Investigación sobre partidas de la Junta: Fiscalía avanzó sobre titulares de cuentas que recibían los fondos y ya comenzó a tomar declaraciones

La investigación fiscal sobre las partidas otorgadas a sectores políticos con representación en la Junta Departamental de Maldonado ingresó en una nueva fase: el Dr. Jorge Vaz ya comenzó a citar y tomar declaración a titulares de cuentas bancarias en las que se depositaban fondos públicos correspondientes al denominado Fondo de Fortalecimiento de los Sectores Políticos.

Según confirmó Punta News, varias personas ya comparecieron ante la Fiscalía y aún resta un amplio número de citaciones en una causa que se proyecta extensa por la dimensión temporal del período investigado, la cantidad de sectores involucrados y los numerosos titulares de cuentas utilizados a lo largo de los años para canalizar las transferencias.

La línea de trabajo que ahora desarrolla Fiscalía apunta a reconstruir el funcionamiento concreto del sistema de partidas, identificar quiénes figuraban como titulares de las cuentas receptoras y determinar cómo se administraban posteriormente esos fondos públicos.

El avance representa un cambio relevante respecto al punto en que se encontraba la causa meses atrás, cuando la investigación todavía estaba concentrada en acceder a la información bancaria vinculada a las transferencias realizadas por la Junta Departamental.

Ese tramo quedó expuesto durante una audiencia judicial celebrada el 22 de octubre de 2025 ante la jueza Silvana García Noroya, luego de que Fiscalía reclamara formalmente acceso a los números de cuentas y entidades bancarias utilizadas para depositar las partidas.

En aquella instancia, el fiscal de 5.º turno Jorge Vaz explicó que la información ya entregada por la Junta —sectores políticos, períodos y montos transferidos— no alcanzaba para avanzar en profundidad sobre la trazabilidad de los fondos.

“Yo le estoy pidiendo a la Junta que me diga: (tal sector), bueno, ¿qué número de cuenta, qué banco? Porque eso lo recibe una persona física o alguien”, sostuvo Vaz durante la audiencia.

La discusión judicial de entonces no giraba sobre los montos transferidos —que la Junta sí había remitido— sino sobre el acceso a las cuentas utilizadas para recibir ese dinero.

Durante esa misma comparecencia, Vaz llegó incluso a definir el escenario investigativo como “buscar una aguja en un pajar”, en referencia al volumen de información y a la necesidad de reconstruir transferencias realizadas durante distintos períodos legislativos.

Por su parte, la Dra. Virginia D'Isabella, en representación de la presidenta de la Junta Departamental, Verónica Robaina, sostuvo que el organismo ya había remitido información sobre sectores políticos y montos transferidos, aunque planteó reparos respecto a la entrega directa de los números de cuentas y bancos involucrados.

Finalmente, la Justicia resolvió hacer lugar al planteo de Fiscalía y ordenó entregar la información faltante vinculada a cuentas bancarias y entidades financieras.

Ese acceso aparece ahora como uno de los puntos que permitió a la investigación avanzar hacia la etapa actual de declaraciones y comparecencias.

La citación de titulares de cuentas no implica por sí misma imputaciones penales ni atribución de responsabilidades delictivas. El objetivo de Fiscalía pasa por determinar qué mecanismo se utilizaba para administrar las partidas, quiénes operaban como titulares de las cuentas receptoras y cuál era el recorrido posterior de los fondos públicos transferidos desde la Junta Departamental.

La causa comprende movimientos y transferencias correspondientes a distintos períodos legislativos desde 2015 en adelante, lo que obliga a Fiscalía a reconstruir información extendida durante casi una década y vinculada a múltiples sectores políticos y personas relacionadas con la operativa de esas partidas.

La investigación corre en paralelo a otra causa que Fiscalía ya llevaba adelante sobre contrataciones y pagos realizados durante anteriores presidencias del legislativo departamental.

Las partidas para sectores políticos funcionan en la Junta Departamental de Maldonado desde 2015 y han sido objeto de observaciones en distintos ámbitos durante los últimos años, incluyendo cuestionamientos del Tribunal de Cuentas y de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).