Agua: advierten colapso del Santa Lucía y piden un GACH para redefinir el sistema

La principal fuente de agua potable del país enfrenta un deterioro estructural acumulado durante décadas que hoy impacta directamente a más de 1.600.000 personas. En ese contexto, el diputado nacionalista Federico Casaretto advirtió en la Cámara de Representantes sobre el riesgo de colapso del sistema actual y propuso la creación de un Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para redefinir la estrategia de abastecimiento.

El planteo no apuntó a la sequía ni a una coyuntura puntual, sino a un problema de fondo: el modelo que sustenta el suministro de agua potable en Uruguay muestra señales de agotamiento. “No estamos ante un problema coyuntural ni producto de la sequía. Estamos ante un problema estructural, histórico y de derechos humanos”, sostuvo el legislador.

Una fuente forzada al límite
Casaretto reconstruyó una secuencia de advertencias que, según afirmó, el sistema político no atendió a tiempo. Señaló que ya en 1968 existían informes sobre el deterioro de la cuenca del río Santa Lucía, que en los años 70 se analizaban alternativas de abastecimiento y que en 2015 el entonces ministro Eleuterio Fernández Huidobro advertía en el Parlamento que no existía un “plan B” frente a la contaminación de esa fuente.

A ese recorrido se sumaron estudios internacionales —como el de una consultora japonesa entre 2008 y 2011— que proyectaban un límite operativo de la cuenca en un horizonte de dos décadas.

“Hace más de 50 años que sabemos que este problema existe. Sin embargo, no se tomaron las decisiones de fondo”, afirmó.

El diagnóstico actual es, según su planteo, crítico. La cuenca del Santa Lucía, de la que depende cerca del 60% de la población, presenta un nivel de intervención humana del 93%, con apenas un 7% de área natural.

“La cuenca del río Santa Lucía no da más”, advirtió .

El deterioro se manifiesta en múltiples dimensiones: aumento de la contaminación orgánica, presencia elevada de nutrientes como el fósforo, impacto de las actividades productivas y acumulación de residuos en el cauce. A esto se suma una creciente dependencia de procesos químicos para potabilizar el agua y el uso de fuentes más comprometidas en períodos de baja disponibilidad, lo que incrementa problemas como la salinidad.

“Estamos forzando una fuente de agua que ya no da más. Insistir en este camino es agravar el problema”, afirmó.

Señales ambientales y riesgos sanitarios
El legislador advirtió, además, sobre indicadores ambientales que, a su juicio, reflejan el deterioro del ecosistema. Entre ellos, mencionó la desaparición de especies anfibias sensibles a la calidad del agua en la cuenca del río Santa Lucía y la persistencia de niveles elevados de fósforo y de contaminación microbiológica.

En paralelo, planteó preocupaciones sobre la presencia de compuestos derivados del proceso de potabilización, como los trihalometanos, y cuestionó la eficacia de los filtros domésticos para eliminarlos.

Política, decisiones y un problema sin resolver
El planteo técnico se cruzó con una crítica directa a la gestión política del problema. Casaretto cuestionó la ausencia de autoridades en instancias parlamentarias clave, reclamó definiciones del Ministerio de Salud Pública sobre la calidad del agua y advirtió sobre contradicciones en el manejo del tema en distintos períodos de gobierno.

También apuntó a decisiones actuales vinculadas a proyectos de abastecimiento, señalando observaciones del Tribunal de Cuentas y cambios sustanciales respecto a iniciativas anteriores, así como la falta de utilización de infraestructuras ya disponibles.

“El agua no puede ser rehén de disputas políticas. La gente está cansada”, afirmó.

El planteo: un GACH para el agua
En ese escenario, propuso la creación de un Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) específico para el agua, integrado por expertos independientes y con respaldo académico, que permita evaluar la situación con rigor técnico y proyectar soluciones a largo plazo.

El modelo toma como referencia el GACH conformado durante la pandemia, al que atribuyó independencia y capacidad para orientar decisiones complejas.

“De este tema no sabe Casaretto ni sabe el ministro. Pero hay mucha gente que sabe. Y no podemos desaprovecharla”, señaló.

Un modelo en discusión
Más allá de la propuesta concreta, el planteo deja abierto un debate de fondo: la viabilidad del sistema actual de abastecimiento de agua potable en Uruguay.

La advertencia no se limita a un episodio de sequía ni a un problema puntual de calidad, sino a la sostenibilidad de la fuente sobre la que se construyó el modelo durante décadas.

“No esperemos a la próxima sequía”, planteó el legislador.

El eje, en definitiva, ya no es solo cómo gestionar el agua disponible, sino si el país puede seguir dependiendo de una cuenca que, según la advertencia planteada en el Parlamento, ha llegado a su límite.