Gobierno declara "prioridad máxima" al colapsado sistema penitenciario

En el marco del 15.º aniversario del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que el gobierno actual definió el sistema penitenciario como una “prioridad” de su gestión, subrayando la necesidad de "reformas profundas" orientadas a la reinserción social, la dignificación institucional y la reducción de la reincidencia.

Un sistema en crisis: cifras y consecuencias
Negro recordó que Uruguay cuenta con casi 17.000 personas privadas de libertad y unas 10.000 bajo medidas alternativas. Estas cifras sitúan al país entre las naciones con una de las tasas de prisionalización más altas de América del Sur y a nivel mundial —una situación que, dijo, conlleva “enormes costos sociales y económicos” y representa “una amenaza a la seguridad pública”.

Ante este panorama, el ministro sostuvo que alcanzar la meta de reinserción social requiere una “intervención penitenciaria integral, basada en la evidencia y orientada a reducir la reincidencia”.

Compromisos: institucionalidad, personal y recursos
Como parte del plan anunciado, el gobierno propone presentar un proyecto de ley que otorgue al INR autonomía técnica y presupuestaria, con el fin de jerarquizar la institución y dotarla de la independencia necesaria para cumplir su rol.

El presupuesto nacional para 2026-2030 —según adelantó Negro— contempla la incorporación de más de 1.000 funcionarios penitenciarios y mejoras en sus condiciones laborales. Asimismo, se prevé aumentar la oferta de programas dentro del sistema carcelario y extenderlos a quienes cumplen medidas alternativas a la privación de libertad.

En materia de infraestructura, se mencionó una inversión de 3 millones de dólares destinada a mejorar la Unidad de Rehabilitación n.º 4 en Santiago Vázquez. Además, para 2026 está previsto lanzar un plan de alfabetización, expandir la oferta educativa, reforzar la atención en salud mental y en el consumo problemático de sustancias, implementar un nuevo plan nutricional y crear un Área de Género y Diversidad dentro del INR.

Durante el acto estuvieron presentes autoridades nacionales: la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde; el director general de Secretaría, Gerardo Siri; el director de la Policía Nacional, José Azambuya; y la directora del INR, Ana Juanche.

Juanche destacó los avances en la “reingeniería institucional” del INR —junto a la Oficina Nacional de Servicio Civil—, incluyendo nuevas normas para traslados, la evaluación y clasificación de la población penitenciaria, así como la realización de un censo de la población carcelaria.

Una apuesta por derechos humanos y seguridad
El ministro Negro enfatizó que el rumbo que se busca no es solo operativo, sino estructural: “Un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, eficiente y orientado a los resultados es un pilar clave para el desarrollo de una sociedad más justa, democrática y segura”.

Con estos anuncios, el gobierno aspira a reconstruir un sistema penitenciario colapsado por la saturación, el deterioro institucional y la falta de recursos, mediante una estrategia integral que combina inversión, reformas institucionales y programas de rehabilitación.