Seguridad: cifra del INR expone contradicción del gobierno sobre liberaciones

La directora del INR, Ana Juanche, estimó en Canal 5 que una eventual reforma del Código del Proceso Penal podría implicar más de 2.000 liberaciones en un año. Desde la oposición, el diputado colorado por Maldonado, Gabriel Gurméndez, vinculó ese escenario con el concepto de “desprisionalización” incluido en el programa del Frente Amplio. El senador nacionalista por Maldonado, Rodrigo Blás, ya había cuestionado ese enfoque durante la interpelación en el Senado.

La estimación consolidó un eje político que ya comenzaba a instalarse en torno a la reforma del Código del Proceso Penal.

Durante la interpelación al ministro del Interior en el Senado, el legislador nacionalista por Maldonado, Rodrigo Blás, cuestionó la orientación de la política penal y advirtió sobre el concepto de “desprisionalización” como parte de una visión que, a su entender, debilita la respuesta frente al delito. “Tenemos la obligación de decir que no compartimos la desprisionalización como enfoque y de advertir que no se recorra ese camino”, sostuvo.

El planteo se apoyó en una defensa explícita del papel de la prisión como herramienta central de la política de seguridad. “Mientras está preso, no roba, no viola, no mata”, afirmó en ese marco.

Con la cifra aportada por el INR, ese eje pasó a tener una dimensión concreta en la discusión pública.

“Son más de 2.000 personas… o sea que sí va a haber liberación de presos”, señaló en Canal 5 la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, al estimar que el impacto podría alcanzar aproximadamente el 15% de una población carcelaria cercana a las 17.000 personas.

En paralelo, distintos dirigentes de la oposición tomaron esos dichos y reforzaron el señalamiento sobre el efecto concreto de la reforma.

El diputado Diego Echeverría señaló una contradicción entre lo afirmado por el ministro Carlos Negro durante la interpelación en el Senado y la estimación realizada por la directora del INR en la entrevista en Canal 5.

Pero en las últimas horas, el eje sumó una dimensión adicional.

El diputado colorado por Maldonado, Gabriel Gurméndez, sostuvo que la cifra “confirma” que habrá una liberación de presos. “Van a liberar presos. Más de 2000. No lo dice sólo Bordaberry, lo dice la propia directora de cárceles”, afirmó.

Pero su planteo no se limitó a la coyuntura. El legislador retomó una advertencia que había hecho hace dos años, en el marco de la campaña interna, cuando cuestionó el concepto de “desprisionalización” incluido en el programa del Frente Amplio.

“‘Desprisionalización’. Curiosa palabra. (…) La foto está completa: ¡van por la liberación de los presos!”, había señalado entonces.

Al recuperar ese planteo, Gurméndez busca inscribir la discusión actual en una línea de continuidad, vinculando la reforma en debate con definiciones programáticas previas del oficialismo.

Ese encuadre introduce una dimensión distinta al debate.

Según informó El País, las declaraciones de Juanche generaron sorpresa en sectores del oficialismo, un contraste que se superpone con estos señalamientos y reabre la discusión sobre el alcance real de la reforma.

Mientras el gobierno ha planteado los cambios como un ajuste técnico del sistema procesal —con herramientas orientadas a descomprimir la población carcelaria—, desde la oposición el foco se desplaza hacia el impacto concreto de esas medidas y el mensaje que podrían implicar en materia de seguridad.

La propia Juanche había introducido un matiz institucional: señaló que no corresponde atribuir al Ministerio del Interior la decisión de liberar presos, ya que cualquier efecto dependerá de la aprobación parlamentaria de la reforma y de la evaluación caso por caso por parte del Poder Judicial.

Ese matiz no ha modificado la lectura política del dato.

Con una estimación concreta sobre la mesa y con antecedentes ya planteados en el Senado y en el propio programa de gobierno, el eje del debate queda reconfigurado: ya no se discute solo la intención de la reforma, sino su impacto real en el sistema penal y en la seguridad pública.