Casupá: Casaretto reclama revisar el proyecto tras la calificación de alto riesgo de la CAF

El diputado Federico Casaretto sostuvo que la calificación de Casupá como proyecto de alto riesgo social y ambiental por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ratifica los cuestionamientos que viene planteando sobre la obra y reclamó al gobierno que revise la decisión. Tras la comparecencia del ministro Edgardo Ortuño ante la Comisión de Ambiente de Diputados, el legislador por Maldonado también insistió en incorporar al Río de la Plata como segunda fuente de agua potable y en llevar la definición del abastecimiento metropolitano a un acuerdo de Estado.

Casaretto volvió a cuestionar el proyecto después de la sesión en la comisión parlamentaria, en la que uno de los puntos planteados fue precisamente la clasificación asignada por CAF, organismo que financia la construcción de la represa.

La ficha oficial del proyecto ubica su riesgo social y ambiental en el nivel “alto” y establece ocho salvaguardas vinculadas, entre otros aspectos, a los impactos ambientales y sociales, la utilización de recursos naturales, la biodiversidad, la contaminación, el patrimonio cultural, el reasentamiento de población y las condiciones de trabajo. Por esa categoría, la CAF exige medidas y planes específicos de mitigación y gestión durante el desarrollo de la operación.

Para Casaretto, esa evaluación respalda las objeciones que ha formulado contra Casupá.

“Lo que se está ratificando es lo que hemos sostenido desde hace mucho tiempo: este proyecto genera impactos sociales y ambientales que no pueden minimizarse”, afirmó.

El diputado mencionó en particular las consecuencias que atribuye a la obra sobre los vecinos y productores de la zona, las actividades económicas, el bosque nativo y la calidad del agua. Su cuestionamiento, sin embargo, va más allá de esos impactos y alcanza la propia estrategia adoptada para asegurar el abastecimiento de agua potable.

Casaretto entiende que Casupá profundiza la dependencia de la cuenca del río Santa Lucía y sostiene que Uruguay debería avanzar hacia una segunda fuente de agua.

“No hay que seguir insistiendo sobre una cuenca que ya está fuertemente exigida. Uruguay tiene el privilegio de contar con el Río de la Plata y debe avanzar hacia una segunda fuente de agua potable”, señaló.

La categoría de riesgo utilizada por CAF se refiere al potencial de una operación para provocar impactos ambientales o sociales negativos significativos y determina mayores exigencias de evaluación, mitigación y seguimiento. No implica, por sí sola, que esos impactos necesariamente se produzcan ni que el organismo haya rechazado el proyecto. La operación de Casupá continúa figurando como activa en la información oficial del banco.

Consultado sobre si las condiciones establecidas por la CAF podrían comprometer el financiamiento, Casaretto tampoco afirmó que eso hubiera ocurrido.

“No sabemos si la financiación puede quedar en riesgo. Dependerá de cómo el Gobierno responda a estas observaciones. Lo que sí queda claro es que las condiciones ambientales y sociales existen y deben ser atendidas”, expresó.

El legislador insistió en que, a su juicio, Casupá “no es el mejor proyecto” y reiteró la alternativa de utilizar el Río de la Plata. En ese marco, contrapuso la obra con Arazatí, que recibió la Autorización Ambiental Previa del Ministerio de Ambiente en diciembre de 2024 para el proyecto que proponía captar agua del estuario con destino al abastecimiento del área metropolitana.

Casaretto planteó incluso que podría evaluarse trasladar la toma a Juan Lacaze como forma de abordar los cuestionamientos asociados a eventuales episodios de salinidad.

En su pronunciamiento posterior a la comparecencia de Ortuño, fue aún más directo y calificó de “un capricho” haber descartado el Río de la Plata como fuente alternativa de agua dulce para Montevideo y el área metropolitana.

También cuestionó que la decisión de avanzar con Casupá pudiera basarse en que la obra formaba parte del programa de gobierno del Frente Amplio.

“Muchas propuestas de ese programa ya fueron dejadas por el camino. No se puede avanzar con una obra de esta trascendencia solamente por cumplir una promesa electoral, sin considerar las advertencias técnicas, ambientales, sociales y productivas”, sostuvo.

Para Casaretto, la discusión adquiere, además, una dimensión que excede el actual período de gobierno, porque la ejecución de Casupá se extenderá en el tiempo y será una futura administración la que deberá completar la obra.

Por eso reclamó que la definición sobre cómo asegurar el suministro de agua potable deje de resolverse únicamente entre las posiciones del gobierno y la oposición y pase a formar parte de un acuerdo político más amplio.

“Nuestra responsabilidad como legisladores es hacer oír la voz antes de que se cometa un error. Una definición sobre el abastecimiento de agua potable para las próximas generaciones debe ser una política de Estado”, concluyó.