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Uruguay avanza hacia "un nuevo modelo en seguridad pública": 92 propuestas para el plan nacional

Uruguay avanza hacia "un nuevo modelo en seguridad pública": 92 propuestas para el plan nacional

Tras un proceso participativo, el gobierno reunió 92 propuestas —de partidos políticos, sociedad civil, academia y ciudadanos— para conformar el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035 (PNSP). El plan, que aspira a reformular la política de seguridad del país con un enfoque integral y de largo plazo, será presentado oficialmente en diciembre y entrará en vigencia en 2026.

La elaboración del PNSP comenzó en julio de este año con un llamado formal al diálogo por parte del Ministerio del Interior, encabezado por Carlos Negro. El propósito era dejar atrás las respuestas fragmentadas y ad-hoc y diseñar una estrategia duradera y eficaz para enfrentar los desafíos de criminalidad y violencia.

Durante varios meses, el mecanismo —bautizado “Encuentros por Seguridad” — invitó a la participación de partidos con representación parlamentaria, instituciones del Estado, academia, organizaciones sociales, sector productivo y ciudadanía en general.

Para facilitar la participación popular, la iniciativa habilitó una plataforma digital donde cualquier ciudadano podía presentar propuestas hasta el 15 de noviembre de 2025.

92 propuestas: prioridades y desafíos estructurales
De ese proceso surgieron en total 92 propuestas que ahora serán analizadas y servirán de insumo para el diseño final del plan.

Estas iniciativas se agrupan en ocho ejes temáticos prioritarios:
* Reducción de homicidios — 7 propuestas
* Violencia de género y protección de niñas, niños y adolescentes — 23 propuestas
* Sistema de justicia criminal — 21 propuestas
* Prevención del delito y la violencia — 15 propuestas
* Narcotráfico — 12 propuestas
* Control de armas de fuego y municiones — 7 propuestas
* Ciberdelito y fraudes informáticos — 7 propuestas

Entre los puntos de consenso están la urgencia de mejorar el esclarecimiento de homicidios, fortalecer el control sobre armas, y apostar a la educación temprana y la prevención como factores clave para romper ciclos de violencia.

El conjunto de propuestas refleja "una lectura amplia y multidimensional de la seguridad", explicaron las autoridades, no solo la represión, sino la prevención, la protección de víctimas, la justicia eficiente, el control de armas, el combate al narcotráfico y el abordaje de nuevas dimensiones del delito como el ciberdelito.

¿Qué cambia respecto a políticas anteriores?
El PNSP "rompe con la tradición de medidas aisladas, actos de coyuntura o campañas policiales emergentes".

El ministro Negro dijo quel plan "diseña una estrategia con visión de mediano y largo plazo, sustentada en evidencia, diálogo social y corresponsabilidad institucional".

El jerarca lo describió como “hacer algo distinto para obtener resultados diferentes”: una política de seguridad que no se limite a la Policía, sino que involucre al Estado, la sociedad civil, la academia y actores privados.

El enfoque busca combinar dos dimensiones: la urgente —responder al incremento de delitos graves, narcotráfico, violencia y armas—, y la estructural: prevención social, reforma del sistema penal, fortalecimiento institucional, mayor coordinación territorial, protección de derechos y políticas de inclusión.

Qué sigue: "hacia un camino con plazos y compromisos"
Este lunes 8 las autoridades cerraron el ciclo de encuentros y ahora presentarán la “Síntesis de los Encuentros por Seguridad” —un documento que resume los consensos, prioridades y líneas de acción acordadas.

Luego, entre enero y marzo de 2026, se avanzará en la definición de las propuestas finales, su priorización, ajustes normativos y finalmente la formalización del plan. El PNSP 2025–2035 comenzará su fase de implementación y monitoreo en marzo de ese año.

Su éxito dependerá de la capacidad de articular políticas de prevención, control, justicia y rehabilitación. También de sostener un diálogo constante con la ciudadanía y garantizar transparencia, evaluación y rendición de cuentas —objetivos que las autoridades han comprometido desde el arranque.

Una nueva hoja de ruta: ¿puede cambiar la realidad?
El PNSP busca, se ha explicado desde el gobierno, transformar la forma en que Uruguay aborda la seguridad, "dejando atrás la reacción inmediata para instalar una política pública coherente, estratégica y democrática".

Si logra amalgamar los diversos aportes —de ciudadanos, instituciones, expertos y partidos— con una gestión eficaz, podría marcar un antes y un después.

Pero su éxito dependerá de un factor clave: la voluntad real de implementar los cambios, mantener el diálogo y evaluar resultados con transparencia.

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