Echeverría marca contradicción del gobierno por eventual liberación de presos

La directora del INR, Ana Juanche, estimó en Canal 5 que una eventual reforma del Código del Proceso Penal podría implicar más de 2.000 liberaciones en un año. El diputado Diego Echeverría difundió esa definición y la contrastó con lo sostenido por el oficialismo durante la interpelación en el Senado.

El dato introduce un punto concreto en una discusión que hasta ahora se había desarrollado en el plano político.

“Son más de 2.000 personas… o sea que sí va a haber liberación de presos”, afirmó Juanche al estimar que el impacto podría alcanzar aproximadamente el 15% de una población carcelaria cercana a las 17.000 personas.

La cifra entra en tensión directa con lo planteado días atrás en el Senado, donde el oficialismo evitó validar que la reforma derivaría en excarcelaciones, pese a los cuestionamientos reiterados del senador Pedro Bordaberry.

Desde el sistema penitenciario, sin embargo, la evaluación técnica reconoce un efecto, aunque acotado en su alcance.

Juanche señaló que los delitos más graves —como homicidios y delitos sexuales— representan una proporción menor del total, lo que sitúa el eventual impacto principalmente en delitos de menor lesividad. En particular, dentro del universo de delitos contra la propiedad, donde se concentran los hurtos, las rapiñas y las tentativas.

También indicó que existe un porcentaje significativo de personas con penas cortas —inferiores a 24 meses— vinculadas a conductas reiteradas, un segmento que podría verse directamente alcanzado por los cambios en discusión.

Al mismo tiempo, precisó que no corresponde atribuir al Ministerio del Interior la decisión de liberar presos, ya que cualquier efecto en ese sentido dependerá de la aprobación parlamentaria de la reforma y de su aplicación por parte del Poder Judicial.

Ese encuadre no elimina el punto de fondo.

Con una estimación concreta sobre la mesa, el eje del debate cambia: ya no se trata de una hipótesis política, sino de un impacto cuantificado por el propio sistema penitenciario.

En ese contexto, Echeverría tomó la definición y la puso en el centro de la discusión pública. En su planteo, advirtió sobre un doble efecto —personas que podrían recuperar la libertad y otras que no ingresarían al sistema— y cuestionó el mensaje que, a su entender, se transmite a la Policía.

La línea se inscribe en una agenda que el diputado viene sosteniendo en materia de seguridad, con énfasis en el endurecimiento de la respuesta penal y en la necesidad de reforzar el accionar policial, postura que ya había expuesto en su planteo de “blindaje” frente al delito.

Con ese dato instalado, la discusión pasa a otro plano: la magnitud real del impacto, los criterios bajo los cuales se produciría y sus efectos sobre el sistema penal y la seguridad pública.