responsabiliza de haber iniciado lo que calificó como una “maldad jurídica” durante administraciones anteriores, cuando —según su versión— se adoptó el criterio de bloquear toda situación vinculada a la costa.

Propiedad privada, playa pública y un conflicto sin salida
El representante de la familia defendió que los terrenos fueron fraccionados legalmente por su padre hace décadas, mediante la cesión de espacios públicos, como plazas, y que la situación fue históricamente reconocida por el Estado. En ese marco, diferenció la playa propiamente dicha —que reconoce como pública— de la faja costera adyacente, que sostiene que es privada.

No obstante, la medida cautelar vigente impide cualquier tipo de uso, reforma, alquiler o habilitación. “Hoy por hoy no podemos hacer nada. Si hacemos algo, estamos en infracción”, afirmó Anagnostis, quien entiende que la situación equivale, en los hechos, a una paralización total del derecho de propiedad.

La familia asegura estar dispuesta a una transacción con la Intendencia: el reconocimiento formal de la titularidad a cambio de contrapartidas de interés público, como accesos, vistas o beneficios urbanísticos. Sin embargo, advierte que el clima político actual torna inviable cualquier acuerdo. Anagnostis acusó, además, a sectores de la oposición del Frente Amplio de haber bloqueado negociaciones similares en otros puntos del departamento.

Un caso testigo en la costa de Maldonado
Aunque valoró los intentos del actual intendente, Miguel Abella, por ordenar la situación de la costa, el representante familiar criticó la persistencia de una cultura institucional orientada a la judicialización de estos conflictos. Al mismo tiempo, no descartó acudir a instancias internacionales si no se alcanza una solución definitiva. “Morimos con las botas puestas. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, expresó.

El proceso principal continúa en el Juzgado de Primera Instancia de Maldonado de 6.º Turno, donde se debatirá la eventual demolición de las obras y otras excepciones planteadas por los demandados.

Mientras tanto, la confirmación de la cautelar marca un punto en la aplicación de la normativa de ordenamiento territorial y vuelve a poner en primer plano una tensión crónica en la costa: el delicado equilibrio entre los derechos de propiedad, la protección ambiental y las decisiones políticas en un territorio sometido a fuerte presión turística.




foto: Marcelo Gallardo en X con crédito a la familia Anagnostis