El juez brasileño Alexandre de Moraes no se pliega a las amenazas de Trump y promete firmeza

“Las acciones continuarán. El rito procesal del Supremo Tribunal Federal (STF) no será adelantado, ni retrasado”. Esta fue la respuesta contundente del juez brasileño Alexandre de Moraes tras la aplicación en su contra de la Ley Global Magnitsky por parte de Estados Unidos. Moraes instruye el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, un proceso que Donald Trump ha calificado de "cacería de brujas".

"El rito procesal del STF ignorará las sanciones aplicadas. Este juez ignorará las sanciones que le fueron aplicadas y seguirá trabajando, como lo viene haciendo, en el pleno, en la Primera Sala, siempre de manera colegiada", sostuvo Alexandre de Moraes desafiando las medidas de Donald Trump en su contra.

El pasado 30 de julio, el Gobierno Trump incluyó a Moraes en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en la que aparecen dictadores, narcotraficantes y terroristas de todo el mundo, además de políticos acusados de corrupción y otros crímenes.

Entre ellos, está el expresidente de Paraguay Horacio Cartes y sus empresas, señaladas de corrupción y de actuar contra las instituciones democráticas del país; el líder checheno Ramzan Kadyrov, acusado de abusos de los Derechos Humanos; la principal facción brasileña del narcotráfico, el Primer Comando de la Capital (PCC); Ciro Daniel Amorim Ferreira, acusado de liderar un grupo supremacista blanco en Brasil; y Emmerson Mnangagwa, presidente de Zimbabue, por implicación en redes de contrabando de oro y diamantes.

La Ley Magnitsky es considerada una de las medidas más duras de Estados Unidos para castigar a ciudadanos extranjeros. Fue aprobada durante el mandato de Barack Obama, en 2012, con el objetivo de castigar a los funcionarios rusos involucrados en la muerte del abogado Sergei Magnitsky, quien denunció un esquema de corrupción estatal y murió en la prisión en circunstancias sospechosas.

El alcance de esta ley fue ampliado en 2016, tras una enmienda que permitió la inclusión de cualquier persona acusada de corrupción o violaciones de Derechos Humanos en la lista de sanciones. Desde entonces, ha sido aplicada de forma global.

En el caso de Moraes, Estados Unidos pretende dificultar su acceso a una serie de servicios financieros y tecnológicos. A partir de ahora, el juez no podrá viajar a este país. Además, está prevista la congelación de sus activos en Estados Unidos y la prohibición de que cualquier persona o empresa en este país realice transacciones económicas con la persona sancionada.

En realidad, estas medidas no afectan al magistrado, que no posee cuentas bancarias en Estados Unidos, ni tiene interés de viajar a este país. De hecho, ni siquiera intentó renovar su visado, que caducó hace dos años. En teoría, sus tarjetas de crédito podrían ser canceladas, incluso si son emitidas por bancos brasileños, ya que las compañías Visa, Mastercard y American Express son estadounidenses.

Pero más allá de las implicaciones personales, la aplicación de la Ley Magnitsky ha sido considerada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva como un ataque directo a la soberanía de Brasil. Al igual que el arancel del 50% sobre las exportaciones brasileñas, una medida que ha sido vinculada por Washington con el juicio contra Bolsonaro por una trama golpista contra Lula, proceso que Trump ha tildado de “injusto” y de “caza de brujas”.

“La interferencia del Gobierno estadounidense en la Justicia brasileña es inaceptable”, respondió Lula en una nota del Gobierno, en la que destaca la importancia de la soberanía y la democracia de Brasil. “El Gobierno brasileño se solidariza con el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal, blanco de sanciones motivadas por las acciones de políticos brasileños que traicionan a nuestra patria y a nuestro pueblo en defensa de sus propios intereses”, añadió el mandatario de izquierda en el texto.

La referencia es al diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, que reside desde marzo en Estados Unidos y ha estado haciendo lobby a favor de la amnistía de su padre y de otros imputados por el supuesto intento de golpe contra Lula en 2022. Desde hace días, este político venía amenazando desde las redes sociales con la aplicación de la Ley Magnitsky y de los aranceles.

Tras el anuncio de Trump, calificó su decisión como un “hito histórico”, alegando que representa el inicio de una respuesta global contra lo que define como “abusos de autoridad” cometidos en Brasil. Por su parte, el juez Moraes lo considera el principal coordinador de la ofensiva internacional contra él y otros magistrados del Supremo.

Durante el acto de inauguración del semestre de la Judicatura, Moraes destacó que la Corte Suprema no tolerará “amenazas”.

El juez también resaltó que una “organización criminal” estaría actuando de manera “cobarde y traicionera para someter al Tribunal Supremo al escrutinio de un Estado extranjero”. Además, comparó la conducta de estos grupos con las milicias (grupos criminales paramilitares) y criticó los proyectos de amnistía que se tramitan en el Congreso y que, según él, son “inconstitucionales”. Finalmente, defendió la soberanía tanto de Brasil como de sus instituciones.

Moraes es considerado por una parte de los brasileños como un defensor implacable de la democracia. En el universo bolsonarista es visto como un "dictador" que practica la censura y persigue a la familia Bolsonaro.

El año pasado, no le tembló el pulso a la hora de enfrentarse al hombre más rico del mundo, Elon Musk, para obligarle a respetar la legislación brasileña y a designar a un representante legal para la filial de la red social X en Brasil.

En el auge de la tensión, ordenó la suspensión de las actividades de X en el país. Tras un mes de embates, Musk tuvo que ceder para reactivar las actividades de su empresa.

Esta semana, el Supremo Tribunal Federal emitió un comunicado para expresar su solidaridad con Moraes, en el que defiende su actuación. Otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, y varios políticos hicieron lo mismo.

“Existe un claro paralelo entre las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional y contra un juez de la Corte Suprema y sus aranceles contra Brasil. En ambos casos, la Administración Trump intenta impedir el juicio de algunas personas (Netanyahu y Bolsonaro) y debilitar la Justicia”, señala César Muñoz, director de la ONG Human Rights Watch en Brasil.

Si se cumple la agenda del juez Moraes, el juicio contra Bolsonaro se celebrará en septiembre. Es un mes simbólico para el bolsonarismo: durante el mandato del expresidente hubo importantes movilizaciones el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil. El Supremo ya ha empezado a blindarse para evitar actos vandálicos como los del 8 de enero de 2023. Un gran esquema de seguridad está siendo articulado. Paralelamente, algunos aliados de Bolsonaro ya han empezado a movilizarse.

Poco después de la colocación de la tobillera electrónica al exmandatario, el diputado federal Helio Lopes, conocido como Helio Negão o Helio Bolsonaro (porque adoptó el nombre de su ídolo para hacer campaña electoral), empezó a acampar en frente del Tribunal Supremo en protesta contra la decisión de Moraes, que prohibió a Jair Bolsonaro que publicase contenidos en las redes sociales. 

Ataviado con una camiseta con la bandera de Israel y una cinta sobre la boca, que simboliza una “mordaza”, el congresista se armó de una tienda de campaña y de una silla para demostrar su apoyo al expresidente. Enseguida, Moraes instó al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, que disolviese el campamento.

Helio Fernando Barbosa Lopes nació en la periferia de Río de Janeiro en 1969, hijo de una empleada doméstica y un albañil. Se autoproclama representante de los “negros de derecha” y se ha posicionado en sus redes sociales en contra de las cuotas raciales en las universidades públicas, porque en su opinión contribuyen a “segregar a la gente”. Forma parte del grupo de los incondicionales de Bolsonaro, como el pastor evangélico Silas Malafaia y el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.

Mientras tanto, la Policía Federal estudia medidas contra Eduardo Bolsonaro por intento de “extorsión a la Justicia”, como órdenes de registro e incautación, o incluso una orden de detención. A principios de julio, Moraes prolongó por 60 días la investigación del diputado federal por los delitos de coacción durante el proceso y obstrucción de la investigación.

Además, varios políticos, exdecanos, investigadores y profesores universitarios han pedido al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, que anule el mandato de Eduardo Bolsonaro. La licencia que pidió para marcharse a Estados Unidos expiró el pasado 20 de julio.


France 24
Foto: Tribunal Superior Electoral de Brasil