Competitividad: Gobierno elimina trabas y lanza reforma para bajar costos del comercio exterior

El Poder Ejecutivo anunció un paquete de medidas para eliminar certificados, digitalizar trámites y reducir controles en el comercio exterior, junto con un proyecto de ley de competitividad e innovación que será enviado al Parlamento antes del 31 de mayo. El plan apunta a recortar costos operativos y financieros, con un ahorro anual estimado de 20 millones de dólares.

El nuevo esquema elimina la intervención previa de la DGI, sustituye la documentación en papel por sistemas electrónicos y permite diferir el pago de tributos, en una batería de decisiones que impacta directamente en los tiempos de despacho, la liquidez empresarial y los costos logísticos.

“Queremos que se transforme en ley”, afirmó el presidente Yamandú Orsi al abrir la conferencia, donde planteó el eje político de la iniciativa: corregir rigideces estructurales del Estado. “A veces aparecemos como un país lento para tomar decisiones, caro para el comercio exterior o con partes del Estado que están para dificultar más que para facilitar”, señaló. Y advirtió: “Tenemos que apuntar a un país más ágil, con menos costos y mejores controles”.

Medidas inmediatas: menos burocracia, más velocidad
El Ministro de Economía, Gabriel Odone, detalló cuatro decisiones de aplicación directa que reconfiguran la operativa del comercio exterior y reducen fricciones entre el sector público y privado:
*Fin del control previo de la DGI
Se elimina la intervención ex ante y se pasa a un control posterior, alineado con el sistema tributario doméstico. La medida alcanza unas 25.000 operaciones anuales —alrededor del 15% del comercio exterior—. “Se sustituye un trámite por una mejor coordinación entre organismos”, explicó el ministro Gabriel Oddone.

*Digitalización total de documentos
La documentación aduanera pasará a gestionarse exclusivamente en formato electrónico. Se elimina el archivo físico obligatorio, con impacto en unas 400.000 operaciones anuales y reducción de costos administrativos.
“Hay que despapelizar, bajar el exceso de trámites y eliminar redundancias que hoy no agregan valor”, sostuvo Orsi.

*Pago diferido de tributos
Las empresas podrán pagar dentro del mes del despacho sin adelantar fondos para liberar mercadería. “Esto reduce el costo financiero y permite trabajar con la mercadería antes de pagar”, indicó Oddone, al explicar que el cambio mejora la liquidez, especialmente en pymes.

*Controles por riesgo y beneficios logísticos
El canal rojo se aplicará exclusivamente en función de análisis de riesgo, reduciendo inspecciones innecesarias. Además, se eliminan precintos electrónicos en transporte ferroviario y para operadores certificados, y se acelera la devolución de tributos a exportadores de 210 a 30 días. “Se trata de usar mejor los instrumentos de control, no de controlar más”, remarcó el ministro.

Proyecto de ley: reforma estructural y apertura política
El Gobierno enviará al Parlamento un proyecto estructurado en cuatro capítulos: comercio exterior, regulación de la competencia, innovación y agilización de trámites.

Antes de su ingreso, el Ejecutivo abrió una instancia de diálogo con cámaras empresariales, sindicatos, academia y consultoras, con plazo hasta el 24 de abril para recibir propuestas.

“Queremos que esto no sea la idea de un ministro o un presidente, sino una construcción con aportes de la sociedad”, afirmó Orsi. En la misma línea, Oddone explicó que el objetivo es “que el proyecto llegue al Parlamento con discusión previa y mejor fundamento técnico”.

Cambio de enfoque: competitividad sin atajo macro
El ministro de Economía fue enfático en definir la estrategia del Gobierno. “La mejora de la competitividad no puede venir de la política macroeconómica. El tipo de cambio no es la variable, porque es inefectivo y tiene consecuencias sobre la inflación y el ingreso”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que el camino es intervenir sobre distorsiones concretas: “Hay sectores donde la formación de precios no es adecuada y donde los trámites complejizan el accionar del sector privado”.

También advirtió que algunas regulaciones generan efectos no deseados. “Hay prácticas, como la distribución exclusiva, que no tienen justificación en muchos casos y terminan afectando la competencia y los precios”, explicó.

Las estimaciones oficiales indican que el conjunto de medidas permitirá un ahorro cercano a los 20 millones de dólares anuales en operaciones de comercio exterior, producto de menores costos de gestión, logística y financiamiento.

Señal política: urgencia y cambio de rol del Estado
Orsi planteó que la iniciativa busca instalar una discusión de fondo en el sistema político y acelerar la toma de decisiones en un contexto global exigente. “El mundo no nos espera. Si no nos ponemos a tiro como Estado y dejamos de ser, entre comillas, una máquina de impedir, vamos a perder oportunidades”, advirtió.

El presidente sostuvo que el desafío es redefinir el vínculo entre el Estado y la actividad económica. “Tenemos que transformarnos en un socio del que quiere invertir, producir y generar empleo”, afirmó.

Y cerró con el objetivo de fondo: “Hay un país que espera que resolvamos los problemas de ingresos y trabajo. Para eso, innovar y mejorar la competitividad no es una opción, es una necesidad”.

La agenda presentada marca el inicio de una estrategia más amplia que el Gobierno continuará desarrollando en áreas como la logística, la energía y el mercado laboral, en paralelo al tratamiento legislativo del proyecto.


Vea la conferencia del presidente Orsi y del ministro Oddone: