Suprema Corte desestima denuncia por supuestos privilegios a fiscales en el Centro de Justicia de Maldonado

El máximo tribunal concluyó que los denunciantes no aportaron casos verificables y que las magistradas titulares de los cuatro juzgados negaron las irregularidades. El fallo reabre el debate sobre transparencia, trato equitativo y confianza pública en el sistema judicial.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió archivar una denuncia presentada por un grupo de ocho abogados penalistas de Maldonado que acusaban la existencia de presuntos “privilegios” otorgados a fiscales en el Centro de Justicia del departamento.

Según los denunciantes, estas supuestas prácticas afectaban la transparencia y la imparcialidad del sistema judicial.

Sin embargo, tras analizar la información disponible, el máximo órgano del Poder Judicial concluyó que no existían elementos concretos que justificaran abrir una investigación formal y archivó la denuncia.

Una denuncia sin casos concretos
El planteo, ingresado el 19 de septiembre de 2025 por los abogados Rafael Silva, Nicolás Pereyra, María Inés Pintos, Sebastián Beracochea, Franco Telechea, Gustavo Martínez, Gumer Pérez y Federico Graña, señalaba una serie de supuestas irregularidades: ingreso de fiscales por accesos alternativos sin pasar por controles; circulación por áreas reservadas a funcionarios; esperas diferenciadas para audiencias y tolerancia a retrasos.

No obstante, al ser consultadas las juezas de Maldonado involucradas en la operativa de esas sedes —Gabriela Azpiroz, Sylvana García, Vivianna Barlocco y Patricia Techera—, todas negaron haber presenciado situaciones de ese tipo y aclararon que no trabajan habitualmente con los abogados denunciantes. Algunas incluso declararon no conocerlos.

La Corte coincidió: la denuncia se basaba en afirmaciones generales, sin ejemplos específicos, fechas, audiencias concretas ni nombres de funcionarios involucrados. Para el cuerpo, eso volvió imposible constatar siquiera la existencia de un hecho inicial que justificara abrir un proceso.

Advertencias sobre la imparcialidad
Aunque la denuncia fue archivada, la resolución dejó espacio para reflexiones relevantes.

La ministra Bernadette Minvielle sostuvo que, aún cuando los hechos no constituyeran irregularidades comprobadas, las buenas prácticas en el Poder Judicial exigen evitar cualquier apariencia de trato desigual.

Recordó que la imparcialidad y la independencia, pilares éticos recogidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, obligan a jueces y funcionarios a mantener la misma distancia respecto a todas las partes del proceso.

El presidente de la SCJ, John Pérez Brignani, apoyó estas consideraciones, aunque remarcó que el expediente no contenía ninguna evidencia que señalara una vulneración concreta a esos principios.

Críticas al tono y forma de la denuncia
Por su parte, la ministra Doris Morales cuestionó la “ligereza” del planteo realizado por los abogados.

Morales subrayó que la denuncia no identificaba con precisión a las magistradas supuestamente involucradas, no aportaba relatos verificables y se sostenía en afirmaciones que, según sus palabras, resultaban “claramente inexactas”.

Incluso señaló una contradicción central: los denunciantes aseguraban que los fiscales entraban por áreas internas y ya estaban en las salas de audiencias cuando los defensores particulares llegaban, pero también afirmaban que debían esperar horas a la llegada de los fiscales.

Para la ministra, esa falta de coherencia y de ejemplos concretos podría incluso encuadrar en lo previsto por la Ley 15.750 frente a denuncias infundadas contra magistrados.

Una señal hacia adentro y hacia afuera
El fallo de la Suprema Corte cierra administrativamente un reclamo que había generado inquietud en el ámbito penal de Maldonado.

Pero la resolución también envía un mensaje institucional: la necesidad de preservar la confianza pública en la Justicia exige tanto evitar privilegios reales como asegurar que las denuncias sobre su funcionamiento tengan fundamento y responsabilidad profesional.

Finalmente, la SCJ resolvió no dar trámite a la denuncia y archivar las actuaciones, notificando a las partes de forma personal.

En adjunto, acceda a la resolución completa de la SCJ: