Descuento a Orsi: Díaz defendió la legalidad, pero se apartó del juicio ético

El prosecretario de Presidencia sostuvo que la compra de la camioneta está “ajustada al Código de Ética Pública” porque Orsi no era funcionario público al momento de la operación y porque, según dijo, no hay demostración de un acto de función asociado al beneficio. Pero cuando el equipo de Desayunos Informales pasó al terreno de la “ética política”, evitó pronunciarse sobre si correspondía aceptar el descuento de US$ 25.000 y afirmó que esa valoración quedará en manos de la ciudadanía y de las explicaciones del presidente.

Jorge Díaz expuso este jueves la posición del gobierno sobre la polémica generada por el descuento aplicado a Yamandú Orsi en la compra de su camioneta. El prosecretario de Presidencia defendió que, según su lectura, el episodio no configura una vulneración del Código de Ética Pública, pero evitó pronunciarse sobre la valoración ética y política de la aceptación del beneficio.

La explicación fue dada durante una entrevista en Desayunos Informales, de Canal 12, en la que Díaz separó dos asuntos que quedaron vinculados en la discusión pública: el préstamo de vehículos para la ceremonia de asunción presidencial y la compra particular de la camioneta por parte de Orsi, con un descuento de US$ 25.000 otorgado por la automotora.

“Yo los estaba escuchando con atención porque no es un tema en el cual haya participado en mi condición de prosecretario”, aclaró Díaz al comienzo del intercambio. Dijo que en ese momento ya estaba designado, pero todavía no había asumido, y explicó que “todo el protocolo de la asunción presidencial lo organiza Cancillería”.

Sobre los vehículos utilizados el día de la asunción, sostuvo que la información que maneja indica que fueron prestados para esa ocasión y luego devueltos a la empresa. Mencionó, como respaldo inicial, información publicada por El País el 1.º de marzo, en la que, según dijo, se recogen declaraciones de Alejandro “Pacha” Sánchez, de Mario Lubetkin y de la empresa Fidocar sobre el uso de esos vehículos durante la ceremonia presidencial.

Díaz recordó que ya hubo un pedido de informes al comienzo del gobierno sobre ese mismo tema y señaló que la Presidencia volverá a responder a la solicitud anunciada por el diputado Felipe Schipani. “Ahora veo que se va a hacer un nuevo pedido de informes. Con muchísimo gusto”, dijo.

El prosecretario agregó que ese planteo será contestado “como ya contestamos un informe de las mismas características apenas comenzado el período de gobierno”. En ese marco, vinculó la respuesta oficial con la obligación de aclarar el proceso seguido para la selección de los vehículos utilizados durante la asunción.

“En estas cuestiones de transparencia y de ética pública hay que ser absolutamente claros, categóricos y contundentes”, afirmó. También sostuvo que la respuesta deberá incorporar documentación, informes técnicos y fechas relativas al procedimiento que derivó en el uso de esos autos durante la ceremonia presidencial.

“La información que yo tengo es esa, si bien no he tenido a la vista la documentación, pero se me informa de que hay un informe técnico incluso en ese sentido, de por qué ese vehículo y no otro”, señaló.

Cuando la entrevista pasó del uso de vehículos en la asunción presidencial a la compra particular de la camioneta, Díaz delimitó dos planos distintos. Sobre el primer punto, dijo que la Presidencia puede responder con documentación, informes técnicos y fechas del proceso de selección de los autos utilizados en la ceremonia. Sobre el segundo, marcó distancia: señaló que no participó en esa operación y que las explicaciones sobre el precio pagado y los descuentos aplicados corresponden al propio presidente.

“Respecto al tema de la compra del ciudadano Yamandú Orsi de un vehículo y el precio que pagó y los descuentos que se aplicaron, eso yo creo que es un tema que lo debe responder, y de hecho lo ha hecho, el presidente de la República”, afirmó. “No soy yo la persona indicada para hacerlo porque es un negocio en el cual tampoco participé”, agregó.

El planteo fue seguido de una precisión por parte del panel de periodistas: la discusión no se limitaba a la existencia de la factura, sino a la aceptación de un beneficio de US$ 25.000 por parte de quien ya había sido electo presidente. También se citó el artículo de la normativa ética que prohíbe solicitar o recibir obsequios, gratificaciones, comisiones, recompensas, honorarios, ventajas o beneficios de terceros por actos específicos de la función pública.

Díaz respondió desde el terreno jurídico. “Ahí voy a ser abogado del diablo”, dijo, antes de sostener que quienes aplican ese artículo al caso concreto cometen, a su juicio, dos errores.

“El primero es que se trata de funcionarios públicos. Cuando Yamandú hace esa compra, no era funcionario público. Es un dato de la realidad”, afirmó.

Ante la observación de que la operación se realizó cuando Orsi ya era presidente electo y a una semana de asumir, Díaz insistió en que respondía desde el plano legal. “Tú me preguntás la cuestión legal; yo te contesto la cuestión legal. La cuestión ética es otra cosa”, dijo.

El segundo argumento del prosecretario fue que la prohibición legal se refiere a beneficios otorgados por actos vinculados al ejercicio de la función pública. “Lo que está prohibido es recibir un obsequio por el ejercicio de actos de la función”, sostuvo.

En ese marco, afirmó que no conoce elementos que vinculen el descuento recibido por Orsi con una decisión posterior como presidente. “Hasta donde yo sé no hay absolutamente ninguna demostración de que Yamandú haya realizado, aun luego de asumir, algún acto en el ejercicio de su función por el cual se le haya hecho ese obsequio”, dijo.

La entrevista volvió entonces a la posible relación entre la elección de los vehículos para la asunción y el descuento aplicado en la compra privada. Díaz respondió que ese punto deberá quedar documentado en la respuesta de Presidencia al pedido de informes.

“Eso va a quedar claramente demostrado una vez que se agregue la documentación”, dijo. Según el prosecretario, se incorporarán “los informes técnicos y las fechas en las cuales se hicieron los respectivos informes”.

Luego negó que ambos episodios estuvieran vinculados entre sí. “No tiene nada que ver una cosa con la otra”, afirmó. Para Díaz, se trata de “procesos en paralelo” que, según sostuvo, no guardan relación entre sí.

El prosecretario insistió en que el camino institucional es debatir el tema, recibir el pedido de informes y contestarlo con la documentación correspondiente. “Me parece muy importante que el tema se debata, que se pidan informes, que se contesten los informes, porque creo que eso hace a la transparencia y a la ética pública”, afirmó.

“Me parece que es clave que esto quede absolutamente claro, negro sobre blanco, porque es lo que corresponde”, agregó.

Cuando la consulta pasó de la legalidad del descuento a la valoración ética de su aceptación, Díaz evitó pronunciarse sobre si correspondía que un presidente electo recibiera un beneficio de esa magnitud. “Ahí entramos en un terreno de la ética política”, respondió. En ese punto aclaró que no es “experto en ética” y no asumió una evaluación personal sobre la decisión de Orsi.

“Es un tema que cada uno de los ciudadanos evaluará y juzgará y el presidente dará en su momento las explicaciones de por qué él entendió que sí, que correspondía”, sostuvo.

Díaz también dijo que prefería no hacer una afirmación más amplia sin tener toda la documentación a la vista. “Ustedes me conocen: tengo virtudes y defectos, pero siempre soy claro y contundente, y cuando doy una respuesta me gusta estar documentado y decir: esto es así, por esto, esto y esto”, señaló.

Aclaró que, en este caso, cuenta con información de fuente abierta y con otra “de naturaleza agregada”, pero no con toda la documentación. Por eso sostuvo que la respuesta formal al pedido parlamentario será el ámbito adecuado para incorporar los elementos técnicos.

El intercambio también abordó por qué un presidente electo puede acceder a un descuento de US$ 25.000, mientras que una persona común no recibe un beneficio de esa magnitud. Díaz ubicó esa explicación en la política comercial de la empresa.

“Las relaciones comerciales las manejan las empresas”, sostuvo. Dijo que las compañías realizan valoraciones internas al aplicar descuentos y que eso no ocurre solo con personas públicas vinculadas a la política, sino también con otros perfiles conocidos o relevantes desde el punto de vista comercial.

Según Díaz, una empresa puede considerar que determinados descuentos formen parte de una estrategia de promoción. “Pero eso es un tema de política empresarial en el cual no corresponde que me meta”, afirmó.

Más adelante, ante la insistencia sobre la magnitud del beneficio, agregó: “Estaría bueno que la empresa aclarara su política comercial”.

La entrevista retomó la pregunta sobre la aceptación del descuento. Uno de los periodistas le preguntó si él, en caso de ser presidente electo, habría aceptado un beneficio de US$ 25.000 en un auto. Díaz evitó responder en términos hipotéticos.

“Es una hipótesis imposible porque nunca fui presidente electo, ni siquiera candidato”, dijo. Agregó que, a lo largo de su vida, ha comprado distintos bienes y que “en general” los pagó “a valor de mercado”, aunque admitió que en algunas ocasiones las empresas pueden aplicar descuentos por tratarse de clientes habituales.

Cuando se le planteó que no es lo mismo recibir un descuento como ciudadano que hacerlo como presidente o como jerarca público, Díaz mantuvo la misma línea. “No me puedo poner en el rango de presidente electo porque no me imagino en esa categoría”, respondió.

El tramo final del intercambio volvió a centrarse en la diferencia entre la defensa jurídica y la valoración ética. Díaz no afirmó que la dimensión ética estuviera saldada ni asumió una defensa política de la aceptación del descuento. Lo que sostuvo fue que, a su juicio, el caso no vulnera el Código de Ética Pública.

Cuando le preguntaron si defendía que el presidente hubiera aceptado ese beneficio, respondió: “Yo digo que está ajustado al Código de Ética Pública”.

Para la Presidencia, el caso deberá ordenarse ahora con documentación sobre los vehículos de la asunción, informes técnicos y fechas que permitan separar ese episodio de la compra privada de Orsi.

La explicación ética sobre la aceptación del descuento quedó en otro plano: Díaz la remitió a la evaluación ciudadana y a las explicaciones que, según dijo, deberá dar el propio presidente.




foto: Jorge Díaz; captura pantalla Canal 12, Desayunos Informales