Poder Judicial: jerarca denunciado por acoso laboral presentó renuncia a su cargo

El caso había tomado estado público el viernes 1º cuando el gremio de los funcionarios del Poder Judicial paró sus actividades pidiendo la remoción del Ing. Marcelo Pesce; el gremio de los magistrados también se había sumado al reclamo.

El resistido director de los servicios administrativos del Poder Judicial, el ingeniero Marcelo Pesce presentó renuncia a su cargo al caer la tarde de este lunes. El jerarca había quedado en el ojo de la tormenta luego de que el gremio de funcionarios del Poder Judicial presentó decenas de denuncias en su contra por acoso laboral.

Ahora solo falta conocer la reacción de los funcionarios que desde el viernes pasado se habían declarado en conflicto como protesta por la falta de decisión de la Suprema Corte de Justicia de despedir a este funcionario de confianza.

La crisis institucional de impensadas derivaciones había estallado en el seno del Poder Judicial luego de que cuatro de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia se negaran a despedir al director de Servicios Administrativos denunciado por acoso laboral.

La presidente del alto tribunal, Doris Morales, quedó en minoría al ser la única integrante del tribunal que se mostró a favor de remover al funcionario denunciado, el ingeniero Marcelo Pesce. Morales tampoco firmó el comunicado emitido este lunes por la Suprema Corte de Justicia sobre el tema.

El asunto, que era un secreto a voces en distintos ambientes judiciales y políticos, tomó estado público el viernes 1º cuando el gremio de los funcionarios del Poder Judicial paró sus actividades pidiendo la remoción del funcionario acusado de acoso laboral.

COMUNICADO
La medida sindical dio lugar a una serie de actuaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que fueron dadas a conocer en el comunicado del lunes.

“Ante los hechos de público conocimiento que dieron lugar al paro efectuado el día 1o de diciembre por funcionarios judiciales, se considera necesario y conveniente precisar: Que a la fecha las gremiales sólo han efectuado una denuncia genérica sin presentar pruebas concretas al respecto. Que las conductas descritas son graves y se atribuyen a personas individualizadas que cumplen funciones en la Dirección General de Servicios Administrativos, lo que determinó que la Suprema Corte de Justicia, el mismo día en que fue presentada la denuncia, dispusiera una investigación administrativa con carácter urgente aun cuando en la denuncia no se identifican cuáles son las personas afectadas.

Que toda persona, ante la acusación de haber desarrollado conductas irregulares o ilegítimas, goza del elemental derecho a ser oído y a proponer y producir prueba en su defensa”, sostuvo el citado comunicado.

“La calidad de funcionario de confianza en grado alguno le priva de tales derechos fundamentales. La Suprema Corte, como garante de todos los derechos en juego, debe adoptar las medidas administrativas conducentes y hábiles para instruir debidamente la denuncia en la búsqueda de la verdad material de los hechos. La buena administración y responsable gestión de un Poder del Estado supone adoptar decisiones ponderadas y reflexivas, con elementos de juicio suficientes para tomar la resolución que, en cada caso, corresponda. Que el Poder Judicial es garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, tanto los denunciantes como los denunciados”; agregó.

“Que la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia al disponer la realización de una investigación administrativa para determinar los hechos y las personas responsables de los mismos, así como para determinar quiénes son los funcionarios afectados, de ninguna manera implica convalidación de lo actuado por las personas denunciadas, sino que se consideran medidas indispensables para resolver los pasos a seguir. 
La Suprema Corte de Justicia dispuso una exhaustiva investigación administrativa que será llevada a cabo por un instructor absolutamente imparcial, Ministro de Tribunal de Apelaciones, con la jerarquía y experiencia funcional necesarias para llevar adelante la función encomendada, de modo de otorgar las mayores garantías a denunciantes y denunciados. Que resulta imprescindible para la eficiencia de la investigación dispuesta que los denunciantes presenten en forma precisa y concreta los hechos o conductas que denuncian, atribuyéndolos a quien corresponda, así como que se individualicen las personas afectadas”, continuó.

“
Que el Director General de los Servicios Administrativos se encuentra de licencia reglamentaria, desde antes de denunciarse estos hechos y a su reintegro se dispondrá, como medida cautelar, que preste sus funciones en lugar diferente al de la Dirección General, de manera de evitar situaciones de conflicto o interferencias inconvenientes, hasta que culmine la investigación dispuesta. 
También se dispuso el traslado de todos los denunciados durante el mismo período. Cabe resaltar que durante la licencia del Ing. Pesce se encuentra encargada de la Dirección General la subdirectora Cra. Cecilia Naya con la sub-directora Esc. Mariela De Caro”, finalizó el comunicado que no fue firmado por la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia.

Esta funcionaria se mostró partidaria de cesar al citado funcionario de confianza. “Perdió mi confianza”, dijo Morales.

JUECES
En tanto, el gremio que agrupa a los magistrados del Poder Judicial se sumó al sindicato de los funcionarios y también pidió la remoción de Pesce.

“La Asociación de Magistrados del Uruguay ve con profunda preocupación la crisis institucional que se encuentra atravesando el Poder Judicial, a raíz de los lamentables y repudiables hechos de violencia y acoso laboral denunciados por funcionarios de la Dirección General de los Servicios Administrativos”.

El comunicado de los magistrados continuó: “Sin desmedro de las máximas garantías que merece la investigación de los graves hechos denunciados respecto de los funcionarios de carreras involucrados, y en la que se deberán extremar las medidas de tutela de los denunciantes frente a los denunciados que siguen en funciones en su calidad de jerarcas, entendemos que la decisión adoptada en minoría por la presidenta de la SCJ respecto a la continuidad del director general resultaba la más acorde a las particulares circunstancias, y a la necesaria pacificación de las partes en conflicto. Lamentamos que, una vez más, la Corporación haya desaprovechado la oportunidad de generar un acercamiento más fructífero con los gremios judiciales, y en su lugar, adoptara por mayoría una tesitura intransigente. Entendemos que debe cesarse en su cargo al director general de los Servicios Administrativos”.



Correo de Punta del Este