María Dolores: Diputados remitió el caso a Fiscalía y Echeverría denunció el gasto como insensible e irresponsable, además de afirmar que terminaron agraviando a Mujica

La Cámara de Representantes cerró el tratamiento de los informes de la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores con una resolución aprobada por 96 votos en 98, que dispone remitir todas las actuaciones a la Fiscalía. En una sesión marcada por los cuestionamientos a la adquisición de US$ 32,5 millones, el diputado nacionalista por Maldonado, Diego Echeverría, denunció que la operación se resolvió antes de contar con la debida fundamentación técnica y criticó que el gobierno la presentara como un homenaje a José Mujica. Para el legislador, el gasto fue insensible e irresponsable y afirmó que en María Dolores aún no hay un solo productor instalado. "Lejos de honrar a Mujica", afirmó Echeverría, la compra "terminó constituyendo un agravio a su memoria".

La falta de conclusiones compartidas sobre la actuación del Instituto Nacional de Colonización (INC) llevó a los cinco partidos políticos con representación parlamentaria en diputados a acordar una salida que trasladó la controversia al ámbito judicial, sin que la Cámara hiciera suyas las denuncias de irregularidades ni los argumentos con los que el oficialismo defendió la adquisición.

El desenlace se produjo este miércoles 11, tras un extenso debate sobre las condiciones bajo las que se resolvió comprar el establecimiento de unas 4.400 hectáreas, ubicado en Florida.

En ese escenario, el diputado del Partido Nacional por Maldonado, Diego Echeverría, formuló una crítica que trascendió los aspectos jurídicos examinados por la comisión investigadora. Su planteo apuntó a la responsabilidad política de comprometer una inversión millonaria en una operación cuya conveniencia económica, procedimiento de aprobación y resultados productivos cuestionó.

"Este caso de María Dolores es paradigmático", afirmó, antes de calificarlo como "el más claro ejemplo en lo que va de este gobierno de la mala administración".

Echeverría sostuvo que las decisiones del Estado deben evaluarse también por las necesidades que quedan sin atender al destinar recursos a determinadas inversiones. En ese sentido, recordó las restricciones presupuestales discutidas en el Parlamento y mencionó las carencias en edificios escolares, liceos, centros CAIF, hospitales y medicamentos.

"Cuando hablamos de administración, hablamos de no calibrar las prioridades, de no calibrar las formas, hablamos de la falta de criterio y de oportunidad, de no cuidar la institucionalidad, del derroche de dineros públicos", expresó.

El legislador consideró que esos US$ 32,5 millones podrían haberse destinado a otras necesidades del país y cuestionó que el organismo hubiera asumido un compromiso financiero de esa magnitud mientras mantenía predios de su propiedad pendientes de adjudicación.

"Cada peso cuenta, y cada decisión política cuenta, y hay que cuidar el dinero de los uruguayos", afirmó.

De 16 productores a 6 y las exigencias para acceder al proyecto
El destino previsto para María Dolores también formó parte de los cuestionamientos de Echeverría. Según señaló, la propuesta inicialmente presentada para 16 productores se redujo a 6 emprendimientos lecheros, lo que modificó sustancialmente la relación entre el costo de adquisición y el número de beneficiarios directos.

El diputado calculó que, si se distribuye el desembolso total entre las seis unidades productivas proyectadas, la inversión pública equivale a casi US$ 6 millones por unidad. A esa observación agregó las condiciones económicas que deberían reunir los futuros adjudicatarios para comenzar a producir.

Echeverría mencionó la exigencia de contar con 60 vacas en ordeñe y estimó que, a un costo aproximado de US$ 2.000 por animal, solamente el ganado demandaría US$ 120.000. Sumando maquinaria e infraestructura, calculó que la inversión necesaria podría alcanzar los US$ 200.000.

"¿Qué paisano de a pie que se presenta a un proyecto va a tener 200.000 dólares para enfrentar este tipo de responsabilidad financiera?", preguntó.

Con ese planteo, puso en discusión las posibilidades reales de acceso de los pequeños productores a una iniciativa promovida como parte de la política de colonización y fortalecimiento de la lechería familiar.

En una publicación posterior al debate parlamentario, Echeverría insistió en que aún no se había instalado ninguno de los seis productores previstos. "Gastar 32 millones y medio de dólares en una estancia para 6 productores, con las necesidades que tiene el país, es irresponsable e insensible", escribió en su cuenta de X.

La situación de las unidades lecheras proyectadas no supone, sin embargo, que María Dolores carezca de toda actividad productiva. Durante la discusión parlamentaria, el oficialismo defendió la marcha del emprendimiento y señaló que productores familiares ya reciben alimentos para su ganado elaborados en el establecimiento.

El precio de la tierra y los cuestionamientos al procedimiento de compra
En relación con el valor abonado por Colonización, Echeverría sostuvo que se pagaron aproximadamente US$ 7.400 por hectárea en una zona donde, según las cifras que manejó, el promedio se ubicaba en torno a US$ 4.400.

El diputado consideró que esa diferencia evidenciaba una decisión económicamente inconveniente, aun sin atribuir intenciones ilícitas a quienes participaron en ella.

También rechazó que el precio previamente acordado entre particulares constituyera una justificación suficiente. Recordó que el derecho de preferencia del INC le permitía intervenir en la compraventa, pero no lo obligaba a adquirir el establecimiento.

El legislador cuestionó, además, la metodología utilizada para tasar el campo, al señalar que se había recurrido a imágenes satelitales sin una evaluación presencial adecuada de sus características.

"La forma de la tasación en base a imágenes satelitales, sin conocer la tierra, sin tener estudios técnicos de verdad, eso es una forma irresponsable", sostuvo.

A partir de esas objeciones, Echeverría planteó una crítica al orden en que se adoptó y fundamentó la decisión. Según afirmó, el informe técnico incorporado al procedimiento no había sido determinante para aprobar la compra, sino que apareció posteriormente, cuando la resolución política ya estaba tomada.

Para el diputado, se intentó justificar posteriormente una operación que debía haber contado previamente con todos los elementos necesarios para evaluar su conveniencia.

La documentación técnica fue precisamente uno de los asuntos que enfrentó a los integrantes de la comisión investigadora. Mientras el informe opositor sostuvo que el documento exigido no integraba el expediente administrativo al momento de aprobarse la adquisición, el Frente Amplio atribuyó las dificultades para su incorporación al expediente electrónico a problemas informáticos y defendió la existencia de respaldo técnico para la compra.

Echeverría incorporó a sus cuestionamientos las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la disponibilidad presupuestal, las mayorías necesarias en el directorio del INC para adoptar la resolución, la situación de una prenda sobre el sistema de riego y los posibles conflictos de interés vinculados a dos integrantes del organismo que eran colonos.

A su entender, esos elementos, considerados en conjunto, comprometían la transparencia y la corrección administrativa del procedimiento.

El homenaje a Mujica y el agravio a su memoria
Echeverría dedicó el tramo final de su intervención a la vinculación de la compra con el expresidente José Mujica, fallecido en mayo de 2025, y cuestionó que el gobierno hubiera presentado la adquisición como un homenaje a su figura.

"Fue el gobierno y no nosotros quien puso ese nombre sobre esta compra", recordó.

El legislador también mencionó que el directorio de Colonización había dejado constancia, el 14 de mayo de 2025, de una referencia al homenaje al exmandatario al considerar el ofrecimiento del campo. También se refirió al anuncio del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el cortejo fúnebre de Mujica.

A su juicio, la asociación entre el homenaje y una operación administrativa posteriormente cuestionada constituyó un error político e institucional.

Echeverría señaló que, días antes, había escuchado al subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca reconocer que esa vinculación no había sido correcta, lo que valoró como un gesto de honestidad intelectual por parte de un integrante del propio gobierno.

El diputado aclaró que no pretendía cuestionar el afecto que quienes aprobaron la compra pudieran sentir hacia Mujica. Su crítica se dirigió a la utilización de ese sentimiento en una decisión que, según argumentó, debía justificarse con fundamentos técnicos, jurídicos y económicos.

"No dudo que muchos de quienes votaron aquella compra sintieran un afecto sincero por el exmandatario, y no es lo que juzgo", expresó. Pero agregó que "el afecto no es una competencia administrativa" y que "la emoción no reemplaza un informe técnico".

Echeverría sintetizó su cuestionamiento en una acusación dirigida a la forma en que el gobierno resolvió y presentó la adquisición: "María Dolores no fue un homenaje con algunas irregularidades, sino una sucesión de irregularidades a las que se le puso el nombre de un homenaje".

El legislador consideró que, lejos de honrar a Mujica, la controversia terminó por convertirse en un agravio a su memoria. Aclaró que probablemente ese no había sido el propósito de quienes impulsaron la compra, pero sostuvo que tampoco era lo que el expresidente hubiera merecido.

La interpretación del homenaje también dividió a la comisión investigadora. El informe opositor entendió que la referencia a Mujica revelaba una motivación política ajena a los cometidos de Colonización, mientras que el Frente Amplio rechazó que la compra hubiera sido aprobada como un homenaje partidario y sostuvo que las referencias al expresidente correspondían al contexto de duelo en el que se celebró la sesión del directorio.

El acuerdo que permitió enviar las actuaciones a Fiscalía
La sesión de este miércoles 11 estuvo precedida por el trabajo de la comisión investigadora que funcionó entre marzo y junio de este año y concluyó sin una posición compartida sobre la adquisición de María Dolores.

En el plenario se presentaron tres informes. El del Frente Amplio defendió la legalidad de la operación y sostuvo que no se habían encontrado elementos objetivos que acreditaran irregularidades, además de considerar que la compra estaba técnicamente fundada y respondía a los cometidos por el INC.

El documento suscrito por los partidos Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana llegó a conclusiones opuestas: denunció graves irregularidades, cuestionó la actuación del directorio y propuso remitir los antecedentes a Fiscalía, además de solicitar al Poder Ejecutivo la remoción de los directores que habían aprobado la adquisición.

Cabildo Abierto presentó una tercera posición. Rechazó la oportunidad de inversión y cuestionó las prioridades del gobierno, pero sostuvo que la investigación no había detectado indicios de corrupción ni faltas administrativas.

Como ninguno de los tres informes reunía los votos necesarios para su aprobación, las bancadas del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto acordaron una resolución sustitutiva.

El entendimiento implicó que el oficialismo aceptara remitir todas las actuaciones a la Fiscalía y que los partidos opositores que habían reclamado la remoción de los directores retiraran esa solicitud del texto final.

La resolución fue aprobada por 96 votos en 98, con el rechazo de los dos representantes de Identidad Soberana.

La documentación se incorporará a la investigación penal que ya tramita la Fiscalía de Delitos Económicos de 1.º Turno, a partir de una denuncia presentada en setiembre de 2025 por legisladores opositores.

El acuerdo permitió cerrar el tratamiento parlamentario de los informes, pero dejó sin resolver las discrepancias políticas en torno a la compra. El oficialismo mantuvo su defensa de la adquisición y de sus objetivos productivos, mientras los sectores opositores conservaron sus cuestionamientos sobre el procedimiento, el costo y la oportunidad de la inversión.

Echeverría respaldó las conclusiones críticas de la investigadora y sostuvo que las consecuencias de lo ocurrido exceden la discusión jurídica. Para el diputado por Maldonado, la responsabilidad política también debe evaluarse en función de las prioridades elegidas, los fundamentos utilizados para comprometer recursos públicos y los resultados de la decisión.






foto: debate de diputados, 11 de noviembre de 2026, Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay