Seguridad: el gobierno presenta su plan y abre una disputa política desde el arranque

Tras más de un año de gestión, fechas postergadas y una interpelación en puerta, el Gobierno presentó su plan nacional de seguridad con más de 130 medidas y decisiones de alto impacto —como el rol de las Fuerzas Armadas en las fronteras— y abrió de inmediato una disputa política sobre su ejecución y sus resultados.

“No empieza de cero”, afirmó el presidente Yamandú Orsi al encabezar el Consejo de Ministros, donde presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública y planteó que la estrategia se apoya en la acumulación institucional, pero busca cambiar la forma de conducir la seguridad.

“No es un congelador”, agregó, al describir un plan dinámico, con capacidad de ajuste y con todo el Estado “encolumnado” detrás de su implementación.

Esa doble lógica —continuidad técnica y cambio de enfoque— fue reforzada por el ministro del Interior, Carlos Negro, quien explicitó el viraje en términos más directos. “Sabemos que esa fórmula fracasó”, dijo, en referencia a políticas centradas exclusivamente en el endurecimiento de las penas o en reformas legales.

Dos velocidades y una discusión sobre resultados
Negro definió el plan como una política “a dos velocidades”: medidas inmediatas para el corto plazo y una arquitectura de seguridad pensada a diez años.

Como respaldo, el Gobierno presentó resultados: caída en homicidios, reducción del 18% en femicidios, más de 3.000 armas incautadas, más de 9 toneladas de droga decomisadas y activos por unos 250 millones de dólares. También se indicó una disminución del 40% en los delitos contra la propiedad.

Pero al ser consultado sobre metas y plazos concretos, el ministro introdujo un matiz clave. El plan no se presenta como un paquete cerrado de resultados inmediatos, sino como un proceso “monitoreable y evaluable”, con ajustes en función de la evolución del delito.

Ese punto —cómo se mide y cuándo se evalúa— es, al mismo tiempo, uno de los primeros focos de cuestionamiento político.

Las decisiones que redefinen la política
Más allá de la estructura en siete ejes y más de 130 medidas, el plan incorpora definiciones que modifican el enfoque de seguridad.

Una de las más relevantes es la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras. Consultado sobre su alcance, el Gobierno la ubicó en tareas de vigilancia y apoyo, bajo la conducción civil y en coordinación con el Ministerio del Interior, en una decisión de alto contenido político en el marco de un gobierno de izquierda.

También aparece un giro en la estrategia contra el crimen organizado, con énfasis en la persecución del dinero y de los activos, así como en la identificación de estructuras delictivas y no solo de hechos.

En el sistema penitenciario, el plan prevé la construcción de cárceles para perfiles de alto riesgo y la creación de una fiscalía especializada. Ante preguntas sobre la capacidad real de control, las autoridades insistieron en que el objetivo es evitar que las organizaciones criminales operen desde los centros de reclusión.

A esto se suma un despliegue tecnológico —inteligencia artificial, análisis de patrones, anillos digitales de control— junto con la incorporación de más de 2.300 policías y el refuerzo del trabajo territorial.

Participación en disputa
El Gobierno sostuvo que el plan surge de un proceso amplio, con la participación de unas 80 instituciones, entre ellas partidos políticos, la academia y actores sociales. Según Negro, ese intercambio derivó en propuestas que fueron incorporadas al documento final.

Sin embargo, ese punto quedó rápidamente bajo cuestionamiento.

El senador colorado Andrés Ojeda señaló que “la montaña parió un ratón”, mientras que el senador Pedro Bordaberry —quien interpelará al ministro del Interior por este tema— sostuvo que el plan “identifica los problemas, pero no los enfrenta” y cuestionó la ausencia de “metas, plazos y responsables”.

“El Estado no puede ser un observador técnico del delito”, escribió en su cuenta de X y advirtió que “cuando el Estado no manda, mandan otros”.

Desde el Partido Nacional, el senador Rodrigo Blás consideró que el documento es “una excelente monografía de la problemática de seguridad”, pero con “mucha letra y pocas nueces”, y apuntó a la falta de medidas concretas.

Entre modelo, decisiones y ejecución
El plan que el Gobierno presentó busca implementar una estrategia de seguridad de largo plazo, basada en evidencia, coordinación institucional, despliegue territorial y tecnología.

Pero su lanzamiento dejó planteada desde el inicio una tensión central.

Mientras el oficialismo plantea un cambio de modelo con lógica de sistema, la oposición vuelve a poner el foco en la ejecución, en la ausencia —según sus críticas— de definiciones operativas claras y en la brecha entre el diagnóstico y los resultados.

Porque, más allá del contenido del plan, lo que quedó planteado este jueves es una discusión de fondo: si el país avanza hacia una política de seguridad sostenida en el tiempo o vuelve a quedar atrapado en la lógica de resultados inmediatos, sin capacidad de ejecución.

El plan, en sus propias palabras
“La seguridad es un derecho de todos”
Yamandú Orsi

“La presencia del Estado en el territorio es determinante”
Yamandú Orsi

“Hay una conducción política clara en esta estrategia”
Yamandú Orsi

“Tenemos que ir a buscar las causas del delito, no solo reaccionar”
Carlos Negro

“Esto no es un plan estático; es una estrategia que se va a ir ajustando”
Carlos Negro

“Hay decisiones que son urgentes y otras que requieren tiempo”
Carlos Negro

“Tenemos que actuar sobre las estructuras del delito y no solo sobre los hechos”
Carlos Negro


Vea la conferencia de prensa y acceda a descargar el plan: