Obras sin permiso: la IDM abre una ventana de 18 meses para regularizar con beneficios y tolerancias

La Intendencia de Maldonado envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto que habilita un régimen excepcional para regularizar construcciones realizadas sin permiso, con un plazo de 18 meses, así como exoneraciones de tasas y márgenes de tolerancia para los incumplimientos normativos.

El expediente —que ya ingresó a la Junta y se encuentra en la órbita de la comisión de Presupuesto antes de pasar a Legislación— plantea un cambio de escala en la forma de abordar la irregularidad edilicia en el departamento: no solo abre un período para formalizar obras existentes, sino que también incorpora flexibilizaciones y beneficios tributarios que buscan acelerar su incorporación al sistema formal.

Según el texto del proyecto, la iniciativa surge a partir de una constatación explícita de la administración: “visto la gran cantidad de consultas sobre regularización de construcciones, edificación inapropiada y solicitud de arquitecto de oficio recibidas por este Departamento, solicitamos se evalúe la posibilidad de que la aprobación de una nueva normativa contribuya a solucionar los problemas planteados” .

El régimen prevé que las obras ejecutadas sin permiso podrán regularizarse hasta el 31 de diciembre de 2025, estableciendo un plazo de 18 meses desde la entrada en vigencia del decreto para iniciar los trámites correspondientes. En ese marco, se habilita un procedimiento administrativo único que unifica instancias como la aprobación edilicia y sanitaria.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la introducción de criterios de flexibilidad para permitir construcciones que no cumplen plenamente con la normativa vigente. En particular, se contempla la posibilidad de regularizar obras aun cuando presenten excesos en los factores de ocupación del suelo (FOS), el factor de ocupación total (FOT) o la altura, siempre que dichos desvíos no superen el 20% de lo establecido. También se admiten tolerancias en otros parámetros, como los retiros o las condiciones higiénicas, cuando los incumplimientos sean menores.

El propio texto fundamenta esta orientación al señalar que el objetivo es “regularizar en forma adecuada obras en contravención, garantizando apropiadas condiciones de seguridad, salubridad e higiene” y, al mismo tiempo, “favorecer la seguridad jurídica y la incorporación de las edificaciones al catastro departamental” .

A ese esquema se suma un componente tributario relevante. El proyecto establece la exoneración de las tasas de edificación en determinados casos y prevé la suspensión provisoria de las deudas asociadas a la edificación inapropiada, con la posibilidad de su condonación definitiva una vez culminado el proceso de regularización. Además, se habilitan planes de pago con bonificaciones por cancelaciones al contado y esquemas de financiación en cuotas para las obligaciones pendientes.

El alcance del régimen no es uniforme en todo el territorio. El texto delimita zonas específicas del departamento en las que aplicarán los beneficios —incluyendo sectores de Maldonado, San Carlos, Piriápolis y balnearios— y fija condiciones adicionales, como límites de superficie para determinadas categorías de construcciones.

El proyecto también incorpora un componente social: prevé la figura del “arquitecto de oficio”, a disposición de quienes no puedan asumir los costos profesionales, con el objetivo de facilitar el acceso al régimen de regularización.

En los considerandos, la Intendencia plantea que la iniciativa busca responder a una situación extendida de edificaciones en condición irregular y que su implementación permitirá “promover el ordenamiento territorial, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la optimización de la gestión administrativa” .

En los hechos, el proyecto no se limita a abrir un período de regularización: establece un esquema que combina tolerancia normativa, incentivos económicos y simplificación administrativa para absorber construcciones fuera de regla.

La discusión en la Junta no será solo técnica, sino también sobre el alcance de esa señal en la política urbana del departamento.