Pereira cerró filas con Orsi por la camioneta mientras crece la discusión sobre el alcance de las normas anticorrupción

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, defendió este lunes la compra de la camioneta Hyundai realizada por Yamandú Orsi antes de asumir la Presidencia, sostuvo que no hubo ninguna violación ética y respaldó la posición del gobierno. Sus declaraciones llegaron mientras continúa la controversia sobre el descuento de US$ 25.000 recibido por el mandatario y después de que dirigentes de la oposición cuestionaran la interpretación jurídica de la Presidencia, invocando la Convención Interamericana contra la Corrupción, que considera funcionarios públicos también a quienes ya fueron electos para ejercer cargos estatales.

La defensa política del Frente Amplio llegó cuando la controversia por la camioneta adquirida por Yamandú Orsi ya había dejado de girar exclusivamente en torno al descuento recibido para concretar la compra. Lo que comenzó como una discusión sobre la declaración jurada y el valor del vehículo, luego pasó a la rebaja comercial cercana a los US$ 25.000 y, después, a la elección de la misma marca para transportar al presidente y la vice en la ceremonia de asunción, terminó incorporando una disputa jurídica sobre el alcance de las normas anticorrupción y sobre uno de los argumentos centrales utilizados por Presidencia para defender la legalidad de la operación.

En ese contexto, Fernando Pereira asumió este lunes la defensa más contundente realizada hasta ahora por la conducción frenteamplista. No sólo sostuvo que el presidente no incurrió en ninguna falta ética al aceptar el descuento, sino que respaldó la posición que el gobierno viene sosteniendo desde que el caso se instaló en la agenda pública y dio por saldada la discusión desde el punto de vista político.

“Le ofrecieron descuento y lo aceptó, de acuerdo a todo lo que he leído no violenta ninguna norma ética”, afirmó durante una entrevista este lunes en Doble Click de FM Del Sol. Más adelante agregó: “Creo que es un tema que, por el momento, hay que darlo por finalizado”.

Las declaraciones representan el primer respaldo institucional explícito del Frente Amplio después de varios días de cuestionamientos derivados de la investigación difundida por la periodista Patricia Madrid en Radio Carve. La información reveló que Orsi adquirió una Hyundai Santa Fe cuyo valor comercial rondaba los US$ 79.000 mediante una operación facturada por US$ 54.000, diferencia explicada desde el entorno presidencial por la existencia de un descuento cercano a US$ 25.000.

A partir de allí, la controversia se expandió a distintos planos: la magnitud de la rebaja, la diferencia entre el valor comercial y el precio documentado, la valuación presentada posteriormente ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), el uso de vehículos Hyundai durante la ceremonia de asunción y, más recientemente, la discusión sobre las normas aplicables a quien ya había sido electo presidente de la República.

Fue precisamente en este último punto donde se desató la nueva controversia.

Días atrás, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, defendió la legalidad de la operación apoyándose en dos argumentos. Lo primero fue que Orsi todavía no era funcionario público cuando concretó la compra del vehículo.

“El primero es que se trata de funcionarios públicos. Cuando Yamandú hace esa compra, no era funcionario público. Es un dato de la realidad”, sostuvo durante una entrevista en Desayunos Informales.

El segundo fue que las prohibiciones previstas por la normativa se refieren a beneficios recibidos a cambio de actos vinculados al ejercicio de la función pública.

“Lo que está prohibido es recibir un obsequio por el ejercicio de la función”, afirmó, agregando que no existe ningún elemento que permita vincular el descuento recibido por Orsi con decisiones adoptadas posteriormente por la Presidencia.

La interpretación de Díaz fue cuestionada públicamente por el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien sostuvo que Uruguay ratificó, mediante la Ley 17.008, la Convención Interamericana contra la Corrupción y que dicho instrumento considera funcionarios públicos también a quienes han sido electos para desempeñar funciones estatales.

Allí quedó planteado el núcleo de la discusión jurídica.

Mientras Presidencia sostiene que Orsi no era funcionario público al momento de recibir el descuento, pues aún no había asumido formalmente el cargo, Rodríguez entiende que la condición de presidente electo ya lo ubicaba dentro del alcance de determinadas disposiciones previstas por la Convención.

El legislador aclaró, sin embargo, que ello no implica automáticamente la existencia de una infracción.

“Alcanzado por la norma está. Lo que hay que determinar es si recibiendo una dádiva luego ejecutó de manera ilegal un acto para favorecer a un tercero”, sostuvo.

La discusión incorporó así un elemento nuevo a una controversia que originalmente se centraba en el descuento recibido al adquirir la camioneta.

Mientras esa discusión continúa abierta, Pereira decidió respaldar tanto la actuación de Orsi como los argumentos del gobierno para defenderla.

Consultado sobre uno de los aspectos más sensibles del caso —la eventual relación entre la compra privada de la camioneta y el uso de vehículos Hyundai durante la ceremonia de transmisión de mando— respondió de forma categórica.

“Sí, yo se lo puedo asegurar”, afirmó cuando se le preguntó si ambas situaciones podían desvincularse.

También rechazó que la empresa haya recibido algún beneficio a cambio de la rebaja otorgada al entonces presidente electo.

“¿Qué es lo que recibió esa empresa como parte del descuento? Nada, absolutamente nada”, sostuvo. “No hay ni priorización en la elección de ese vehículo que lo escogió una comisión, ni se favoreció esa empresa en ninguna compra ni se generó ninguna condición favorable”.

Las declaraciones se suman a las explicaciones brindadas por el propio Orsi en los últimos días.

Cuando comenzaron las preguntas sobre el valor de la camioneta y las diferencias entre las cifras manejadas públicamente y el monto efectivamente facturado, respondió que enviaría la documentación correspondiente.

“Le mando la factura, y cuando usted vea la factura ahí va a decir qué precio es; yo no dije 87”, afirmó entonces.

Durante el fin de semana volvió a referirse al tema y defendió la decisión de aceptar la rebaja ofrecida por la automotora.

“Normalmente, por lo general, cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”, respondió durante una rueda de prensa en Salto.

Pereira sostuvo que el mandatario nunca entendió que estuviera actuando fuera de los límites éticos. “Es que el presidente no entiende que se equivocó. El presidente entendió que se le ofreció algo que es legal y que no violenta la ética y lo aceptó”.

Aunque respaldó plenamente la actuación del mandatario, reconoció que el episodio terminó por generar costos políticos para el gobierno. “Con el diario del lunes uno puede decir esto no habría que haberlo hecho porque es innecesario”, admitió.

Al final de la entrevista, Pereira afirmó categóricamente que “Yamandú goza del apoyo general de la Dirección Política del Frente Amplio”.

“Esperaremos a que se exprese la JUTEP, pero también vamos a dar por terminado el tema”, sostuvo.

Hasta ahora, la defensa del caso se había centrado en las explicaciones brindadas por la Presidencia y por el propio mandatario. La intervención de Pereira incorpora el respaldo explícito de la conducción frenteamplista a la actuación de Orsi y a los argumentos utilizados para sostener que la operación no vulneró normas éticas ni jurídicas.





foto: adhocFOTOS/Javier Calvelo