ASSE escala el caso Curbelo: denuncia penal, sumario y ampliación de la investigación por la gestión del Hemocentro

El Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió presentar una denuncia penal, iniciar un sumario administrativo contra el exdirector del Hemocentro Regional de Maldonado, ampliar la investigación para determinar eventuales responsabilidades de otros funcionarios y remitir las actuaciones a distintos organismos, tras concluir una investigación que detectó graves irregularidades en procedimientos vinculados a donantes con resultados serológicos reactivos. La información fue confirmada a Punta News por el director de ASSE, Gustavo Gianre.

La situación de Jorge Curbelo dio este jueves un giro de trascendencia institucional luego de que ASSE resolvió avanzar simultáneamente por las vías administrativa, penal y profesional, a partir de las conclusiones de la investigación iniciada tras su cese en abril como director del Hemocentro Regional de Maldonado.

Las resoluciones, adoptadas por el organismo y confirmadas a Punta News por el director de ASSE, Gustavo Gianre, disponen presentar una denuncia penal por los hechos investigados, iniciar un sumario administrativo al exdirector, ampliar las actuaciones para determinar eventuales responsabilidades de otros funcionarios del Hemocentro y remitir los antecedentes a los organismos competentes en función de las conclusiones alcanzadas.

La investigación administrativa, concluida el 21 de julio por la Dirección Jurídica de ASSE, centró su análisis en dos aspectos: los procedimientos aplicados en determinadas donaciones de plaquetas y, especialmente, la gestión de las denominadas consejerías a donantes cuyos análisis habían arrojado resultados serológicos reactivos.

Según surge del informe, la investigación constató que las unidades de sangre que presentaban resultados incompatibles para transfusión eran descartadas y no se utilizaban. Sin embargo, concluyó que existieron apartamientos de los procedimientos establecidos para la donación de plaquetas y, principalmente, un importante volumen de consejerías pendientes correspondientes a donantes con marcadores serológicos reactivos, una situación que, de acuerdo con ASSE, se fue agravando a lo largo de los años.

Las consejerías constituyen una instancia obligatoria mediante la cual el donante es citado en forma confidencial para ser informado de los resultados obtenidos en los estudios, recibir orientación sobre los análisis confirmatorios que correspondan, ser derivado a su prestador de salud cuando sea necesario y recibir indicaciones destinadas a prevenir riesgos para su propia salud y la de terceros.

Los marcadores serológicos reactivos pueden estar asociados, entre otras patologías, al VIH, hepatitis B, hepatitis C, enfermedad de Chagas, HTLV I/II y sífilis. La investigación sostiene que la omisión o demora prolongada en esas consejerías privó a numerosos donantes de acceder oportunamente a esa información, demorando eventuales diagnósticos, controles médicos y tratamientos, además de comprometer acciones de prevención epidemiológica.

Entre los antecedentes relevados durante la investigación figuran informes internos de 2021 y 2023 que advertían sobre la acumulación de consejerías pendientes y solicitaban la adopción de medidas para regularizar la situación. Un informe de noviembre de 2021 daba cuenta de 356 consejerías pendientes correspondientes al período 2017-2021, mientras que un relevamiento realizado este año determinó la existencia de 1.015 consejerías pendientes vinculadas a donaciones efectuadas entre 2017 y 2026.

La investigación también señala que, respecto de determinados donantes habituales de plaquetas, se había implementado una modalidad consistente en iniciar el procedimiento de aféresis antes de completar los estudios pre donación exigidos por la normativa técnica. Aunque no se acreditaron daños concretos derivados de esa práctica y las unidades que posteriormente resultaban incompatibles eran descartadas, el informe concluye que el procedimiento implicaba apartarse del modelo preventivo previsto en los protocolos vigentes.

A partir de esos hallazgos, la Dirección Jurídica entendió que los hechos podrían revestir relevancia penal, particularmente por su eventual incidencia sobre la salud pública, así como presentar implicancias desde el punto de vista de la ética profesional médica, recomendando valorar la presentación de una denuncia penal y la remisión de antecedentes al Colegio Médico del Uruguay.

El Directorio de ASSE hizo suyas esas conclusiones y resolvió presentar la denuncia penal, iniciar un sumario administrativo contra Curbelo, ampliar la investigación para establecer si existieron omisiones de otros funcionarios en relación con las irregularidades detectadas y remitir las actuaciones a los organismos competentes.

La posición que había planteado Curbelo
Las resoluciones del Directorio se conocen pocas semanas después de la comparecencia de Jorge Curbelo ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, donde defendió su gestión al frente del Hemocentro y respondió a los cuestionamientos formulados tras su cese.

En esa instancia sostuvo que durante su administración nunca se utilizó sangre que no cumpliera con los controles correspondientes, afirmó que los procedimientos técnicos eran realizados por equipos especializados y rechazó que se hubieran vulnerado los protocolos asistenciales.

Consultado específicamente sobre eventuales casos de donantes con resultados positivos que no hubieran sido informados, aseguró no tener conocimiento de una situación de esas características y sostuvo que, cuando no era posible localizar a un donante luego de varios intentos, el caso era comunicado a la autoridad sanitaria para continuar con las actuaciones previstas.

Las conclusiones de la investigación administrativa y las resoluciones ahora adoptadas por ASSE abren una nueva etapa en el caso, que deja de circunscribirse al plano administrativo y político para ingresar también en las esferas penal y disciplinaria, mientras el organismo procura determinar el alcance de las responsabilidades derivadas de las irregularidades constatadas.