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14 de abril de 1972: Fiscalía concluye que seis muertes fueron ejecuciones de agentes del Estado y archiva la causa porque los responsables murieron

14 de abril de 1972: Fiscalía concluye que seis muertes fueron ejecuciones de agentes del Estado y archiva la causa porque los responsables murieron

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad concluyó que las seis personas asesinadas el 14 de abril de 1972 en las casas de Pérez Gomar 4392 y Amazonas 1440 no murieron en enfrentamientos, como sostuvo durante décadas la versión oficial, sino en operativos de ejecución a manos de agentes del Estado y archivó la causa porque los responsables identificados ya fallecieron.

El dictamen, al que accedió Punta News, reconstruye los hechos ocurridos en ambas viviendas y establece una versión distinta de la difundida entonces por las fuerzas conjuntas. En Pérez Gomar murieron Gabriel María Schroeder Orozco, Horacio Rovira Grieco, Armando Blanco Katras y Alberto Candan Grajales. En Amazonas, las víctimas fueron Luis Martirena Fabregat e Ivette Rina Giménez Morales.

Una investigación impulsada por las familias
La causa se reabrió en setiembre de 2024, cuando Gabriela Schroeder Barredo y Damián, Esteban y Guzmán Schroeder Orozco pidieron que se investigara la muerte de Gabriel María Schroeder Orozco. Luego se sumaron Luis Grieco, por Horacio Rovira Grieco; Cristina y Graciela Blanco Katras y Lucía Elola Blanco, por Armando Blanco Katras; Irina Candan, por Alberto Candan Grajales; y Laura Martirena Gimenez, por sus padres Luis Martirena Fabregat e Ivette Rina Gimenez Morales.

La Fiscalía confirmó, además, que nunca existió una investigación exhaustiva del Estado sobre lo ocurrido y que la versión oficial hablaba de enfrentamientos sin que ningún órgano estatal los hubiera acreditado.

La conclusión forense: ejecuciones
La autopsia histórica realizada en el marco de la investigación fue determinante: estableció que todas las muertes fueron violentas e intencionales y que la mayoría de las víctimas presentaba múltiples impactos de bala en contextos compatibles con ejecuciones.

En el caso de la vivienda de la calle Amazonas, el dictamen también concluye que las muertes de Ivette Rina Giménez Morales y Luis Martirena Fabregat se produjeron en operativos de las fuerzas conjuntas compatibles con ejecución.

Quiénes fueron identificados como responsables
La investigación permitió identificar a los responsables y reconstruir una versión distinta de la sostenida durante décadas. El dictamen no solo redefine los hechos, sino que también individualiza a quienes estuvieron al frente de los operativos.

El dictamen ubica al entonces director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Víctor Castiglioni, como quien dispuso los operativos sin dar cuenta al juez de turno ni solicitar órdenes de allanamiento o detención.

Para el procedimiento en Amazonas 1440, se señala al subcomisario Hugo Campos Hermida al frente del operativo policial y al capitán Carlos Calcagno Gorlero al mando del cerco militar.

En el caso de Pérez Gomar 4392, se sitúa como responsable del operativo al capitán de fragata Jorge Nader Curbelo, a quien distintas fuentes y antecedentes documentales ubican como jefe del procedimiento.

Un archivo por muerte de los autores
Pese a las conclusiones alcanzadas —incluida la identificación de los responsables—, la Fiscalía dispuso el archivo de la causa por una razón específica: los autores de los homicidios ya fallecieron.

El propio dictamen lo establece de forma expresa: “Finalmente, se dispuso el archivo de las actuaciones dado que los autores de los homicidios se encuentran fallecidos”.

La decisión no responde a la falta de prueba ni a la imposibilidad de reconstruir los hechos, sino a la imposibilidad jurídica de avanzar penalmente en ausencia de personas vivas a las que imputar.

Un nuevo registro histórico y judicial
La resolución establece un nuevo marco de interpretación de lo ocurrido el 14 de abril de 1972.

Las muertes de Gabriel María Schroeder Orozco, Horacio Rovira Grieco, Armando Blanco Katras, Alberto Candan Grajales, Luis Martirena Fabregat e Ivette Rina Gimenez Morales quedan registradas judicialmente como ejecuciones cometidas por agentes del Estado y no como enfrentamientos.



Acceda al dictamen completo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad:

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